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12 ESPAÑA La vertebración de España s Los recursos a los estatutos en el TC VIERNES 14 s 12 s 2007 ABC PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Guillermo Jiménez Sánchez (Vicepresidente) Almadén (Ciudad Real) 1940. Catedrático de Derecho Mercantil Nombrado a propuesta del Senado Ramón Rodríguez Arribas Madrid, 1934. Magistrado del Tribunal Supremo Nombrado a propuesta del CGPJ María Emilia Casas Baamonde (Presidenta) Monforte de Lemos (Lugo) 1950 Catedrática de Derecho del Trabajo Nombrada a propuesta del Senado Manuel Aragón Reyes Benamejí (Córdoba) 1944. Catedrático de Derecho Constitucional Nombrado a propuesta del Gobierno Vicente Conde Martín de Hijas Toledo, 1940. Magistrado del Tribunal Supremo Nombrado a propuesta del Senado Eugeni Gay Montalvo Barcelona, 1946. Abogado Nombrado a propuesta del Congreso Elisa Pérez Vera Granada, 1940. Catedrática de Derecho Internacional Privado Nombrada a propuesta Sí del Congreso Sí Sí Sí NO NO Sí NO NO NO Roberto García- Calvo y Montiel La Bañeza (León) 1942. Magistrado del Tribunal Supremo Nombrado a propuesta del Congreso 7 Sí A favor de la constitucional idad del Estatuto Valenciano Sí Javier Delgado Barrio Barbastro (Huesca) 1932. Magistrado del Tribunal Supremo Nombrado a propuesta del Congreso 5 NO En contra Jorge Rodríguez- Zapata Pérez Montevideo (Uruguay) 1948. Letrado Mayor del Consejo de Estado Nombrado a propuesta del Senado ABC Fernando Rubio Sí Pablo Pérez Tremps Madrid, 1956. Catedrático de Derecho Constitucional Pascual Sala Sánchez Valencia, 1935. Magistrado del Tribunal Supremo Nombrado a propuesta del CGPJ Las recusaciones en el TC rompieron un pacto unánime sobre el Estatuto valenciano La actual pugna interna quebró el consenso y abre ahora la puerta a una sentencia sólo interpretativa sobre el catalán N. VILLANUEVA MADRID. El TC volvió a dar ayer luz verde al Estatuto valenciano al rechazar el recurso que contra uno de sus artículos interpuso Castilla- La Mancha. La votación fue un calco de la llevada a cabo veinticuatro horas antes, cuando siete de los vocales (seis de ellos próximos al sector progresista y uno conservador, Guillermo Jiménez) votaron a favor de la inadmisión a trámite del recurso de Aragón contra ese mismo precepto, que reivindica las aguas procedentes del Ebro proclamando que los valencianos tienen derecho al agua de las cuencas excedentarias. Los cinco conservadores que el día anterior anunciaron votos particulares contra la decisión de la mayoría (Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Roberto García- Calvo, Jorge Rodríguez- Zapata y Ramón Rodríguez Arribas) volvieron a anticiparlos ayer con ocasión del nuevo aval al texto valenciano. La guerra de recusaciones emprendida por el Gobierno y el PP contra cinco magistrados del TC (tres próximos al sector progresista y dos próximos al conservador) con motivo del recurso presentado por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) ha marcado un antes y un después en las relaciones entre los doce magistrados que conforman el Pleno de este órgano. Según ha podido saber ABC, antes de que todo esto sucediera había cierta unanimidad entre los vocales para redactar una ponencia en la que se declaraba la constitucionalidad del Estatuto valenciano. Eso sí, en ella se dejaba claro que el derecho sobre el agua no era un derecho exclusivo de los ciudadanos valencianos, sino que se ajustaba a la Constitución y, por tanto, no atentaba contra los principios de solidaridad e igualdad de oportunidades de todos los españoles. No lo reconocía, por tanto, como un derecho subjetivo sólo de los valencianos, que hubiera podido quebrar los principios de igualdad y solidaridad. Sin embargo, y a raíz del clima de tensión derivado de las impugnaciones del PP y del Gobierno (las primeras fueron rechazadas de plano y las segundas admitidas a trámite) las posturas se han extremado de tal forma que ese disenso se ha extrapolado tanto a las argumentaciones de las sentencias que se notificarán en los próximos días resolviendo los recursos presentados por Aragón y Castilla- La Mancha contra el artículo 17.1 del texto valenciano, como en los votos particulares anunciados por cinco de los seis magistrados del sector conservador: los que votaron en contra de la constitucionalidad del Estatuto valenciano, consensuado en su momento entre los grandes partidos. La falta de acuerdo entre ambos bloques de magistrados ha llegado hasta el punto de que los vocales conservadores, que en un primer momento estaban de acuerdo con proclamar la constitucionalidad del Estatuto- -eso sí, dejando claro que el artículo en cuestión no era un derecho exclusivo de los valencianos- no se han limitado a anunciar un voto concurrente (que implicaría estar de acuerdo con la inadmisión de los recursos pero no con los argumentos jurídicos con los que se ha llegado al fallo) sino que emitirán votos particulares en los que expondrán sus discrepancias con la mayoría acerca de la constitucionalidad del texto que avalan. Consideran que se ha llegado demasiado lejos en la doctrina general y se crea un mal precedente respecto a los textos que el TC todavía tiene que analizar. Como telón de fondo de esta decisión está el riesgo de que el reconocimiento de lo que lo que previsiblemente el sector progresista interpretará en su resolución como un derecho concreto de los valencianos, siente precedente respecto al Estatuto de Cataluña (y otros, como el andaluz) cuya trascendencia es innegable (al recoger con detalle los derechos de los ciudadanos catalanes) y cuantitativamente mayor (150 artículos recurridos) En definitiva, lo que está en juego es el debate de los techos competenciales autonómicos, permitir o no que las comunidades autónomas puedan proclamar derechos concretos de sus ciudadanos, quebrando así el principio de igualdad. Las fuentes antes citadas recuerdan que una cosa son los mandatos legislativos dirigidos al ámbito autonómico siempre sujetos a la Carta Magna y a las leyes, y otra bien distinta es la creación de una carta de derechos objetivos, como es el caso del catalán, que no incluye al resto de los españoles. Principio de igualdad El acuerdo era claro: el Estatuto es constitucional, pero la invocación del agua no es un derecho exclusivo