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4 OPINIÓN JUEVES 13 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro INMIGRANTES MUSULMANES EN ESPAÑA L DIPLOMACIA DE ALTURA EN EL ELÍSEO E acuerdo con el artículo 56 de la Constitución, el Rey asume- -entre otras tareas- la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales en particular respecto de las naciones de nuestra comunidad histórica. Se ha dicho con razón que, en el ejercicio de esta función constitucional, Don Juan Carlos es el mejor embajador y el principal activo de la política exterior de España. Ayer se pudo comprobar una vez más a propósito del almuerzo celebrado en el palacio del Elíseo de París, en el que Nicolas Sarkozy ejerció de anfitrión, acompañado por sus ministros de Asuntos Exteriores y de Interior. Don Juan Carlos, a quien acompañaba el ministro Miguel Ángel Moratinos, fue recibido con la máxima cordialidad por el presidente de la República Francesa en una nueva muestra del momento, muy positivo, que viven las relaciones bilaterales desde el triunfo electoral de Sarkozy. La lucha conjunta contra el terrorismo de ETA y el reconocimiento a la eficacia policial en la detención de los presuntos autores del doble asesinato de Capbreton fueron aspectos esenciales en una reunión que permitió también repasar las cuestiones más relevantes de la actualidad internacional, incluidas el último zarpazo del integrismo islámico en Argelia o el futuro de Kosovo. Este tipo de encuentros merece una valoración muy positiva, puesto que permiten intercambiar puntos de vista y estrechar lazos personales en un ambiente menos rígido y protocolario del que es habitual entre jefes de Estado y otros responsables de las relaciones internacionales. Don Juan Carlos cumple ejemplarmente todas las funciones que le atribuye la Constitución. Entre ellas debe otorgarse especial prevalencia a la que supone transmitir en todo el mundo una imagen atractiva y moderna de un país que ocupa, ya para siempre, el lugar que le corresponde. Como es notorio, el Rey y el conjunto de la Familia Real gozan de un notable prestigio y reconocimiento que redunda en beneficio de todos los españoles. Ha habido épocas mejores y peores para la proyección internacional de Espa- D ña, porque no todos los gobiernos saben jugar con inteligencia las bazas que nos otorga una sólida realidad socioeconómica, con empresas pujantes, una cultura de máxima nivel y una lengua de referencia a escala universal, pero, por encima de las coyunturas, Don Juan Carlos ha estado y sigue estando en el sitio que le corresponde, en defensa de los intereses permanentes del Estado y de la nación, que no se deben confundir con las opciones- -a veces erróneas- -que adopta el Ejecutivo de turno. A lo largo de su reinado, el Monarca ha sabido dejar huella en el difícil terreno de las relaciones entre los Estados, a partir de un firme compromiso con la democracia y la libertad que configuran las señas de identidad de los países más prósperos y avanzados. Hay datos bien conocidos y otros que permanecen todavía bajo la reserva imprescindible en estos asuntos, pero siempre orientados en el mismo sentido: el Rey desempeña un papel determinante para reforzar la posición de España en un mundo globalizado y altamente competitivo en el que nadie regala nada. Muchos políticos y empresarios son conscientes de que Don Juan Carlos llega a donde otros no consiguen llegar en el ejercicio de una labor discreta y eficaz, puesta siempre al servicio objetivo del interés general. La campaña antimonárquica sostenida desde diferentes extremismos está destinada al más rotundo fracaso, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene las ideas muy claras al respecto. Una serie de acontecimientos recientes, incluido el ya famoso ¿por qué no te callas? ha reforzado el liderazgo moral que nuestro Rey ejerce en muchos ámbitos políticos y sociales. En el plano interno, las visitas a Ceuta y Melilla son fiel reflejo de la reacción entusiasta de los españoles ante el significado histórico de la presencia en dichas ciudades de Don Juan Carlos y Doña Sofía. Ni la protesta en la calle de pequeños grupos marginales ni las voces histriónicas que se atribuyen una representación que no les corresponden pueden enturbiar la opinión generalizada de la sociedad española. CAE EL TABÚ DEL ABORTO A comunidad de Madrid ha ordenado el cierre cautelar de un centro médico de la capital en el que supuestamente se estarían practicando abortos ilegales con características similares a los de la red de clínicas abortistas desmantelada en Barcelona. Estaríamos así ante un nuevo caso de falsificación de informes médicos, de intrusismo profesional y, en general, de incumplimiento de las condiciones legales para practicar abortos. Poco a poco se está descorriendo el velo sobre la trágica realidad de la práctica abortista en España, que ha aprovechado la inconsistencia de la ley de despenalización del aborto para implantar un auténtico aborto libre, protegido por la pasividad de las administraciones públicas y el silencio cómplice de los partidos políticos, atrapados por esa ideología abortista trufada de tópicos y de estigmas contra todo aquel que ose levantar la voz en defensa de la vida del no nacido. En estos casos, lo que se está planteando, para tranquilidad de quienes siempre ven oscuras tramas confesionales en la oposición al aborto, es una mera cuestión de legalidad penal, porque, hay que insistir en lo obvio, el aborto en España es un delito contra la vida que está disculpado en tres supuestos o indicaciones: embarazo por violación, taras físicas o psíquicas del feto o riesgos de este tipo para la madre. Es un acierto que la Fiscalía de Barcelona y un juzgado L de Instrucción de esta capital y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid hayan roto el tabú del aborto ilegal en España, y lo que debería suceder es, por un lado, que el ejemplo cundiera en todas las comunidades autónomas para que pusieran en marcha sus servicios de inspección médica, y, por otro, que la Fiscalía General del Estado respaldara explícitamente la actuación de la Fiscalía catalana y ordenara a todas las fiscalías abrir investigaciones propias para llevar la práctica ilegal del aborto ante los tribunales. Por desgracia, el desmesurado número anual de abortos en España permite presumir fundadamente que hay un muy alto porcentaje de interrupciones ilegales del embarazo. Hasta en el extranjero lo saben y, por eso, España se ha ganado fama de que aquí no hay problema para abortar en cualquier momento incluso, en el colmo de la bestialidad, a fetos de más de ocho meses. La causa de esta vulneración masiva de la ley es doble: el abuso fraudulento de la excusa del riesgo para la salud psíquica de la madre, supuesto legal tan ambiguo que sirve de tapadera para un verdadero aborto incondicional, y la doble moral de amplios sectores sociales, opuestos mayoritariamente a una ley que reconozca el aborto libre, pero al mismo tiempo conscientemente tolerante con un aborto industrializado- -y muy lucrativo- -que cada año se cobra en España 100.000 vidas. OS datos que acaban de hacerse públicos sobre la percepción que tienen los inmigrantes de origen musulmán resultan ciertamente alentadores, ya que muestran que se sienten más cómodos e integrados viviendo en España de lo que muchos españoles creen. De estos datos, el Ministerio del Interior deduce, tal vez de forma un tanto voluntarista, que el conjunto de los residentes de origen islámico forma un colectivo tolerante y totalmente integrado en nuestros valores constitucionales algo que merece no pocas matizaciones. Siendo tan reciente para España el fenómeno de la inmigración, no es conveniente sacar conclusiones precipitadas. Sólo mirando lo que sucede en países de nuestro entorno con mucha más experiencia, como Francia, Gran Bretaña u Holanda, bastaría para ser más prudentes y no bajar la guardia en las políticas más activas de fomento de la integración a largo plazo. El Gobierno tiene mucho que hacer aún para asegurarse que en España no acaben reproduciéndose los fenómenos registrados en las barriadas de las grandes ciudades francesas, porque los problemas sociales de los musulmanes se producen incluso en el caso de las generaciones nacidas ya en Europa. Con el objetivo de favorecer una integración auténtica, es necesario que la sociedad de acogida sea lo más clara posible en la defensa y la promoción de sus valores sociales y éticos fundamentales para que también los recién llegados se sientan animados a respetarlos. Si el 90 por ciento de los encuestados dice que el islam es compatible con la democracia, los Derechos Humanos y la laicidad del Estado, deberíamos deducir que saben perfectamente, por ejemplo, que no se pueden imponer los matrimonios forzosos, ni indumentarias determinadas a sus mujeres, ni- -mucho menos- -pretender aplicar al resto de la sociedad políticas de segregación que pueden ser normales en sus países de origen. La experiencia demuestra que el multiculturalismo, es decir, la mera adición de costumbres exógenas a las que se atribuye un valor equivalente, casi nunca ha servido para crear sociedades estables, sino compartimentos estancos. El hecho de que haya un 5 por ciento de los musulmanes residentes en España que reconoce apoyar el radicalismo islamista significa que el colectivo se comporta en este campo más o menos como en el resto de Europa. Afortunadamente, sólo una ínfima parte de ellos sería capaz de cometer actos terroristas, y aunque la experiencia también demuestra que algunos los cometen, no sería justo culpar al colectivo. En este campo, por desgracia, nuestra capacidad de influencia es limitada y la única solución posible ante el integrismo violento debe provenir del seno del propio mundo islámico. Mientras tanto, incluso si queremos ayudarles a comprenderlo mejor, estamos obligados a hacer una defensa a ultranza de nuestros valores como mejor medio de garantizar la cohesión social.