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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 12 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro SE RETRATA EL PSOE E OCURRENCIAS CON LAS ELÉCTRICAS ACE un año, el ministro de Industria anunció solemnemente en el Congreso de los Diputados que las tarifas eléctricas se ajustarían trimestralmente de manera automática en función de la evolución de la inflación, como sucede en los países europeos más transparentes y atractivos para la inversión extranjera. Pero eso era entonces. Ahora estamos en plena campaña electoral y la inflación se ha desbordado por encima de todas las previsiones oficiales. El ministro Joan Clos se contradice a sí mismo y decreta una subida anual del recibo de la luz para consumidores domésticos e industriales del 3,3 por ciento, muy por debajo del 4,1 del IPC de noviembre. Esta es la credibilidad que merecen los anuncios del Gobierno cuando entran en juego los intereses electorales del Partido Socialista. Este es el respeto que el ministro muestra por las empresas eléctricas, víctimas una vez más de los fracasos de la política económica. Y esta es también la seriedad con la que el Ejecutivo se plantea su actuación, aunque los ciudadanos no deberían sorprenderse porque ya tuvieron ocasión de comprobarlo con unos Presupuestos a los que se han ido sumando promesas efectistas a medida que se deterioraba la confianza de los ciudadanos en el Gobierno y en la evolución de la situación económica. Según fuentes del sector, los precios deberían subir el 28 por ciento para trasladar los costes reales y terminar con el denominado déficit de tarifa Esa es la magnitud de la deuda pendiente con las empresas, que acabará teniendo que ser pagada por el Presupuesto nacional, incluidos los intereses de demora. Nadie espera que sea pagada de una vez, pero no debería seguir creciendo. Mientras tanto, el Gobierno tiene sometidas a las eléctricas a una discrecionalidad que les impide planificar racionalmente sus inversiones. Las empresas han mostrado discretamente su malestar y han hecho llegar sus peticiones, que se resumen en estabilidad jurídica y regulatoria, cumplimiento de los acuerdos alcanzados, revisión del marco de retribución de las actividades de distribución, punto final al parón nuclear y claridad en el H cumplimiento del protocolo de Kioto. Suenan un poco exageradas, pero con matices e intensidades distintas no son unas peticiones muy diferentes de las que plantearon en la reciente cumbre de Santiago de Chile para asegurar un flujo continuo de inversiones en el continente americano. Por eso el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha levantado la voz para reclamar al gabinete de Rodríguez Zapatero que deje libertad a las eléctricas y les permita trabajar y exigir un mix energético compatible con la seguridad de suministro, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad empresarial. Acertado diagnóstico el de Díaz Ferrán en un momento en el que el sobrevenido furor ecologista del Gobierno parece no tener límites, al menos hasta las próximas elecciones generales del 9 de marzo. El repunte descontrolado de la inflación está poniendo nervioso al Ejecutivo porque pone de manifiesto la fragilidad de la situación económica y lo efímera que es la sensación de bienestar de los ciudadanos. Así lo reflejan todas las encuestas, a las que son tan aficionados en Moncloa, y sobre las que gravita toda estrategia de gobierno. Atónitos y casi paralizados, porque el país real no se parece al que ellos diseñaron, los miembros del Ejecutivo actúan movidos por impulsos y ocurrencias. Y salen a relucir los reflejos intervencionistas. Los socialistas se presentaron a su llegada al poder como el equipo que iba a situar a nuestro país en el podium de la libertad económica en el mundo y a erradicar definitivamente toda injerencia en la vida corporativa. Una vez instalados en él, no han escatimado medios para instrumentalizar a las empresas españolas ante la mirada impotente de Pedro Solbes. Les molestan los organismos reguladores independientes y no han movido ficha para asegurar ni para trasladar a esos organismos las competencias de fijación de tarifas, ni para dotarles del prestigio y la autonomía necesarios. Es evidente que los socialistas prefieren la política industrial tradicional: la que se diseña en las oficinas de los Ministerios y la que considera a las empresas como instituciones sometidas al poder político. AL QAIDA INCENDIA EL MAGREB A galaxia del terrorismo yihadista pretende abrir un nuevo frente. Después de Irak, Afganistán y Pakistán, los tentáculos de Al Qaida en sus distintas formas buscan provocar, a través de episodios terroristas como el registrado ayer en Argel, un deflagración en un escenario como el Magreb, que representa al mismo tiempo el vecindario más inmediato de Europa. El presidente Abdelaziz Buteflica está enfermo, la evolución política en Argelia es incierta y la economía no acaba de convertirse en una fuente de tranquilidad social, a pesar de tratarse de un país con enormes riquezas. De todos los del Magreb, Argelia es el más vulnerable a los intentos de desestabilización, y también aquél cuya descomposición resultaría más rentable para los enemigos de la civilización. Marruecos y Túnez resisten, mal que bien, los intentos de penetración de las redes terroristas- -que no dejan de intentarlo- pero Argelia es ahora un blanco fácil porque los rescoldos de su propio conflicto civil y los círculos de los extremistas criminales están en muchos casos intactos. Con sus riquezas estratégicas en hidrocarburos, de las que depende en gran parte Europa, si el país volviese a entrar en la trágica espiral de violencia de la última década del siglo pasado, la facción magrebí de Al Qaida habría logrado un objetivo de gran repercusión para sus intere- L ses. La estabilidad de Argelia concierne tanto a sus vecinos inmediatos en la orilla sur del Mediterráneo como a los que nos encontramos en la ribera norte. Eso explica también que los terroristas hayan atacado instituciones del Estado y muchas representaciones diplomáticas, lo que señala a las claras cuáles han sido los objetivos de este crimen abominable: el poder impío que pacta con los infieles y las embajadas extranjeras que los representan. Cuando la Policía no les impide actuar, los terroristas, como los que ayer asesinaron a decenas de personas, dejan pocas cosas al azar. Por desgracia, Argelia puede volver a ser aquel país, altamente peligroso, en el que ningún extranjero podía mostrarse a la luz del día sin correr el riesgo de ser secuestrado o asesinado sobre la marcha. Para nosotros, como socios y vecinos de Argelia, el mensaje de los terroristas es también inequívoco. Si vencieran en Argelia, sería igual que si lo hicieran en Afganistán, aunque a tan sólo unos cientos de kilómetros de nuestras costas y con la llave de nuestro suministro de gas en sus manos. El combate contra el terrorismo ha de ser continuo y sin fronteras, y más vale que no tengamos dudas en eso, porque los criminales no las tienen. Para ellos no hay más que un objetivo: destruir la civilización occidental e implantar a cualquier precio su delirio teocrático. L Gobierno socialista volvió a demostrar ayer en el Congreso de los Diputados que no está dispuesto a comprometerse solemnemente en un cambio real de la política antiterrorista, y menos aún en dar pasos para recuperar el consenso con el Partido Popular. Las informaciones de estos días sobre una posible próxima demanda de ilegalización contra ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas serían sólo la expresión de una actuación unilateral del Gobierno, necesaria pero insuficiente tanto para retomar el terreno perdido en esta legislatura pasiva como para despejar las dudas sobre la sinceridad de la supuesta rectificación emprendida por Rodríguez Zapatero. Las propuestas del PP que ayer fueron rechazadas por el bloque gubernamental eran sensatas, convenientes y oportunas para reconstruir una política seria y, sobre todo, una actitud de firmeza clara e inequívoca frente a los terroristas. No es el PP quien se equivoca al reiterar sus iniciativas parlamentarias a favor de la imprescriptibilidad de los delitos terroristas, de revocación de la resolución del Congreso para negociar con ETA y de ilegalización inmediata de ANV sino el Gobier, no y el PSOE al no entender que la ruptura formal de la tregua y, fundamentalmente, los cuatros asesinatos que ha cometido ETA desde el 30 de diciembre de 2006 obligan a certificar el fracaso sin paliativos de la política de Zapatero a favor de la negociación con los terroristas. En este sentido, es particularmente preocupante el ejercicio de confusión que el Gobierno está aplicando a la ilegalización de ANV lanzando mensajes a la opinión pública que no son ciertos y que sólo encierra el propósito de dar cobertura a una mera estrategia electoral. Contra ANV han existido indicios sobrados para instar su ilegalización hace muchos meses. Sólo no los han visto quienes se han tapado los ojos. ANV fue fundadora de Herri Batasuna en 1977, y de cara a las elecciones municipales de este año se prestó a ser la máscara de Batasuna. Tantos indicios había contra ANV- -expresados en contundentes informes de la Guardia Civil- -que todas las candidaturas impugnadas por estar colonizadas por ETA fueron anuladas por la Sala especial del Tribunal Supremo, y si no fue una ilegalización completa se debió sólo a esa diplomacia subterránea que practicó el Gobierno con los terroristas, incluso a pesar de los dos asesinatos de hace poco menos de un año en el aeropuerto de Barajas. Es cierto que la ley de Partidos Políticos no tiene plazo concreto, obviedad señalada por la vicepresidenta primera del Gobierno, pero sí existe un plazo implícito para que la ilegalización de un partido filoterrorista surta el efecto principal de evitar que infecte las instituciones democráticas. A esto ya se llega tarde, porque el Gobierno de Rodríguez Zapatero permitió que el PCTV entrara en el Parlamento de Vitoria y ANV en los ayuntamientos. Ahora, ilegalizar a uno y a otro, en función del calendario electoral, apenas remediará los daños causados por aquellas nefastas decisiones y sólo pondrá aún más de relieve los errores cometidos en estos años.