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4 OPINIÓN MARTES 11 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ECOLOGÍA CON FINES ELECTORALES ODOS los días toca anunciar una nueva promesa electoral. Esta vez lo llaman eficiencia energética para insistir de nuevo sobre un cambio climático que Rodríguez Zapatero pretende convertir en uno de los ejes de su campaña frente a un supuesto desinterés por el asunto de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno anunció ayer a bombo y platillo un pretencioso Plan de Rehabilitación Energética Integral para el periodo 2008- 2012, en virtud del cual el Estado aportará 9.000 millones de euros para incentivar la renovación en este ámbito de medio millón de viviendas. De nuevo, la magia de los números y la retórica de las buenas intenciones se ponen al servicio de un proyecto que nadie se toma la molestia de explicar con detalle, tal vez porque su único objetivo consista en lanzar un mensaje electoralista. Después de una legislatura fracasada en las cuestiones más relevantes, el Ejecutivo pretende distraer a los ciudadanos ofreciendo prebendas de todo tipo y compromisos insustanciales. Bien está, por supuesto, prestar atención al medio ambiente, pero no hay que confundir el ecologismo de salón con las medidas eficaces y sensatas. De momento, la cruda realidad de los datos desmiente las buenas palabras que prodiga Rodríguez Zapatero, porque España viaja en el furgón de cola en materia de cumplimiento del Protocolo de Kioto. Hace poco, nuestro país recibió un serio varapalo a cargo de la Unión Europea y a través de un informe de la Comisión que anticipaba que en 2010 produciremos una emisión de 40 toneladas de CO 2 por encima del compromiso adquirido en Kioto. Tampoco la ONU se fía de las declaraciones optimistas de Medio Ambiente. Según los datos de la organización internacional, España genera el 1,1 por ciento de las emisiones globales de CO 2, con una media de 7,6 toneladas por habitante, lo que representa más de 3 puntos por encima de la media a escala mundial. En definitiva, la campaña verde emprendida por los socialistas tiene muchas cuentas pendientes en el terreno de los hechos. Como consecuencia de la cumbre de Bali, Kioto está a punto de convertirse en pasado, y la contribución española al cumplimiento de sus objetivos arroja un balance muy negativo. Anunciar ahora planes con un nombre rimbombante y un contenido discutible es una pura maniobra de distracción que no engaña a los ciudadanos conscientes. De hecho, hay mucha gente que- -con independencia de su ideología- -practica con naturalidad comportamientos ecológicos en materias como reciclaje de basuras o ahorro de energía. La política de medio ambiente no consiste en comprar vídeos a Al Gore, o en hacerse fotos para anunciar promesas inconcretas. Cuando los datos sobre el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales se sitúen- -al menos- -en un nivel digno en el conjunto de los países desarrollados, el presidente del Gobierno estará en condiciones de ser creíble cuando anuncie nuevas medidas. Por ahora, le falta bastante para alcanzar un simple aprobado. T EL MAL EJEMPLO DE KOSOVO A decisión, aparentemente ya inevitable, de aceptar la independencia de la provincia serbia de Kosovo representa la expresión del estrepitoso fracaso de la acción de Europa en los Balcanes. De error en error, siempre detrás de acontecimientos que no se han sabido ni predecir ni evitar, la comunidad internacional se encuentra ahora ante una situación que resulta tan mala como cualquier otra que se hubiera podido imaginar, pero que seguramente tendrá efectos perversos muy graves. Muchos de los países que prestaron su apoyo militar a la misión de la OTAN destinada a impedir el genocidio de los albano- kosovares nunca pensaron, ni por asomo, que estaban allí arriesgando la vida de sus soldados para favorecer la independencia de un territorio, contraviniendo así principios hasta ahora inviolables del Derecho Internacional. Primero se dijo que cualquier decisión debía ser fruto del acuerdo entre el Gobierno serbio y los líderes de la provincia; después se habló de que se necesitaba la aprobación de la minoría serbia; y ahora el requisito se ha reducido a la voluntad soberana de la mayoría albanesa de Kosovo. Se proclamó que cualquier cambio en el estatus jurídico debería contar con el respaldo del Consejo de Seguridad, pero ahora se acepta sin más la idea de crear un nuevo estado, sin que se haya concitado el acuerdo previo de Naciones Unidas. Es evidente que el respaldo jurídico de la operación es más que dudoso, porque se trata de la primera vez que se va a consumar la mutilación de una parte del territorio de un Estado reconocido para- -en contra de su voluntad- -convertirlo en independiente. Precisamente por esas dudas de legitimidad en el origen, Kosovo puede ser un precedente muy peligroso para al menos una docena de casos en los que existen fuerzas segregadoras, y también puede servir de inspiración para que estas se desarrollen allí donde todavía no existen, ya sea en los Balcanes, en Europa o en sus alrededores. La prueba más evidente de que este proceso será usado como L precedente es que, para apuntalar esta decisión sobre Kosovo, se van a utilizar ya aquellos argumentos que resulten más favorables del caso de Montenegro, a pesar de que- -en efecto- -se trate de un proceso diferente en sus raíces históricas, políticas y jurídicas. El argumento principal para determinar que Kosovo es de facto un Estado independientes es la constatación de que el Gobierno de Belgrado ha dejado de tener vínculos institucionales con esta provincia, algo que puede aplicarse, por ejemplo, en el caso de la no reconocida República Turca de Chipre del Norte o el territorio de Abjasia en Georgia o Transdnistria, por no citar más que algunas. Del mismo modo, la precipitación de la comunidad internacional puede ser vista como un agravio comparativo respecto a otros casos en los que también está en juego una cuestión de soberanía, como el del Sahara Occidental, ante los que la ONU lleva varias décadas cerrando los ojos. Un Kosovo independiente no será tampoco automáticamente un modelo de estabilidad. Sembrado de mafias bien conocidas por las policías de toda Europa, su condición de Estado soberano puede convertirse fácilmente en un instrumento para fomentar su impunidad. La independencia no es la receta mágica que pueda resolver el desempleo, la inflación o la inseguridad jurídica que atenazan el futuro de este territorio. La independencia puede colmar ambiciones emocionales que, aunque no puedan ser ignoradas, no sirven para gran cosa, salvo para aumentar el rango institucional de la elite política local. Basta mirar el mapa de los Balcanes para darse cuenta de que lo que menos necesita este territorio, minúsculo y enclavado entre montañas, son fronteras. Cuánto mejor habría sido intentar persuadir a unos y a otros para que volviesen a convivir en la perspectiva de su futuro europeo, como se les impuso en su día a los ciudadanos de Bosnia o de Macedonia, cuya estabilidad va a quedar seriamente amenazada por el ejemplo de Kosovo. VARAPALO A LOS PRESUPUESTOS L veto del Senado a los Presupuestos del Estado para 2008 es la evidencia de que el PSOE ha llegado a este fin de mandato sin fuerza política y necesita que la legislatura acabe cuanto antes para no seguir exhibiendo sus debilidades. La decisión de la Cámara Alta de devolver el proyecto de Presupuestos al Congreso complica el margen de maniobra de los socialistas, obligados ahora a recabar votos- -incluso entre los trásfugas- -para llegar a la mayoría absoluta necesaria para dejar sin efecto el veto. Además, las promesas del Gobierno a determinadas formaciones nacionalistas se vienen abajo- -como las comprometidas para salvar la reprobación de la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez- -porque el Congreso no puede ya enmendar el proyecto de presupuestos, sólo aprobarlo tal cual ha sido remitido por el Senado. Si el Gobierno no alcanzara la mayoría absoluta, tendría que prorrogar los presupuestos de este año, con el consiguiente desajuste de las cuentas públicas respecto de una situación económica que se prevé que empeore progresivamente. Ayer, por ejemplo, el euribor alcanzó un nuevo máximo, situándose por encima del 4,8 por ciento, pese a que el Gobierno anunció hace pocas semanas que este tipo de referencia había tocado techo. No tiene fácil el PSOE asegurarse la mayoría absoluta del Congreso para levantar el veto del Senado. En octubre, logró 177 votos para rechazar las enmiendas de devolución. Cualquier ausencia imprevista o un giro de última hora de E cualquiera de sus socios minoritarios puede suponerle a Rodríguez Zapatero una derrota definitiva en el último tramo de su legislatura. En realidad, el revés parlamentario ya es evidente porque demuestra la pérdida de esa holgura con la que el PSOE ha hecho efectivo el cordón sanitario frente al PP y porque pone en evidencia que el Gobierno socialista no ha tenido capacidad para aplicar una política propia, sino una amalgama de exigencias que se ha visto reflejada en el discurrir abrupto y conflictivo de la legislatura. El veto es para Zapatero y su política de querer contentar a todos y no ser de fiar para nadie. Ni siquiera ha contado con la abstención de los senadores republicanos de ERC, cuatro de los cuales votaron a favor del veto de CiU a las partidas destinadas al Ministerio de Vivienda. También el PP apoyó la iniciativa convergente, aprovechando la ocasión de infligir al Gobierno una derrota parlamentaria especialmente inoportuna para Rodríguez Zapatero. El Gobierno se enfrenta así a un error propio en la gestión de los Presupuestos, el de no tener en cuenta la mayoría del PP en el Senado y el de haberse puesto en manos de aliados poco leales. Cuando no se buscan acuerdos con formaciones con vocación de apoyo a la estabilidad y cuando se minusvalora a una oposición más fuerte de lo que desearía, es lógico que el Gobierno se encuentre con una derrota. Y la culpa, en política, siempre es de quien no asume sus limitaciones, como le ha pasado al PSOE en esta ocasión.