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4 OPINIÓN LUNES 10 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro GADAFI BUSCA APOYOS EN EUROPA ANV AMENAZA LA Y VASCA AMENTABLEMENTE, ETA se las está arreglando para mantener activas todas y cada una de sus siniestras formas de expresión terrorista. El tiro en la nuca, el adiestramiento de nuevos pistoleros, la extorsión y el chantaje revolucionario a empresarios, la kale borroka y la amenaza y la coacción permanentes han sido siempre las señas de identidad de la banda. Como consecuencia de la imprudente y arriesgada política de cesiones a los terroristas emprendida por el Gobierno durante esta legislatura, la banda no ha visto gravemente mermada su estructura ni debilitada su moral. Por el contrario, ETA está tratando de demostrar que ha salido material y anímicamente reforzada después de que el proceso de paz promovido por Rodríguez Zapatero en contra del criterio de una parte muy significativa la sociedad española, y previa ruptura meditada del consenso con el PP en el Pacto Antiterrorista, haya permitido la rehabilitación política de los batasunos. De poco o nada sirve ahora lamentarse por el error de haber consentido la inclusión de miembros de la izquierda abertzale en decenas de listas electorales de Acción Nacionalista Vasca en las elecciones municipales de mayo y, por tanto, de haber permitido su acceso como concejales a muchos ayuntamientos. ABC publica hoy cómo la izquierda abertzale está aprovechando su plataforma institucional en distintos ayuntamientos para interferir en los procesos administrativos de expropiación de terrenos por los que debe discurrir el trazado de la Y vasca e incluso para promover consultas populares de ámbito municipal con el objetivo de boicotear las obras y dificultar la llegada de la alta velocidad a esa Comunidad. La acreditación policial de los extremos que hoy denuncia ABC añadiría nuevos indicios a los ya existentes- -obran tanto en manos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado como en distintos Juzgados de la Audiencia Nacional- -para poder inferir la connivencia de ANV con los intereses de ETA, cuando no una verosímil unidad de acción mediante su subordinación a los fines terroristas. Estos indicios contribuirían a percibir a ANV como un elemento más del complejo entramado L de ETA. Y así, como probable continuadora en el tiempo de la actividad que en sus sucesivas etapas desplegó Herri Batasuna (Batasuna, EH, Abertzales Socialistas... aunque lógicamente supeditada a los tiempos y consignas que marca la actual dirección de la banda. Los terroristas siempre han apuntado hacia las grandes infraestructuras del Estado como uno de sus objetivos prioritarios. Y en su estrategia de acoso y de desobediencia civil, la cobertura de que goza la izquierda abertzale al habérsele brindado la posibilidad de contar con representación en 16 de los 46 municipios afectados por el trazado ferroviario no hace sino facilitarle la labor. Ahora, cuando peor pintan las cosas, el Gobierno está reabriendo el debate sobre la ilegalización de ANV o, en su defecto, está deslizando la idea de que la Fiscalía puede instar en cualquier momento ante la Audiencia Nacional la suspensión de actividades de ese partido. También están reactivándose otras medidas contra ETA que hasta ahora permanecían inexplicablemente en hibernación. El Gobierno no cesa de insinuar que su pretensión es negar a los proetarras cualquier posibilidad de concurrir a futuras elecciones. Pero para ser creíble, el Ejecutivo debe plasmar sus insinuaciones en hechos contundentes porque ya no es suficiente la palabrería oportunista a la que Zapatero ha acostumbrado a los españoles. Como tampoco bastan los simples amagos con fines electoralistas para recuperar una imagen de dureza contra ETA que el PSOE ha eludido de modo consciente durante la toda legislatura. Retomar la batalla del Estado de Derecho contra la izquierda abertzale y promover la ilegalización de ANV son cuentas pendientes que conviene saldar cuanto antes, aunque por desgracia parte del daño causado por la permisiva política del Gobierno ya es irreversible. El hipotético apartamiento de ANV de la política no impediría a sus cargos electos conservar sus actas en los ayuntamientos ni continuar con su impune estrategia de presión y amedrentamiento, como la que ahora exhiben para obstaculizar la llegada del AVE al País Vasco. Es otra parte del coste que conlleva tanta debilidad con ETA durante tanto tiempo. ELECTORALISMO POR CIEN EUROS AS promesas electoralistas de Rodríguez Zapatero no convencen a sus supuestos beneficiarios. Se trata esta vez del fondo de garantía de pago de las pensiones alimentarias, recién aprobado por el Ejecutivo, que suscita serias críticas entre las asociaciones de madres y padres separados. No se quedan cortos los afectados a la hora de calificar el decreto ley aprobado por el Gobierno: así, unos lo consideran irritantemente insuficiente y otros lo califican sin rodeos de estúpido No les falta razón porque otorgar como máximo cien euros para compensar el impago de pensiones alimentarias de los hijos acordadas por resolución judicial parece más bien una propina sin sentido que una verdadera compensación. Desde el punto de vista jurídico, ni siquiera está garantizado que la cantidad recibida como anticipo se pueda reclamar posteriormente al deudor, de manera que una vez más el Gobierno juega con el dinero de todos. Los requisitos para recibir una prestación tan escasa son claramente excesivos, porque casi se obliga al beneficiario a demostrar que se encuentra en el límite de la pobreza. Nadie está satisfecho con una medida largo tiempo anunciada y que el PSOE pretende ahora implementar a toda prisa de cara a las urnas. Sin embargo, los problemas no se resuelven llenando el Boletín Oficial de normas cuyo objeti- L vo es básicamente publicitario o propagandístico, como reiteran sin excepción todos los sectores implicados en un problema social que exige soluciones prácticas y no parches para salir del paso. En rigor, lo que debe hacer el Gobierno es garantizar la efectividad de las resoluciones judiciales para que los obligados a pagar la pensión alimentaria cumplan con su deber en tiempo y forma. Habrá que estudiar la conveniencia de imponer sanciones civiles, en relación con la patria potestad o el régimen de visitas, para los casos más escandalosos de incumplimiento, cuando se acredite la falta de voluntad real de cumplir la sentencia. La ruptura de la convivencia familiar es siempre un trauma para los hijos, que se agrava si se producen repercusiones económicas que afectan a su nivel de vida. Pensar que esos cien euros al mes van a resolver algún problema es un ejercicio de voluntarismo absurdo o, peor todavía, un deseo oportunista de vender a los electores una solución en falso. La reacción unánime de padres y madres separados, cuyos criterios suelen ser discrepantes por razones obvias, es fiel reflejo de que el Gobierno ha cometido una nueva imprudencia. Después de tantas promesas aplazadas, resulta que las prisas se vuelven en contra de quien pretende beneficiarse de estos arreglos a destiempo. lo largo de esta semana, Nicolas Sarkozy será anfitrión de Gadafi, que comienza una visita oficial a Francia- -después lo hará a España- -con el fin de formalizar los compromisos de cooperación asumidos durante la estancia del presidente galo en Trípoli el pasado mes de julio, donde viajó con el fin de gestionar la liberación de un grupo de enfermeras búlgaras que habían sido acusadas de infectar con el virus del sida a cientos de niños libios. Entonces, Nicolas Sarkozy anunció su intención de contribuir a que se despejaran definitivamente los obstáculos y las reticencias que dificultan la plena reintegración de Libia a la comunidad internacional. Es indudable que desde 2003 el país norteafricano ha dado pasos significativos al respecto. Su renuncia al programa de armas nucleares y la asunción de su responsabilidad por el atentado aéreo de Lockerbie han dado ya sus frutos. No hay que olvidar que la Unión Europea levantó un año después el embargo que pesaba sobre el régimen de Gadafi. Con todo, si Libia quiere recuperar la plena normalidad internacional debe ir más lejos y contribuir a que se produzcan avances en el reconocimiento de los derechos humanos dentro de sus fronteras. En este sentido, la visita que inicia hoy Gadafi a París debe tener reflejo en este campo. No cabe duda de que el realismo en política exterior es útil para contribuir a la normalización de las relaciones internacionales. Sin embargo, la cooperación de Francia con Gadafi, la firma de suculentos convenios económicos y la apertura de los importantes yacimientos de materias primas libios a las empresas francesas no pueden dejar de lado ciertas exigencias éticas que deben ser atendidas por el Gobierno libio si quiere ser tenido como un interlocutor plenamente fiable en el seno de la comunidad internacional. Es bueno para el conjunto de Europa que Francia recupere protagonismo internacional después del periodo de hibernación vivida durante el último mandato de Chirac. Pero tener un papel activo en el mundo debe conciliarse con el compromiso ineludible de promover el avance de la democracia y los derechos humanos. Trabajar para que Francia gane posiciones en escenarios de referencia estratégica tradicionales para este país es legítimo. Los resultados de la agenda exterior de Sarkozy en el norte de África y la cuenca sur del Mediterráneo comienzan a ser palpables económica y comercialmente, tal y como se ha visto tras sus visitas a Marruecos y Argelia. Con todo, su ambicioso proyecto de construir una Unión Mediterránea aprovechando la inacción exterior del Gobierno de Rodríguez Zapatero, después del fracaso cosechado por España durante la Cumbre Euromediterránea de Barcelona de 2005, no justifica que puedan obviarse ciertas exigencias éticas a la hora de promover la normalización de las relaciones de Europa y la comunidad internacional con Libia. Gadafi sigue siendo un dictador y sería bueno no perder la perspectiva de ello. A