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30 INTERNACIONAL SÁBADO 8 s 12 s 2007 ABC Un periodista de Le Monde procesado por publicar informes secretos EFE PARÍS. El periodista Guillaume Dasquié ha sido procesado por haber publicado en el diario de izquierdas Le Monde informaciones sobre terrorismo procedentes de un informe secreto de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) En abril pasado, Le Monde publicó una información firmada por Dasquié en la que se basaba en informes de la DGSE para asegurar que los servicios secretos franceses habían alertado en enero de 2001 a sus colegas estadounidenses de planes de Al Qaida para secuestrar aviones. El aviso fue comunicado ocho meses antes de los atentados contra EE. UU, el 11 de septiembre de 2001, y el vespertino francés decía contar con 328 páginas de diferentes documentos de la DGSE con la mención confidencial El Ministerio de Defensa presentó entonces una demanda por la divulgación de esos documentos y ahora la Justicia ha encontrado indicios de delito. La CIA grabó y destruyó vídeos de sus interrogatorios a presos de Al Qaida El caso sirve a la oposición demócrata para lanzar una nueva ofensiva contra las tácticas antiterroristas ordenadas por la Administración Bush tras el 11- S PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL WASHINGTON. Dentro del descrédito acumulado por algunas de las secretas tácticas antiterroristas aplicadas por la Administración Bush tras el 11- S, la CIA se ha visto obligada a reconocer que ha destruido al menos dos grabaciones de violentos interrogatorios a dos destacados cabecillas de Al Qaida. Este material audiovisual, según ha indicado el director de la agencia Michael Hayden, fue realizado como parte de un esfuerzo de documentación y control interno. Pero se optó por su destrucción hace dos años por temor a que las grabaciones terminasen por ser filtradas al público y revelasen la identidad de personal de la CIA. Estas explicaciones, forzadas por una investigación periodística del New York Times han servido para plantear un nuevo escándalo en Washington sobre extralimitaciones de la Administración Bush. Polémica alimentada, entre otras cosas, por la coincidencia de la destrucción de estos vídeos con el escrutinio sobre la red secreta de prisiones extrajudiciales autorizada a la Agencia Central de Inteligencia por la Casa Blanca. Con el agravante de que la CIA habría ocultado este material a toda una serie de pesquisas judiciales y parlamentarias, incluida la comisión bipartidista encargada de investigar el 11- S. De acuerdo a la limitada información sobre estos vídeos de múltiples horas de duración, uno corresponde al interrogatorio de Abu Zubaydah, considerado un destacado lugarteniente de Osama bin Laden. La otra grabación corresponde a otro lugarteniente de Al Qaida no identificado. Se supone que durante estos interrogatorios, agentes de la CIA utilizaron la polémica técnica conocida como waterboarding que consiste en simular un ahogamiento en agua. La decisión de destruir estos documentos audiovisuales en noviembre ha sido atribuida a José A. Rodríguez Jr. que por entonces ocupaba el director del servicio de operaciones clandestinas. Un veterano de la CIA de origen puertorriqueño, con extensa experiencia por toda Iberoamérica, y que desde este verano estaría disfrutando de su jubilación. La polémica ha servido a la oposición demócrata en el Congreso para orquestar una nueva ofensiva contra las tácticas antiterroristas ordenadas tras el 11- S. Con el correspondiente requerimiento al Departamento de Justicia para que se investiguen posibles violaciones de la ley por parte de los responsables de la CIA que han destruido las citadas cintas de vídeo. Además de la promesa de múltiples pesquisas parlamentarias. Grupos de derechos humanos, por su parte, han calificado la eliminación de estas evidencias como algo claramente ilegal. Todo este escándalo ha coincidido con un acuerdo entre negociadores de la Cámara Baja y del Senado de Estados Unidos para promulgar una nueva legislación que prohíbe expresamente a la CIA la simulación de ahogamientos y otras duras técnicas de interrogación. La medida, pendiente de ser aprobada por los plenos de ambas Cámaras y bajo amenaza de veto por parte de la Casa Blanca, impondría un estándar para todas las entidades del gobierno de Estados Unidos en sintonía con las regulaciones sobre tratamiento de prisioneros ya adoptadas por el Pentágono. Decisión de Rodríguez