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ABC SÁBADO 8 s 12 s 2007 Tribuna Abierta OPINIÓN 7 Andrés de la Oliva Santos Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Complutense DEBE RECTIFICAR AJO este escueto enunciado me atrevo a reclamar, en primer término, que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rectifique, en cuanto tenga ocasión, el criterio por el que en el proceso penal más frecuente (el denominado procedimiento abreviado ha eliminado o ha disminuido sustancialmente el papel de los acusadores que no son ofendidos o perjudicados por el delito, es decir de los que ejercitan la llamada acción popular presente en nuestro ordenamiento jurídico al menos desde la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882 y consagrada por el art. 125 de la Constitución (CE) n segundo lugar, pretendo aclarar que, al igual que una golondrina no hace verano una concreta resolución de una Sala del Tribunal Supremo no es una mini ley ni puede contener doctrina con fuerza vinculante. Los tribunales, y el Supremo a la cabeza, están sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 de la Constitución Española) es decir al Derecho, que, en materia procesal penal, sólo tiene dos fuentes: la misma ley y los principios generales del Derecho. Eso significa que la doctrina de los tribunales (singularmente el Supremo) es importante para complementar el ordenamiento jurídico, pero cabe que sea modificada por los mismos tribunales, no es de obligado acatamiento y merece el respeto que merezca su autoridad intrínseca. En concreto, considero un puro error, y no leve, el de la Sala de lo Penal al excluir o capitidisminuir, para el procedimiento abreviado, a los acusadores que no son perjudiciados u ofendidos por el delito, impidiendo que, si sólo ellos solicitan la apertura del juicio oral o fase decisoria del proceso penal, esta fase efectivamente se inicie. a pretendida justificación de esta tremenda ocurrencia es que los artículos 782 y 783, relativos a la opción de finalizar el proceso sin que comience la fase de juicio (sobreseimiento) o resolver que tal fase comience, se refieren a solicitudes, en uno u otro sentido, del Ministerio Fiscal y el acusador particular (art. 782 LECrim) y de el Ministerio Fis- EL TRIBUNAL SUPREMO B Mucho se ha hablado y escrito sobre la acción popular, esa gran peculiaridad de nuestro sistema procesal, consistente en que pueda ser parte acusadora cualquier ciudadano, salvo excepciones legales tasadas. Podrá, en el futuro, pensarse y debatirse cómo evitar posibles abusos de esos acusadores particulares y cabrá que se planteen reformas legales, que habrán de respetar la institución de la acción popular, por su expreso reconocimiento constitucional lares, es decir, por sujetos distintos del Ministerio Fiscal. La prueba del nueve de que en el procedimiento abreviado no se excluye a quien ejercita la acción popular se encuentra, dentro de las disposiciones generales relativas a dicho procedimiento, en el artículo 761.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se expresa en los siguientes inequívocos términos: El ejercicio por particulares, sean o no ofendidos por el delito, de la acción penal o de la civil derivada del mismo habrá de efectuarse en la forma y con los requisitos señalados en el Título II del Libro II, expresando la acción que se ejercite s claro, por tanto, que la Ley de Enjuciaimiento Criminal prevé con toda normalidad que en el procedimiento abreviado actuen como parte acusadora los no ofendidos y se confirma, así, que la expresión acusador particular o acusación particular comprende tanto a los particulares ofendidos o perjudicados como a los no ofendidos ni perjudicados. Ni la eliminación de los acusadores no ofendidos ni perjudicados ni la radical minoración de los efectos de su actuación se pueden sustentar en un craso error sobre la terminología legal. Por lo demás, nada hay en los antecedentes legislativos, ni en las Exposiciones de Motivos de las leyes, que avale la extraña tesis que la mayoría de los Magistrados de la Sala Segunda (no todos) ha aplicado a un determinado caso, pero que, como muchos han señalado, podría aplicarse a otros distintos, con finalización de los procesos penales correspondientes. ucho se ha hablado y escrito sobre la acción popular esa gran peculiaridad de nuestro sistema procesal, consistente en que pueda ser parte acusadora cualquier ciudadano, salvo excepciones legales tasadas. Podrá, en el futuro, pensarse y debatirse cómo evitar posibles abusos de esos acusadores particulares y cabrá que se planteen reformas legales, que habrán de respetar la institución de la acción popular, por su expreso reconocimiento constitucional. Pero lo que personalmente considero inaceptable es que cualquier cambio, en vez de ser legal, se produzca por una falible y fallida resolución judicial. Al caso de las cesiones de crédito no se debe inmolar (ni parecer que se inmola) el claro sentido de una ley respetable y, en este punto, respetada durante ciento veinticinco años. E E M L cal o la acusación particular (art. 783) A partir de estas expresiones, se razona del siguiente modo: como acusador particular o acusación particular significan sujeto ofendido o perjudicado por el delito que se ha constituido en parte procesal acusadora, los no ofendidos o perjudicados por el delito, los que ejercitan la acción penal adjetivada como popular no pueden por sí sólos lograr que comience (se abra) la fase de juicio, oral y público. E ste razonamiento parte de una premisa rotundamente falsa. Nunca, ni a partir de la reforma de la LECrim en 2002 (que, por cierto, no cambió lo que se decía ya en 1988) ni antes, la expresiones legales acu- sacion particular o acusador particular (y sus plurales) han tenido un significado excluyente del acusador que ejercita la acción popular que es, repito, el no perjudicado ni ofendido por el delito. El adjetivo popular no aparece en la extensa LECrim, desde 1882, más que en una ocasión: en el artículo 270, cuando se refiere a la acción popular Y las expresiones acusación popular o acusador popular y sus plurales nunca, desde 1882 hasta nuestros días, han sido utilizadas por la LECrim. Desde 1882 hasta ahora, la LECrim únicamente ha empleado los términos acusación particular y acusador particular Y los ha empleado para referirse a cualquier acusación mantenida por particu-