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4 OPINIÓN SÁBADO 8 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro MORALES JUEGA CON VENTAJA EN BOLIVIA ZAPATERO PERSISTE EN SU AMBIGÜEDAD L presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no está respondiendo con sinceridad a la oferta de consenso hecha por Mariano Rajoy desde el día del doble asesinato en Capbreton. Sus declaraciones al respecto son siempre huidizas y ambiguas, evitando cualquier palabra que implique compromisos de acuerdo con el PP o, simplemente, un cambio de actitud hacia la oposición. Entre forzar un consenso de la noche a la mañana o emplazarlo a un futuro indefinido hay un espacio intermedio donde Rodríguez Zapatero debería mostrarse fiable y explícito. Pero no lo está siendo y, en lugar de adoptar esta posición política que es la que le demanda la opinión mayoritaria de los ciudadanos, ha elegido enfriar cualquier expectativa de recuperación del acuerdo político, de fondo y con contenido, con el PP Es más, Zapatero aparenta estar incómodo ante la sensata actitud mantenida por Mariano Rajoy en estos días, quien, lejos de lanzarse contra el Gobierno- -y motivos políticos no le faltarían- reitera su mensaje conciliador y espera que sean los socialistas los que tomen una iniciativa que no llega. Es un buen comportamiento en este momento. Rodríguez Zapatero, en cambio, vuelve a confundir a los ciudadanos sobre el consenso antiterrorista con Rajoy, presentándolo como una tarea compleja y a largo plazo, cuando lo cierto es que lo que le está resultando difícil es reconocer que su legislatura se ha basado en la apuesta temeraria y fracasada de la negociación política con ETA. En todo caso, al margen de la falta de interés que muestra Rodríguez Zapatero en recuperar el consenso con el PP el presidente del Gobierno sigue sin ofrecer un discurso inequívoco sobre sus intenciones futuras y elude comprometerse a no volver a negociar con los terroristas si gana las elecciones generales en 2008. Sus silencios son tanto más notorios por cuanto se producen en un clima de indignación y dolor por el asesinato de Raúl Centeno y Fernando Trapero, y sin que sirvan de compensación las excelentes detenciones de dos de sus presuntos asesinos y de otro etarra en Vizcaya. El problema es el que, con otro sentido, el propio Rodrí- E guez Zapatero enunciaba el pasado jueves al ser preguntado si volvería negociar con ETA, contestando que los hechos siempre se imponen a las valoraciones o a las posibles intenciones Ciertamente así es, porque lo que ha quedado claro en estos últimos años es que las verdaderas intenciones del PSOE no estaban en el Pacto Antiterrorista, sino en los contactos mantenidos desde 2002 entre dirigentes socialistas vascos y miembros de Batasuna, cuando esta formación ya era ilegal por orden del juez Garzón; y desde 2005, entre el Gobierno y ETA. Por eso hacen falta hechos inequívocos ahora mismo, lo que supondría revocar la autorización del Congreso para un final dialogado -negociación política- -de la violencia y dejar de especular con la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca- -sea por la vía de la Ley de Partidos Políticos o de la suspensión cautelar por decisión del juez Garzón- que lleva camino de convertirse en un nuevo señuelo de despiste para la opinión pública. Y motivos para actuar judicialmente contra ANV sobran. ABC da cuenta hoy, por ejemplo, de otra muestra de su subordinación a ETA al constatarse que tras el último atentado las Fuerzas de Seguridad no han detectado indicio alguno de disidencia entre sus filas. Además, cuando se produzca su ilegalización no tendrá eficacia práctica alguna al llegar tarde y no impedir la continuidad de los representantes proetarras en los Ayuntamientos vascos y navarros. Hasta ahora, la única rectificación visible en el PSOE es que no ya no pueden culpar al PP de atacarlos injustamente ni de sacar provecho del terrorismo. Este final de legislatura no es el que esperaba Zapatero ni el que deseaban los españoles, porque durante tres años se les había dicho que ETA estaba en su epílogo. Sería una nueva irresponsabilidad, y tan grave como la que más de las ya cometidas, que el Gobierno no diera el paso definitivo para retomar el consenso antiterrorista que el PP le está proponiendo. Lo difícil no es llegar a un acuerdo con Rajoy- -la experiencia lo demuestra- -sino desmantelar todas las políticas que el PSOE asoció al proceso de negociación con ETA y al aislamiento del PP CORRUPCIÓN CONTRA DEMOCRACIA L Barómetro Global de la Corrupción 2007, presentado ayer por la organización Transparency International en la Fundación Ortega y Gasset, ofrece conclusiones preocupantes para la sociedad española. El 62 por ciento de los ciudadanos considera bastante o extremadamente corruptos a los partidos políticos. La percepción global en éste y en otros casos- -como las empresas privadas o los medios de comunicación- -ha empeorado de forma notable en un solo año. Es significativa la imagen muy negativa que transmite la financiación de los partidos, calificada de corrupta según el informe, en una proporción de 3,9 sobre 5. Más de la mitad de la población estima que las cosas van a ir a peor en los próximos tiempos y la mayoría opina que el Gobierno es ineficaz en la lucha contra este fenómeno. La corrupción es un cáncer para el Estado democrático porque daña sin remedio la legitimidad del sistema. Los partidos son protagonistas principales de la vida política y, por tanto, las malas sensaciones que perciben los ciudadanos repercuten en la falta de confianza hacia las instituciones. Los datos son ciertamente negativos y, sin caer en alarmismos o exageraciones, deben ser tenidos en cuenta para evitar el deterioro de la convivencia social. La reciente reforma legal sobre esta materia no es ni mucho menos el camino apropiado para recuperar la confianza. Muy al contrario, la opinión pública pone en cuestión ciertas E operaciones urbanísticas y piensa que la condonación de deudas por parte de las entidades financieras supone la búsqueda de un trato de favor ante los responsables políticos. Es evidente que falta transparencia y que resulta insuficiente el control tardío y genérico que se ejerce sobre los balances y documentos contables. Aquí reside posiblemente la clave del asunto, puesto que los grandes partidos son empresas que manejan abundantes recursos humanos y materiales. Por eso, los controles financieros y las auditorías rigurosas deben sustituir a las viejas fórmulas ineficaces con el fin de evitar actuaciones turbias que vulneran las reglas del juego democrático. Los responsables de los partidos no deben echar en saco roto las conclusiones que se desprenden del informe citado, porque mirar para otro lado equivale a dejar el campo libre a los corruptos. La política tiene que ser concebida como una actividad al servicio del interés público y no como una guía más o menos cómoda para obtener ganancias y prebendas injustificadas. La superioridad de la democracia sobre las dictaduras de cualquier tipo tiene su fundamento en la ejemplaridad moral. Por eso es muy grave que los ciudadanos consideren por amplia mayoría que los partidos son opacos en materia de financiación y que la corrupción campa por sus respetos en ciertos ámbitos que deben ser un modelo de limpieza y pulcritud. SI se compara con lo que ha pasado en Venezuela, el proyecto de Constitución de Evo Morales ya había fracasado en Bolivia antes de nacer. Una Constitución que se aprueba sólo por una parte del cuerpo legislativo y en contra de los criterios de todos los demás, no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un pacto social para el funcionamiento de las instituciones. ¿Quién sino alguien que carece de respeto a las prácticas democráticas puede pretender que un país entero se someta a una norma redactada, votada y aprobada tras las murallas de un acuartelamiento donde se refugian los representantes del oficialismo porque no desean escuchar las críticas de una parte importante de sus conciudadanos? La decisión que ha anunciado Evo Morales de convocar ahora un plebiscito sobre su gestión no es más que una manera de camuflar ese fracaso en su intento de implantar en Bolivia una fórmula socialista y revolucionaria de gobierno. Morales no puede pretender que nadie se crea sus apelaciones altisonantes a la democracia cuando habla de su propuesta de plebiscito, precisamente porque la situación de colapso en el país se debe sobre todo al mal uso que ha hecho de los mecanismos democráticos durante dos años de gestión. Una Constitución no habría de ser necesariamente más legítima por ser aprobada en el Parlamento o en un plebiscito como quiere ahora Morales. Lo importante es que haya sido consensuada de manera que refleje el abanico más amplio posible de sensibilidades para que todos los ciudadanos se sientan cobijados por ella. Sin embargo, en estos dos años de gestión Morales se ha dedicado a gobernar pensando sólo en los estrafalarios planes de hegemonía continental dictados por Hugo Chávez, mientras que los problemas no dejaban de crecer para los bolivianos. Teniendo en cuenta que las elecciones regionales se celebrarán en la primavera del año que viene, su idea de implicar en este plebiscito revocatorio a los gobernadores que se oponen a sus planes revolucionarios sólo demuestra que Evo Morales no tiene otro interés que aumentar la confusión y eludir su responsabilidad personal en el constante empeoramiento de la situación del país. Podría ser que el epicentro de este temblor en el escenario político boliviano se encuentre en la Caracas de Hugo Chávez, donde el caudillo trata de rehacerse después de la estrepitosa derrota de sus planes de convertirse en dictador perpetuo. No se puede ignorar que la suerte de cualquier gobierno de corte racial- populista en Bolivia dependería de la salud del régimen bolivariano de Caracas, que en estos días atraviesa momentos de gran confusión. Aunque el apoyo de Chávez tiene un precio muy alto en Bolivia- -recientemente los manifestantes han llegado a apedrear un avión militar venezolano que participaba en una misión de cooperación- sin el caudillo bolivariano el proyecto de Evo Morales no puede sobrevivir en ningún caso.