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4 OPINIÓN VIERNES 7 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro IRÁN Y LA AMENAZA PROBABLE OCAS veces el matiz de un informe confidencial de los servicios de información norteamericanos, la CIA, había tenido tanta repercusión diplomática. La expresión equivalente a altamente probable aludiendo a la ralentización del programa nuclear iraní ha tenido un efecto parecido al de un terremoto en medio de una laboriosa partida de ajedrez: las piezas han quedado esparcidas por el tablero a pesar de los delicados trabajos que han precedido a cada uno de los movimientos. De poco sirve que el mismo informe que unos utilizan para debilitar a George Bush- -porque reduce la capacidad nuclear de Irán- -sostenga a la vez que ese país podrá fabricar una bomba nuclear dentro de tres años. Y de poco sirve también que el presidente Ahmed Ahmadineyad saque pecho y no oculte sus planes de seguir avanzando para dotarse de esta tecnología, incluyendo expresamente la puesta en marcha de un notable número de centrifugadoras que solamente puede tener como objetivo la proyección militar de esta tecnología. Sirve de poco porque el documento de la CIA ha llegado a sembrar la duda de tal manera que hasta la Rusia de Putin va a utilizarlo para debilitar los argumentos de Estados Unidos y de la OTAN para construir un escudo antimisiles protector de los países aliados en Europa. Después de la desagradable experiencia de las armas de destrucción masiva que supuestamente almacenaba Sadam Husein en Irak, nada más natural que poner en duda sistemáticamente cualquier otra presunción. Sería insensato considerar que, tras aquella desastrosa gestión, Occidente puede mantener una posición de fuerza en la defensa de sus intereses cuando no se base en la certeza absoluta de que existe ese riesgo del que debemos defendernos. Sin embargo, tampoco es razonable servirse ahora de este informe como una especie de alegato universal contra Estados Unidos y convertir a Occidente en el culpable y al régimen teocrático iraní en la víctima inocente. Existen muchos otros indicios que desmienten las apreciaciones de ese informe y el primero de ellos reside en las propias palabras de Ahmadineyad presumiendo de tener planes para borrar a Israel del mapa Si es posible pensar que los planes de rearme militar por parte de Irán han sido de alguna manera desacelerados, tanto mejor. Pero no hay nada que indique que ello se haya producido por voluntad apaciguadora de los ayatolás. Otros interlocutores en la negociación con Teherán- -tan poco sospechoso de parcialidad como Javier Solana- -han criticado la opacidad y la abierta mala voluntad de los iraníes y han terminado por reconocer que sería necesario que el Consejo de Seguridad de la ONU ampliase las sanciones contra Teherán. Tal vez la proximidad de la batalla electoral del año que viene en Estados Unidos pueda explicar esta filtración cuyas consecuencias diplomáticas van más allá de la polémica con el régimen iraní. No era juego limpio blandir la amenaza de unas armas inexistentes ni lo es contribuir con fines inconfesables a atenuar las defensas de Occidente frente a una grave amenaza que no se puede ignorar. P FIN A LA LEGISLATURA MÁS RUDA ANUEL Marín presidió ayer su último acto institucional en el Congreso con motivo del aniversario de la Constitución. Suprimida en señal de luto la parte festiva de la celebración, el interés del acto se concentró en las palabras de Marín, a quien su propio partido dio por amortizado hace meses al anunciar la candidatura para ese puesto de José Bono si el PSOE gana en las elecciones generales previstas para el próximo 9 de marzo. Después de hacer pública su retirada de la política, el más alto cargo de las Cortes Generales está en condiciones de decir en voz alta algunas verdades incómodas. En términos abstractos, es fácil estar de acuerdo con las líneas capitales del discurso pronunciado ayer por el presidente del Congreso: volver a la Política con mayúsculas volar más alto o evitar otra legislatura tan dura y ruda como la actual son criterios compartidos por una gran mayoría de los españoles. Lo mismo ocurre con los elogios hacia una Transición democrática concebida como éxito colectivo. Con aciertos y con errores, Marín ha procurado ejercer dignamente su función moderadora en una etapa muy compleja y no ha sido un presidente especialmente cómodo para el Grupo socialista, aunque alguna vez sus decisiones han mostrado una preferencia inequívoca hacia los suyos. Tampoco consiguió promover el consenso imprescindible para la reforma del Reglamento, pero deja en marcha la modernización en el funcionamiento de la Cámara. Ayer, sin embargo, se equivocó el todavía presidente del Congreso al repartir de forma equidistante la responsabilidad entre los distintos grupos parlamentarios por el fracaso objetivo de esta legislatura. En democracia, el Gobierno es el que marca el rumbo político y el principal impulsor de las leyes que se aprueban y, como es notorio, Rodríguez Zapatero ha hecho todo lo posible por romper el consenso constitucional y por actuar de forma sesgada y partidista. Repartir M las culpas sobre la legislatura más ruda por igual entre el PSOE y el PP es una falacia interesada. Alguna responsabilidad tienen los populares por su actitud en algunos asuntos, pero el partido al que Marín pertenece es el que negoció con ETA instrumentalizando a las instituciones, el que impulsó reformas estatutarias repletas de tachas de inconstitucionalidad, el que ha promovido una ley revanchista para la recuperación interesada de una memoria histórica parcial e injusta, y el que ha pretendido expulsar del sistema a su adversario político fomentando pactos como el del Tinell en Cataluña. No debe olvidar Marín que han sido el PSOE y sus socios radicales quienes llevan toda la legislatura practicando en las Cámaras y fuera de ellas la estrategia de aislar al Partido Popular, atribuyéndole la distorsionada imagen de partido extremista e intransigente incapaz de pactar asuntos de Estado con el resto del arco parlamentario. Al veterano dirigente socialista le faltó valor ayer para transmitirle públicamente a su partido, identificándolo como tal, algunas de las críticas y reproches que guarda para sí. Por ello, consideró suficiente dirigir un reproche general a la clase política a la que pertenece. No obstante, debió evitar en su discurso de ayer en el Congreso, en otro desangelado aniversario de la Constitución, una equidistancia que resulta injusta. De cualquier modo, todo ello no obsta para que en el fondo de su mensaje resida una verdad: difícilmente la sociedad española podrá digerir tras las próximas elecciones generales una reedición del enfrentamiento que a lo largo de esta legislatura han demostrado todos los partidos, que representan a una inmensa mayoría de españoles convencidos de las virtudes y de la vigencia de la Constitución, que apelan a acuerdos permanentes entre los grandes partidos para afrontar las cuestiones de Estado y que, precisamente por esa falta de entendimiento, evidencian un creciente desapego de la política. CONDUCTORES DETENIDOS A entrada en vigor de la reforma del Código Penal relativa a delitos en materia de seguridad vial ha provocado la detención, en tan sólo tres días, de 154 conductores, de los cuales 151 pasaron a disposición judicial por exceso de alcohol- -la inmensa mayoría de los casos- -o de velocidad. Si se mantiene este ritmo de actuación policial, habría en un año cerca de 28.000 arrestos y, por tanto, un alto número de automovilistas convertidos en autores potenciales de un delito castigado con penas privativas de libertad. A pesar del triunfalismo del ministro de Interior y de los grupos parlamentarios- -todos, excepto el PP- -que aprobaron la reforma, las voces más sensatas advirtieron en su día de que no es razonable criminalizar a toda una sociedad. De hecho, estos datos demuestran que la amenaza de una sanción penal no disuade a los infractores dispuestos a superar los límites o a consumir bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante. En definitiva, los malos conductores siguen haciendo lo mismo que antes y no se dejan intimidar por la letra de la ley, tal vez porque son conscientes de que la administración no podrá mantener indefinidamente esta actitud rígida. La sociedad española está muy mal acostumbrada en cuestiones de seguridad vial: de hecho, los límites de velocidad se infringen de forma permanente y ello conlleva el desprestigio de las normas jurídicas cuyo cumplimiento ha caído en desuso. A mayor abundamiento, la reforma aprobada hace pocas semanas por las Cortes Generales puede acarrear conse- L cuencias indeseables en diversos ámbitos. Por una parte, los agentes de tráfico tendrán que dedicarse casi en exclusiva a vigilar la velocidad de los usuarios de las vías públicas, en perjuicio de las funciones de ayuda y cooperación con los automovilistas que son fundamentales para la buena imagen de una administración a la que se acusa- -a veces con razón- -de un excesivo afán represivo y recaudatorio. Además, los juzgados pueden verse superados por la acumulación de expedientes en este ámbito, dando lugar a nuevas dilaciones que el ya notable retraso con que funciona la Justicia no se puede permitir. Por último, los propios centros penitenciarios no están en condiciones de asumir una carga indefinida de reclusos, en diferentes situaciones procesales, derivada de una aplicación estricta de la nueva ley. Legislar no es sólo cuestión de buenas intenciones, sino que exige prudencia y sentido común. Esta vez el legislador ha querido dejar su huella en el Boletín Oficial del Estado sin pararse a considerar todas las consecuencias de su decisión. Los resultados saltan ya a la vista. La sociedad española tiene muchas cuentas pendientes con la seguridad vial, desde una acción eficaz en la familia y en la escuela hasta la inversión adecuada en las carreteras. Hace falta un serio esfuerzo para que los ciudadanos se convenzan de que la administración cumple una labor positiva y no se dedica solamente a poner multas y a imputar delitos a los conductores imprudentes. No es recomendable saltarse las etapas por medio de reformas cosméticas y de dudosa efectividad práctica.