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22 ESPAÑA XXIX aniversario de la Constitución JUEVES 6 s 12 s 2007 ABC LAS PARADOJAS DE UN BUEN DICTAMEN Más allá del ámbito jurídico, los españoles tenemos que pensar muy en serio sobre la encrucijada constitucional que nos plantea el 9 de marzo políticos. La comunidad jurídica reconoce su calidad, sin excepciones de relieve. Consigue, en efecto, estar a la altura de las circunstancias. El dictamen cuenta con dos votos particulares concurrentes, de naturaleza técnica, y con otro discrepante firmado por José María Aznar, entonces consejero de Estado, que rechaza la oportunidad política de la reforma. Curiosa paradoja. Leído y asimilado por los juristas del Gobierno, el entusiasmo por la revisión constitucional se enfría poco a poco con el argumento elemental de que falta el consenso ineludible. Leído y asimilado por los juristas de la oposición, el PP emprende un estudio interno sobre la reforma. La tarea culminó hace unos días, a la misma hora del infame asesinato doble de Capbreton. Mariano Rajoy habla del magistral dictamen y presenta una serie de propuestas cuya inspiración es fácil reconocer en aquel documento. Con ánimo irónico: el artículo 107 de la Constitución dice que el Consejo es el supremo órgano consultivo del Gobierno, pero olvida añadir que lo es también de la oposición. Termina la legislatura, la norma fundamental sigue como estaba y ya veremos a dónde nos llevan las elecciones del 9- M. ¿Y después? El PSOE no dice nada, pero los antecedentes están ahí: mutación constitucional por vía estatutaria, si el Tribunal Constitucional no lo impide. El PP lo tiene claro: reforma sensata en puntos muy concretos para reforzar los valores y principios, es decir, una suerte de blindaje del consenso alcanzado en 1978. Buena literatura jurídica, razonamiento a veces premioso, Derecho que fluye poco a poco desde la serenidad del argumento formalista. Pocas concesiones a la realidad social y política, aunque alguna se escapa. Ante todo, respuesta impecable acerca de la sucesión a la Corona: referencia expresa a Don Felipe en el artículo 57 y supresión de la preferencia del varón sobre la mujer. Ulteriores factores biológicos han reforzado la tesis del tiempo sosegado, pero no ilimitado, para desarrollar una reforma exigida por el Espíritu de la Época. La cuestión europea deja margen para la discusión doctrinal. Ahora bien, como el Tratado Constitucional duerme el sueño de los justos, no hace falta ya incorporar retórica supranacional a una norma capaz de asumir nuevas exigencias en este terreno. El núcleo del dictamen nos conduce, como no, a la vertebración territorial del Estado. No nos engañemos: 29 años despues, los españoles seguimos hablando siempre de lo mismo. El Consejo da una de cal y otra de arena sobre el asunto de la denominación específica en el texto constitucional de las comunidades autónomas. No es, por cierto, una cuestión menor dadas las cambiantes circunstancias de nuestro juego político. En un momento dado, el dictamen realiza un salto dialéctico que deja perplejo al lector poco avisado. En efecto, depues de agradecer al Gobierno la confianza depositada, pone rumbo hacia otras cuestiones estrechamente relacionaldas con la reforma... para completarla y perfeccionarla Llegamos así al meollo de la cuestión. Así, al modo de un excursus el Consejo de Estado desmenuza la distribución territorial del poder y extrae todo su jugo a la Constitución más principialista de todos los tiempos. Por ejemplo, al principio de solidaridad, convidado de piedra para los egoistas del terruño y, en cambio, piedra angular de una nación de ciudadanos para los creyentes en el Estado social y democrático de Derecho. Es un sistema abierto, recuerda el dictamen, pero es imprescindible poner límites a la apertura; entre ellos, recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad y precisar el ámbito- -confuso y difuso- -de las leyes del artículo 150. Lo principal: hay que determinar el nucleo duro intangible de las competencias del Es- Benigno Pendás tado, esto es, las facultades indelegables e indisponibles, por ser constitutivas de la soberanía o, con sabor a los poderes implícitos del juez Marshall, porque son indispensables para que el Estado funcione como tal. Aquí entronca directamente el texto aprobado en febrero de 2006 con la propuesta del PP formalizada hace tan solo unos días. Extraños requiebros de la política. A veces en la vida hay pocas cosas tan sorprendentes como las consecuencias de un exito. Como de costumbre, hay que hablar de la reforma del Senado. Luce en este apartado alguna pluma profesoral: la representación territorial es una modulación de la representación política general. Entramos en un terreno constructivista. Fórmulas varias para la composición de la cámara alta, con circunscripción electoral autonómica y mandato homogéneo. Especialización legislativa, tal vez poco ambiciosa. Reforma menor del procedimiento: da igual dos meses que cuatro, no nos engañemos. Una cámara con aire de foro para una especie de gobernanza multinivel, con términos al uso en el discutible federalismo cooperativo: espacio de concertación y otros parecidos. Tampoco el Consejo de Estado ha descubierto la panacea para los males de una institución en busca de autor. No es fácil, me temo, y por eso han tropezado en la misma piedra muchas ocurrencias ingeniosas. El problema es muy simple: si no sabemos cuál es nuestro modelo territorial, mal podemos diseñar la pieza que funciona como cierre del sistema. Entre varias propuestas discutibles, hay un par de aciertos evidentes. Uno, el descarte de una institución tipo Bundesrat, responsable- -aunque no en exclusiva- -de la famosa trampa del consenso. La política es así. Discurso de investidura. José Luis Rodríguez Zapatero presenta una propuesta heterogénea de reforma constitucional en torno a cuatro elementos: sucesión a la Corona, integración europea, referencia expresa al nombre de las comunidades autónomas y Senado territorial. Protagonismo del Consejo de Estado en el proceso. Rumores de integración del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el alto cuerpo consultivo. Al final, por fortuna, no se confirman. Como sucedáneo, nueva Sección de Estudios y reforma ad hoc de la ley orgánica. Otra vez el modelo del Conseil francés para facilitar el encargo hecho a una influyente escuela de constitucionalistas. El Consejo trabaja bien, como acostumbra. Tal vez le cuesta un poco adaptar su tradición a las nuevas exigencias. Dicho de otro modo: la mezcla de la jurisprudencia pretoria con la ingeniería social constructivista exige prudencia y sentido del equilibrio. El dictamen cumple las expectativas. El Pleno del Consejo aprueba el voluminoso documento en sesión del 16 de febrero de 2006. Rubio Llorente lo entrega en La Moncloa al presidente del Gobierno. A pesar de su complejidad técnica, causa revuelo en los medios Última etapa Blindaje del consenso Mereció la pena encargar el dictamen al Consejo de Estado, aunque por esta vez los juristas del Príncipe hayan sido más propicios a la oposición que al Gobierno Si no sabemos cuál es nuestro modelo territorial, mal podemos diseñar la pieza que funciona como cierre del sistema