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4 OPINIÓN JUEVES 6 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro FRENAZO EN SECO DE LA ECONOMÍA SEVERIDAD CONTRA ETA EN FRANCIA E consumó la triste noticia, no por esperada menos dolorosa: la muerte del guardia civil Fernando Trapero en el hospital de Bayona renueva el inmenso dolor de la sociedad española ante el infame asesinato perpetrado hace unos días. Ayer mismo, las Fuerzas de Seguridad francesas y españolas anunciaron la detención de dos miembros de ETA a los que se atribuye el intento de robo de un vehículo el lunes pasado en la localidad francesa de Gabillou, y todo apunta a que son también los autores materiales del asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton. Hace tiempo que la colaboración de Francia en la lucha contra ETA es irreprochable en el ámbito político y policial, pero en este caso conviene resaltar de modo especial la rapidez y la eficacia con que se han llevado a cabo estas detenciones, en colaboración también con agentes españoles. Antes de cualquier otra consideración, la respuesta de un Estado democrático frente a una banda de asesinos consiste en la captura de sus miembros y su puesta a disposición judicial. En este caso, el crimen ha tenido lugar en el país vecino y sus autores serán juzgados por la Justicia francesa, aplicando la legislación penal correspondiente. En Francia, la ley prevé la condena de prisión a perpetuidad para los terroristas implicados en delitos de sangre, pena sólo revisable en circunstancias muy específicas y no sin haber cumplido al menos cuarenta años de cárcel. Será interesante comparar en su día la severidad de la pena que la Justicia gala imponga a los autores de los dos asesinatos con la equivalente en nuestro Código Penal, que no contempla la cadena perpetua, pero es fácil presuponer que asesinar en territorio francés les resultará bastante más gravoso. Los antecedentes de uno de los etarras detenidos, Asier Bengoa, demuestran algunas de las insuficiencias que, a los ojos de mucha gente, aquejan a nuestro sistema judicial y a la propia legislación procesal y penitenciaria. El terrorista, que fue detenido en abril de 2003 como colaborador de ETA, quedó S recluido en prisión provisional durante más de tres años hasta que pudo ser juzgado en septiembre de 2006. En noviembre de ese año, unos días antes de que la Audiencia Nacional dictara sentencia, y en vista de que su condena- -no firme- -iba a ser de siete años y medio de cárcel y de que ya había cumplido alrededor de la mitad de su pena, los jueces le excarcelaron. Por tanto, conforme a la ley no existen irregularidades formales, pero las circunstancias del caso merecen una seria reflexión porque Bengoa no cumplió la pena real que le fue impuesta. Ahora, detenido en Francia, se ha comprobado que aquella circunstancia le permitió reincorporarse a la banda sin ninguna dificultad. Precisamente con el fin de evitar este tipo de episodios- -humillantes e indignantes para las víctimas del terrorismo e incomprensibles para un amplísimo sector de la ciudadanía- el Gobierno de José María Aznar puso en marcha durante su mandato una exitosa y constante estrategia de presión legislativa contra ETA y su entorno que culminó a finales de 2003 con la reforma penal que hoy regula el cumplimiento íntegro de penas y acota al repertorio de privilegios con los que la ley terminaba por beneficiar a muchos miembros de ETA o a sus colaboradores. Esa reforma no llegó a afectar a Bengoa, como tampoco a los etarras que hubiesen cometido sus delitos con anterioridad a su entrada en vigor. Pero hoy, y en contraste con los tres años de silencio legislativo del Gobierno de Rodríguez Zapatero contra ETA, los hechos acreditan que aquellas reformas marcaron el camino idóneo, porque la sensibilidad de un legislador permisivo en exceso hacia la banda ha demostrado una y otra vez que sólo sirve para dar facilidades a los terroristas a la hora de nutrir su siniestra cantera de pistoleros y proseguir con sus atentados. Desgraciadamente, Raúl Centeno y Fernando Trapero han pagado el precio más alto posible. Ahora sólo queda esperar que la Justicia francesa caiga con toda severidad sobre los culpables. CONSTITUCIÓN INDEFENSA L aniversario de la Constitución de 1978 se celebra hoy en medio de un clima de desunión política y desconfianza ciudadana, agravado por el balance de una legislatura muy negativa para la estabilidad institucional de España. El Gobierno socialista finaliza su mandato dejando tras de sí políticas que han menoscabado pilares esenciales del edificio constitucional, empezando por ese empeño revisionista en sustituir la generosidad de la Transición por un ajuste de cuentas en el que la izquierda se ha comportado como si hace treinta años hubiera cedido en unas reivindicaciones que ahora toca cobrarse. Así, en estos tres años y medio no ha habido espacio político en el que la concertación de socialistas y nacionalistas no haya dejado su impronta frentista, desde la memoria histórica a la quiebra de la solidaridad entre regiones, pasando por la irrupción en el orden de valores sociales, el acoso a las principales instituciones del Estado de Derecho, la complacencia con el republicanismo más agresivo o el propósito declarado de desterrar a la derecha de cualquier pacto sobre los asuntos de Estado. Veintinueve años después de la aprobación de la Constitución, el futuro es preocupante. Cuando un Gobierno no asume como objetivo prioritario la defensa del orden constitucional y, por el contrario, se dedica como aprendiz de brujo a jugar con el mandato constituyente, el resultado sólo puede ser la apertura de un período de crisis y desconfianza. Prueba de todo ello es que no ha habido un Gobierno como éste que haya E generado una legislación más hipotecada por la amenaza de la inconstitucionalidad. La ley integral contra la violencia sobre la mujer, la ley de Igualdad, el matrimonio entre homosexuales o el Estatuto de Cataluña están recurridos en el Tribunal Constitucional, y no en todos los casos por recursos del PP sino también a instancia de comunidades autónomas, del Defensor del Pueblo y de jueces. Es normal que las leyes sean sometidas al TC, pero no lo es que sistemáticamente el Gobierno y el PSOE hayan utilizado la potestad legislativa del Parlamento sin atenerse a la más mínima consideración de sus límites constitucionales. En este sentido, la difícil situación interna del TC, unida a un inexplicable retraso en la resolución de los principales recursos de inconstitucionalidad, culmina un cuadro de indefensión efectiva del orden constitucional en la legislatura más hostil para la integridad de la Carta Magna. La reforma constitucional se plantea ya como una opción de programas electorales. Zapatero desechó la que le planteó el Consejo de Estado y utilizó el atajo del Estatuto catalán. Es lógico que se haya levantado la veda a las enmiendas constitucionales porque están rotos los equilibrios tácitos con los que los principales partidos habían conservado el consenso constitucional. La propuesta del PP de blindar las competencias de las instituciones centrales del Estado, por difícil que sea su ejecución en caso de que Rajoy llegue a La Moncloa, es razonable y necesaria porque este mandato socialista ha consumido la confianza en la lealtad constitucional de la izquierda. OS datos confirman un secreto a voces, la economía española se ha frenado en seco en este final de año, el consumo privado está en retirada y la crisis de la construcción española es intensa. El paro subió en noviembre por sexto mes consecutivo y el número de parados se acerca a los dos millones cien mil. El ministro Caldera, el primero en convocar ruedas de prensa cuando las noticias son buenas, no fue esta vez el responsable de dar las cifras. Quizás porque ya no es creíble su tradicional optimismo sobre la evolución del desempleo. Lo ha vuelto a confirmar el índice de confianza del consumidor del ICO, que sigue en mínimos históricos. Tampoco resulta creíble la esperanza de que la industria tome el relevo de la construcción como impulsora del crecimiento y el empleo. Primero porque el propio sector industrial empieza a dar señales inequívocas de flaqueza ante el giro que están tomando las expectativas de crecimiento europeas y la fortaleza del euro, pero además porque su capacidad de creación de puestos de trabajo nunca ha sido comparable. Hasta en el sector servicios, la última esperanza blanca del optimismo oficial, ha aumentado el desempleo. Se trata de un aumento generalizado y preocupante que afecta al núcleo duro del mercado de trabajo, varones mayores de 25 años, lo que da idea de la intensidad y profundidad del cambio de panorama laboral. No es un fenómeno estacional, como intenta hacer creer el secretario general de empleo, ni se debe sólo a la fortaleza de la población activa, lo que tampoco sería un atenuante pues evidenciaría la incapacidad de nuestra economía para ofrecer trabajo a las nuevas generaciones y las nuevas oleadas de inmigrantes. El Gobierno ha pecado de complaciente con la situación económica, despreciando incluso las llamadas de atención que provenían del propio gobernador del Banco de España. Ha preferido ignorar la realidad y tildar de catastrofistas a todos los analistas. También en economía, Zapatero sólo acierta cuando rectifica, como hizo al apuntarse a la propuesta popular de suprimir el impuesto sobre el patrimonio. El Ejecutivo ha dejado pasar un tiempo precioso antes de reaccionar al cambio de ciclo que se venía anunciando antes del verano. Ha preferido buscar culpables externos, los precios del petróleo o las hipotecas americanas de alto riesgo, antes que esforzarse por diseñar políticas que confronten la desaceleración. La legislatura está acabada y es difícil esperar grandes iniciativas económicas, pero no basta con mantener a Pedro Solbes. Está aún pendiente un diagnóstico correcto de la situación que reconozca que se ha perdido una gran oportunidad para consolidar casi quince años de crecimiento económico por la ausencia de coraje político para emprender las reformas estructurales pendientes. Y se han elegido unos socios de gobierno que no son los más adecuados para la política económica que España necesita. L