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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 5 s 12 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ESPAÑA, OTRA VEZ A LA COLA EN EDUCACIÓN OS informes internacionales en materia de educación arrojan una y otra vez malos resultados para los estudiantes españoles. El reciente informe Pirls revela que nuestros escolares de cuarto de Primaria- -es decir, niños entre 9 y 10 años- -son los cuartos peores de Europa en comprensión lectora y que tres de cada diez niños no entienden bien lo que leen. Por su parte, el conocido informe Pisa, en su versión de 2006 que ayer presentó la ministra de Educación y Ciencia, refleja de nuevo que los españoles de cuarto de ESO se estancan en el estudio de las ciencias, ocupando un discreto puesto 31 de un total de 57 países evaluados, con un porcentaje inferior en 12 puntos al fijado por la OCDE. Lo mismo ocurre en capacidades de lectura, en las que estamos 31 puntos por debajo de la media, con el agravante de que hemos sufrido el mayor deterioro en este terreno entre todos los países de la referida organización. Los datos son inapelables y vienen a confirmar una tendencia prolongada en el tiempo. Algo falla en el sistema educativo español, alterado siempre por criterios coyunturales y partidistas ante la desmoralización de la comunidad escolar. Padres, titulares de centros, profesores y alumnos son víctimas de una o de otra manera del desconcierto que afecta a los responsables de la política educativa. Ayer mismo, Mercedes Cabrera era incapaz de ofrecer respuestas razonables ante la contundencia de los datos y, peor todavía, el propio Rodríguez Zapatero insistía en la práctica de esa ridícula oposición retrospectiva con la que pretende justificar todos sus errores. Ahora resulta que, según el presidente del Gobierno, la culpa la tienen las leyes anteriores, como si después de cuatro años en el poder el PSOE pudiera quitarse de encima la responsabilidad con argumentos tan peregrinos. Nuestro sistema educativo necesita una fuerte dosis de sentido común. Es imprescindible alcanzar un pacto de Estado, vertebrar las enseñanzas básicas en el conjunto de España y legislar menos pero de forma más racional. Los planes de estudios deben plantearse a largo plazo y los métodos educativos han de inspirarse en criterios que funcionan bien en otros países y no en las ocurrencias ocasionales del político de turno. El premio a la excelencia y al esfuerzo y el orden en las aulas son elementos indispensables para volver al buen camino, frente a la demagogia y el falso igualitarismo, que perjudican a los estudiantes con menos recursos económicos. Nos hemos acostumbrado ya a viajar en el furgón de cola del informe Pisa y otros análogos, pero éste es un lujo que no nos podemos permitir en una sociedad globalizada y competitiva, donde cada día cuenta más la capacidad para ofrecer un buen nivel de formación. Tal vez hay asuntos más urgentes, pero quizás ninguno es tan importante para el futuro de la sociedad española como encauzar por vías razonables el rumbo de un sistema educativo a la deriva. L ESPEJISMO DE CONSENSO A concentración por la libertad y por la derrota de ETA reflejó las consecuencias de la errónea decisión de Rodríguez Zapatero de no asistir y de la incapacidad de la clase política a la hora de trasladar a la sociedad un mensaje claro de unidad y de consenso. En medio de este clima enrarecido, la concentración resultó decepcionante, porque la opinión pública percibe nítidamente el enfrentamiento partidista y no se siente concernida a secundar este tipo de iniciativas, convocadas de forma apresurada y abocadas a un fracaso que resulta frustrante cuando no hace más de tres días que ETA asesinaba en Francia al guardia civil Raúl Centeno y dejaba en estado crítico a su compañero Fernando Trapero. Cierto es que el acto contó con la presencia de Mariano Rajoy, quien ha cumplido escrupulosamente sus compromisos para el caso de que ETA asesinara y el Gobierno estuviera dispuesto a facilitar una respuesta común. El Partido Popular ha demostrado coherencia con sus ofertas de consenso al Ejecutivo socialista y se presenta como un aval solvente de estabilidad para la política antiterrorista si Rodríguez Zapatero decide asumir la nueva etapa que ha abierto el último atentado etarra. Su proceder contrasta con el empeño del PSOE de buscar excusas inverosímiles a la ausencia de Rodríguez Zapatero y de los ministros de su Gobierno. Cuando, finalmente, se alcanza una precaria unidad política contra el terrorismo, el presidente del Gobierno la elude al no estar presente en la manifestación que repudia el primer atentado mortal de ETA desde que la banda terrorista revocó la tregua. En un momento de crisis como el actual, un presidente de Gobierno no puede ni debe renunciar al liderazgo de la reacción social y política. La debilidad que ayer transmitió Rodríguez Zapatero es un lastre para tomar las decisiones que, en este momento, deberían provocar una auténtica reposición de las políticas de Estado, principalmente la antiterrorista y la territorial, al tiempo en que eran compartidas por el PP y el PSOE. Ciertamente, la manifestación de ayer, L como subrayó editorialmente ABC, no era suficiente para recuperar el consenso, pero la actitud del Gobierno ha hecho más difícil este objetivo, porque ha optado por una estrategia de repliegue en el momento más inconveniente. El problema no es sólo lo que piensen los ciudadanos. También lo que piense ETA. Zapatero debe lanzar sin demora un mensaje nítido a la sociedad de que está dispuesto a liberar a la política nacional de las alianzas parasitarias que ha pactado con los nacionalismos extremistas, tan incompatibles con una decidida apuesta por la derrota incondicional y política del terrorismo. La actitud que se espera hoy del Gobierno es que atienda el llamamiento de la nación para restablecer los consensos constitucionales y recuperar para el Estado las energías perdidas en un proceso alocado de reconocimientos soberanistas y estatutos falsamente autonómicos y realmente confederales. El PP ha sabido conectar con el sentimiento mayoritario de la sociedad y su voz en estos días ha sido constructiva y ha encontrado el difícil equilibrio entre su apoyo a las víctimas, que ayer decidieron no asistir, con la responsabilidad de elaborar y ejecutar una agenda política propia. Ahora es tiempo de cambios inmediatos y creíbles en la dirección política del país. No bastan las promesas electorales- -que requieren un crédito malgastado por el PSOE- -ni invocaciones retóricas a una unidad en la que no cree el Gobierno. Ahí esperan la resolución parlamentaria que autoriza el diálogo con ETA, cuya pervivencia es un insulto a las víctimas y a la dignidad del Estado. ANV parece un escurridizo fantasma que sólo deja indicios y siempre insuficientes. En cualquier caso, cuando llegue su ilegalización, será tarde, porque sus concejales ya han instalado la quinta columna de ETA en los ayuntamientos vascos y navarros. Nunca unas elecciones generales, como las de 2008, estarán tan claramente al servicio de un verdadero cambio político. Ayer se vio en la Puerta de Alcalá el resultado de una legislatura que ha sembrado la sociedad de crispación y desunión. MÁS PODER PARA EL FISCAL A Sala Segunda del Tribunal Supremo ha dado un vuelco a la justicia penal con la sentencia que restringe la actuación procesal de la acusación popular en los procedimientos que juzgan delitos castigados con pena no superior a nueve años. El pasado lunes, por nueve votos a favor y cinco en contra, los magistrados del TS pusieron fin a un debate técnico jurídico suscitado por el sobreseimiento del caso de las cesiones de créditos del Banco de Santander. La Sala de la Penal de la Audiencia Nacional archivó esta causa porque consideró que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite abrir juicio oral sólo cuando lo solicita el acusador popular. Esta doctrina ha sido ratificada por el TS, pero habrá que esperar a conocer el texto de la sentencia porque podría recoger pautas interpretativas sobre el alcance concreto de sus efectos. Además, la acusación popular personada en el proceso contra el Banco de Santander ha anunciado que presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Conviene recordar que la Constitución de 1978, siguiendo una tradición iniciada por la de 1812, atribuye a los ciudadanos la acción popular, aunque esta mención no implica un derecho incondicional a poder acusar en todo caso. La acción popular no desaparece del proceso penal por efecto de la sentencia del TS, pero su eficacia queda de hecho supeditada a la posición que fije el Ministerio Fiscal en cada caso. Puede darse la paradoja de que la querella de una L acusación popular abra una investigación penal, que el juez instructor impute el delito al querellado y que éste, al final, no se siente en el banquillo porque el fiscal se oponga a la apertura de juicio, siendo irrelevante la petición del acusador popular. La principal consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo es, por tanto, que allana el camino para que el fiscal asuma el monopolio del poder acusatorio por delitos que atentan contra intereses generales y en cuyos procesos no es posible la personación de víctimas, porque no las hay, como acusadoras particulares. Es decir, se juzgará a quien quiera el fiscal. Por eso, será necesario que, además de reformar el proceso penal, se introduzcan en el Estatuto del Ministerio Fiscal principios elementales de transparencia y control en las negativas de acusar que puedan basarse más en motivos de oportunidad política, que en el principio de legalidad. La escandalosa absolución de Arnaldo Otegui es un precedente que no se debe olvidar. Además, si el Ministerio Público va a acumular semejante poder jurídico en sus manos, habrá de instaurarse un sistema efectivo de responsabilidad legal de los fiscales que corrija lo que muchos expertos califican como el limbo de inmunidad en el que se mueve esta institución. En definitiva, tan merecedor de sanción es un juez por una sentencia intencionadamente injusta como un fiscal por la retirada arbitraria de una acusación contra un delincuente.