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22 ESPAÑA Vuelco en la acción penal MARTES 4 s 12 s 2007 ABC Puerta abierta para Ibarretxe Los efectos colaterales del archivo del caso de las cesiones de crédito pueden llegar hasta el lendakari, que debía sentarse en el banquillo de los acusados por reunirse con la ilegalizada Batasuna M. C. MADRID. El lendakari Juan José Ibarretxe ha encontrado un inopinado apoyo en el Tribunal Supremo que despeja su horizonte judicial. El Foro Ermua y Dignidad y Justicia se presentaron como acusación popular contra el lendakari por las reuniones que mantuvo con la ilegal Batasuna. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó los recursos de la defensa y dejaba el camino allanado para la apertura del juicio oral. Ibarretxe estaba abocado a sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de desobediencia, pese al criterio del fiscal, que no formuló acusación. Pero la decisión del Supremo sobre el caso de las cesiones de crédito ha cambiado el horizonte judicial de Ibarretxe de la noche a la mañana. El criterio de la Audiencia Nacional, apoyado ahora por la Sala Segunda es tajante: No puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular El procedimiento que afecta a Ibarretxe es similar al de las cesiones de crédito. El pasado 30 de octubre, un juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco abrió juicio oral al lendakari, los dirigentes socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y cinco dirigentes de la ilegalizada Batasuna, a pesar de la oposición de la Fiscalía, por las reuniones que mantuvieron. En este caso, también fue la acusación popular la única que instó la apertura de juicio oral. De hecho, la defensa de Ibarretxe planteó como cuestión previa que se aplique la doctrina de la Audiencia Nacional en el caso de las cesiones de crédito, ahora respaldada por el Supremo y que se deje sin efecto la apertura de juicio oral. La Fiscalía solicita el sobreseimiento de la causa y ningún posible perjudicado se ha personado como acusación particular. El caso bórico también podría archivarse Otro caso afectado por la decisión del Tribunal Supremo es el del ácido bórico que tramita la Audiencia Provincial de Madrid. Este Tribunal ya ha señalado para el próximo 15 de febrero la apertura de juicio oral contra los cuatro mandos policiales que rectificaron un informe de la Policía Científica en la que se trataba de vincular a uno de los presuntos implicados por el 11- M con un etarra por el hecho de que en sus domicilios se encontró ácido bórico. La Audiencia desestimó las peticiones de sobreseimiento de la causa hechas por la Fiscalía de Madrid y la Abogacía del Estado. La acusación popular la llevó a cabo la asociación Ayuda a las Víctimas del 11- M. Si se sigue el criterio fijado por el Tribunal Supremo, este caso debería quedar también archivado al comparecer en solitario la acusación popular. Urkullu, sentado en el centro, presidió la primera ejecutiva del PNV tras su elección EFE RÉQUIEM POR LA ACUSACIÓN POPULAR La acusación popular se convierte en una parte subordinada de las demás, y pierde la facultad principal que tiene cualquier acusación: solicitar la apertura del juicio de la resolución dictada por el Tribunal Supremo son de enorme trascendencia: a partir de ahora, la acusación popular se convierte en una parte subordinada de las demás acusaciones, perdiendo la facultad principal que tiene cualquier acusación: solicitar la apertura del juicio. La situación es especialmente grave- -y preocupante- -en aquellos casos en que, por razón del tipo de delito de que se trata (delitos urbanísticos, ecológicos, de desobediencia, prevaricación, enaltecimiento terrorista, tenencia de armas, etc, los perjudicados no son individuos concretos, perfectamente identificables, sino una colectividad indeterminada- -toda la comunidad- lo que impide la presencia de una acusación particular. En estos casos, hasta ahora, podían acusar el Fiscal o la acusación popular; a partir de la nueva jurisprudencia, acusar o no queda exclusivamente en manos del Fiscal. Así pues, desde hoy, en los delitos en que se vulneran bienes jurídicos supraindividuales o colectivos, queda instaurado un sistema en que el Ministerio Público tiene de hecho el monopolio en el ejercicio de la acción penal. Y dado el comportamiento seguido últimamente por la Fiscalía en relación con algunos de esos delitos- -siempre especialmente sensibles para los intereses gubernamentales- no se puede decir que sea una buena noticia ni para el principio de legalidad ni para el Estado de Derecho. Los efectos colaterales de la decisión no se van a hacer esperar: a la Fiscalía le va a faltar tiempo para pedir el archivo de casos donde la apertura de juicio oral se realizó a instancias únicamente de la acusación popular, como el presunto delito de desobediencia cometido por Ibarreche, o la presunta falsedad cometida en el informe pericial sobre el ácido bórico en el sumario del 11- M. No obstante, no hay mal que por bien no venga: ahora que los partidos políticos elaboran su programa electoral, es el momento de reclamarles una propuesta que regule adecuadamente la figura de la acusación popular, reforzando su papel en esos delitos cometidos contra los intereses generales, y limitando los abusos que en ocasiones se han podido producir y que han terminado por originar su injusta e inesperada defunción. Julio Banacloche Catedrático de Derecho Procesal de la UCM Sin acusación particular El Gobierno autonómico vasco ha considerado que la decisión del Supremo de confirmar el archivo del caso de las cesiones de crédito, por estar sostenido sólo en la acusación popular, es acertada según informa Efe. Para el Ejecutivo de Ibarretxe, la decisión del Supremo confirma la tesis defendida por los abogados del lendakari que habían pedido al juez el archivo del caso basándose en la decisión de la Audiencia Nacional confirmada ayer por el Supremo. Se demuestra que la causa penal contra el lendakari nunca debería haberse abierto y que es una causa fruto del impulso político de la Justicia según fuentes del Ejecutivo regional. Otros casos en los que la acusación popular ha sido determinante para la apertura de juicio oral, en contra del criterio del fiscal, han sido el del ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa- -la acusación correspondió a Manos Limpias- -y el caso Egunkaria con la AVT y Dignidad y Justicia como únicas acusaciones. También en estas ocasiones el Ministerio Fiscal optó por no formular acusación al no apreciar delitos. El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resolvió ayer que, en los procedimientos abreviados (que son la mayor parte, en concreto, aquéllos en que se enjuician delitos que tienen señalada pena inferior a nueve años) la acusación popular no puede por sí sola abrir juicio oral contra un acusado. Esto significa que si el Fiscal- -y la acusación particular, es decir, el ofendido o perjudicado por el delito, si es que existe- -solicita el sobreseimiento, hay que archivar el caso y no cabe continuar con el proceso penal. Con esta decisión el Tribunal no hace sino aplicar literalmente una reforma del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducida por el Parlamento en octubre de 2002. Aunque cabía realizar otras interpretaciones de la norma, lo cierto es que no se puede hablar de una decisión política de los magistrados, sino de la aplicación jurídica de una decisión política previa- -probablemente no suficientemente meditada- Las consecuencias directas A la Fiscalía le va a faltar tiempo para pedir el archivo de casos donde sólo hubo acusación popular