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ABC LUNES 3 s 12 s 2007 ETA VUELVE AL TIRO EN LA NUCA POSIBLE VUELCO EN LA ACCIÓN PENAL CONTRA LA BANDA ESPAÑA 23 Javier Fernández Arribas UNIDAD FRENTE A ETA o hay otra opción: unidad de todos frente al terrorismo de ETA. Estamos en campaña electoral pero lo que más van a valorar los ciudadanos es la actitud de unos y otros para hacer frente a la amenaza de la banda terrorista que ha dado un nuevo paso suicida al asesinar en territorio francés. La lucha antiterrorista es un asunto de ESTADO. Este concepto debe ser incuestionable y nadie debería haberlo utilizado como arma política arrojadiza en una legislatura para olvidar donde la división, fruto de la crispación y del enfrentamiento político y mediático, ha erosionado la convivencia entre los españoles y sólo ha beneficiado a los terroristas y a quienes les apoyan. ETA ha vuelto a asesinar y la respuesta debe ser unánime y firme. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha reaccionado muy positivamente: doy mi apoyo al Gobierno en la lucha contra el terrorismo En el Congreso se escenificaba una iniciativa de unidad de todos los grupos políticos ante el atentado en Francia. ¡Por fin! Se recupera la unidad frente a los terroristas. Este paso adelante ha tenido un punto de referencia, generoso e inteligente, la declaración de apoyo al Gobierno de un Mariano Rajoy que hasta el momento no conseguía romper la inercia de las encuestas. El tono del presidente del Gobierno al afirmar con rabia que los asesinos lo pagarán y cumplirán íntegras sus condenas significa que el sueño personalista de Zapatero de acabar con ETA se ha estrellado de bruces con la realidad más cruda: son asesinos y funcionan como una mafia. La unidad de todos los políticos en este mal trago de la lucha contra el terrorismo representa la mejor señal hacia los españoles y el mejor consuelo para los seres queridos de los dos jóvenes guardias civiles cazados a traición por los terroristas. La cuestión está clara: su sacrificio y el de otros muchos merece la pena porque lo hacen por un ideal, por España, y no para que sea manipulado en beneficio de uno u otro partido. Son jóvenes profesionales que arriesgan su vida por algo más que un sueldo. Merecen que los demás estemos a su altura. N Imagen del macrojuicio contra la trama civil de ETA, donde se personó como acusación Dignidad y Justicia POOL La acusación popular, en manos del Supremo Lo que hoy se dilucida en el TS es la posibilidad de abrir o no juicio oral en aquellos casos en que sólo lo pide el acusador popular, es decir, cuando el fiscal insta el archivo y no hay víctimas o perjudicados personados que pidan también la celebración de juicio J. ALBIOL MADRID. El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo verá hoy el recurso de casación contra el auto de la Audiencia Nacional que decretó el sobresemiento del caso de las cesiones de créditos del Banco de Santander, en el que estaba imputado su presidente, Emilio Botín. Esta causa se tramitó por los cauces del procedimiento abreviado, tipo de proceso en el que se juzgan delitos castigados con penas no superiores a nueve años de prisión y en ella estaban personados las defensas, el Ministerio Fiscal y una acusación popular, la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió archivar el caso de las cesiones de crédito porque interpretó en sentido literal el artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual sólo prevé que se abra juicio oral cuando lo solicita el Ministerio Fiscal o el acusador particular, pero no cuando lo pide únicamente una acusación popular, como es el caso. La decisión del Supremo es esperada con expectación en el ámbito jurídico porque, más allá de que se confirme o no el cierre de la causa contra Emilio Botín, también afectará al ejercicio de la acción popular, muy frecuente en los procesos que se siguen ante la Audiencia Nacional, como, por ejemplo, contra entramados de ETA. La acción popular, prevista por el artículo 125 de la Constitución de 1978, es un derecho de larga tradición en el ordenamiento jurídico español, sin que exista una institución similar en las legislaciones europeas. Permite a cualquier ciudadano presentar una querella por un delito público del que no es víctima y llegar a acusar formalmente al supuesto autor. Por tanto, la acción penal en España puede ser ejercida por el Ministerio Fiscal, la víctima u ofendido por el delito (el verdadero acusador particular) y el acusador popular. Lo que hoy se dilucida en el TS es la posibilidad de abrir o no juicio oral en aquellos casos en que sólo lo pide el acusador popular, es decir, cuando el Fiscal insta el archivo y no hay víctimas o perjudicados personados que pidan también la celebración de juicio, o habiéndolos se adhieren a la petición del Fiscal. Expertos consultados creen que sería posible fijar supuestos diferenciados para acotar los efectos de la doctrina de la Audiencia Nacional. Esos ex- pertos consideran que el papel de la acusación popular debe ser secundario frente al Fiscal y la acusación particular, cuando el delito ha causado o podido causar perjuicios concretos a personas determinadas y éstas deciden no actuar contra el autor. Por el contrario, la acusación popular tendría plena razón de ser en aquellos casos en que el delito no provoca perjuicios concretos, sino a bienes jurídicos generales, en los que técnicamente es muy difícil que puedan existir acusaciones particulares. En este caso, el riesgo de excluir a la acusación popular sería instaurar de hecho un monopolio a favor del Ministerio Fiscal, lo que no sería acorde con la naturaleza de la acción popular, como instrumento de la sociedad para evitar que el delito quede impune por intereses políticos o de mera oportunidad. Cuando el delito no causa víctimas, aunque sí perjuicios generales, la acusación popular podría mantener el protagonismo acusatorio sobre el que van a discutir hoy los magistrados de la Sala Segunda del Supremo.