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20 ESPAÑA Trama abortista en Cataluña SÁBADO 1 s 12 s 2007 ABC Prisión para los cabecillas de la red de clínicas abortistas descubierta en Barcelona Los otros tres detenidos, en libertad condicionada al pago de fianzas que no superan los 4.000 euros JANOT GUIL BARCELONA. La titular del juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona decretó ayer por la tarde prisión provisional sin fianza para tres de los seis detenidos el pasado lunes por practicar presuntamente abortos ilegales en cuatro clínicas privadas de Barcelona: Ginemedex, TBC y Fundación Morín, del Grupo CBM, y Emece. Entre los detenidos a los que se les decretó la prisión incondicional están el máximo responsable de la red de clínicas que practicaba los abortos ilegales, el cirujano peruano Carlos Morín, su esposa, María Luisa D. S. que gestionaba la clínica TBC, y María Virtudes S. V trabajadora de una de las clínicas y supuesta colaboradora de Morín. A todos se les acusa de presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, intrusismo profesional y falsedad documental. Por su parte, a los otros tres detenidos, los médicos Dimas A. C. Pedro Juan L. A. y Marcial R. se les decretó prisión provisional bajo fianza, por lo que eludirán la cárcel cuando depositen entre 2.000 y 4.000 euros, pese a que la fiscalía también pedía prisión incondicional para ellos. Según señalaron fuentes cercanas al caso, a última hora de ayer ya se habían consignado las fianzas de los tres detenidos. Sobre este caso sobrevuela una niebla informativa propiciada por el secreto de sumario impuesto. Según informaron fuentes jurídicas, la juez acusaba a los tres detenidos que podrían quedar libres de los mismos cuatro delitos que imputaba al resto. Con todo, el abogado de uno de ellos desmintió este extremo y aseguró a ABC que, al menos en el caso de su cliente, sólo pesaban sobre él las acusaciones de asociación ilícita y práctica de abortos ilegales. Este mismo letrado calificó de simbólicas las fianzas impuestas, por su baja cuantía. Respecto a Morín, su esposa y Virtudes S. V la juez, coinci. diendo con el criterio de la fiscalía, consideró que había un riesgo de que los acusados destruyeran pruebas o se fugaran, de ahí su opción por la prisión incondicional. La decisión de la juez que instruye el caso, Elisabeth Castelló, llegó el día después de una jornada maratoniana de declaraciones por parte de los euros. Según fuentes cercanas al caso, la esposa de Morín, María Luisa D. S. colaboraba con su marido en esta actividad ilícita, mientras que Virtudes S. V sería la encargada de cap. tar a posibles clientas para practicarles abortos. Los otros tres detenidos realizan supuestamente los abortos- -aunque algunas de las interrupciones de embarazo las había realizado el propio Morín, según algunas pacientes- administraban la anestesia y falsificaban los historiales psicológicos y médicos de las mujeres y los fetos. El lunes pasado, la Guardia Civil se incautó de gran cantidad de documentación en las cuatro clínicas registradas, que está siendo analizada, y también en la casa donde Morín y su esposa residen en Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Paralelamente, los agentes están tomando declaración a varias clientas de las clínicas. De momento, alrededor de veinte mujeres ya han pasado por este trámite y con sus declaraciones han aflorado varias irregularidades, como el hecho de que muchas de ellas aseguraran que su expediente médico incluía un examen psiquiátrico (preceptivo en el caso de que se alegue para abortar que hay un riesgo para la salud psíquica de la gestante, para la que no hay límite de semanas) pese a que ningún psiquiatra las había visitado. En cuanto a la acusación de falsificación documental y de intrusismo profesional, se sabe que uno de los detenidos ejercía de anestesista sin tener título. Además, al parecer el propio Morín realizaba intervenciones quirúrgicas que luego firmaba otro médico, pese a tener el título de cirujano, un gesto que quizás obedecía a la voluntad de ocultar sus prácticas ante el Departamento de Salud. Finalmente, la organización que dirigía Morín podría salpicar también a profesionales del sector de la sanidad pública, ya que se sospecha que tenía- -y quizá mantenía con comisiones- -una red de colaboradores en hospitales públicos que le enviaban a sus clínicas mujeres que querían abortar. El peruano Carlos Morín, en el momento de ser detenido el pasado lunes seis acusados, que duró 14 horas. Tras comenzar anteayer a la una del mediodía, la declaración ante la juez de los seis detenidos concluyó cerca de las dos de la madrugada de ayer. Luego, la juez decidió prorrogar su detención y los acusados pasaron la noche bajo custodia en la cárcel y no en el acuartelamien- AFP La juez del caso les acusa de cometer abortos ilegales, asociación ilícita, intrusismo y falsedad documental to que la Guardia Civil tiene en Travesera de Gracia, en Barcelona, donde consumieron sus días y noches desde que fueron detenidos el pasado lunes. Morín es a todas luces considerado como el cabecilla de esta red dedicada a abortos ilegales. Por cada uno de ellos se cobraba entre 3.000 y 6.000 Una red de colaboradores La Generalitat y sus responsables de salud, en entredicho J. G. BARCELONA. El pasado lunes, después de que se registraran las cuatro clínicas abortistas investigadas y se detuviera a Carlos Morín y a cinco personas más, la Generalitat de Cataluña intentó justificar su triste papel en este caso. Pese a que las prácticas de Morín ya habían sido denunciadas en 2004 por el rotativo británico Sunday Telegraph y en 2006, por la televisión danesa, la actuación del gobierno catalán concluyó el pasado verano, tras concluir unas inspecciones, con una multa de 3.000 euros; sólo se habían detectado irregularidades administrativas La portavoz del Ejecutivo catalán, Aurora Massip, alegó el lunes que la Generalitat no tiene más potestades que las que ya ejerció su Departamento de Salud. No piensan igual desde E- Cristians, la entidad que denunció a las clínicas. De hecho, su querella también se dirige a los funcionarios de Salud que deben inspeccionar las clínicas, de cuya profesionalidad se duda. Con esta acción, la entidad querellante pone también en el punto de mira a la Generalitat, a la que la juez del caso podría tener que sancionar de confirmarse que hubo irregularidades cometidas por las clínicas que debieron ser detectadas por la Administración catalana. ABC. es Toda la información sobre la trama de abortos ilegales en abc. es