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ABC JUEVES 29- -11- -2007 Crisis en el Tribunal Constitucional ESPAÑA 13 gistrados, o que sean admitidas, en cuyo caso la decisión de la admisión o no a trámite del recurso de los populares contra la LOTC quedaría en manos de ocho vocales: Vicente Conde, Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps (la presidenta y el vicepresidente del TC, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, se habían abstenido previamente) Por contra, en el primer supuesto (en el de un Pleno de diez magistrados) se volvería a la situación anterior a la guerra de recusaciones de forma que las fuerzas estarían divididas (cinco a cinco) con el voto de calidad del presidente. La base de las recusaciones de Rodríguez Zapata y GarcíaCalvo por parte del Gobierno se basa en un escrito que ambos enviaron a la presidenta del TC, María Emilia Casas, en el que expresaban su profunda discrepancia con el procedimiento elegido por Casas para dar cumplimiento a la reforma de la LOTC. El fiasco de las imitaciones La decisión del PP de copiar las maniobras del Gobierno sobre el TC se salda con un fracaso tan claro que no lo esperaban ni los dirigentes que pusieron pegas a las recusaciones defendidas por Zaplana y aprobadas por Rajoy por la gravedad de la situación ÁNGEL COLLADO MADRID. Aunque el motivo de fondo del Partido Popular para recusar a los tres magistrados del TC era intentar a la desesperada, cuestiones jurídicas aparte, que el Gobierno no se saliera con la suya en la maniobra de sus propias recusaciones, los acontecimientos empiezan a dar la razón a los que, en la dirección del partido, pusieron pegas y esbozaron advertencias prácticas ante el paso que se iba a dar. Las recusaciones no se agrupan, ni se anulan entre sí ni se resuelven por su orden. Si algo tiene la posibilidad de salir mal, saldrá mal dice la ley de Murphy. El pasado 25 de octubre, El portavoz del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, adelantó la respuesta del PP a la ofensiva del Gobierno- -era su principal partidario- Acebes y Astarloa pusieron objeciones técnicas y de imagen, Trillo abundó en la gravedad del órdago de Zapatero para controlar el TC y, al final, Mariano Rajoy dio el visto bueno a las recusaciones. El debate interno en la dirección del Partido Popular se zanjó con el argumento de que era urgente frenar los planes del Ejecutivo socialista de vaciar la Constitución desde dentro y que para eso valía casi todo, hasta copiar sus procedimientos. El grueso de la legislatura de Zapatero espera juicio en el TC. El estatuto catalán que cambia el ordenamiento constitucional y liquida el Estado autonómico, la ley de igualdad que impone cuotas en las listas de los partidos y en los consejos de las empresas o el llamado matrimonio homosexual se acumulan en el Constitucional. Zapatero necesita que siga en el cargo la actual presidenta, María Emilia Casas, progresista y de tendencia nacionalista, aunque se le acaba ya el mandato. Puede romper equilibrios. Se la prorroga por ley y ya está. Además, el Gobierno ha promovido otra reforma, la del sistema de elección de magistrados, para que el Senado se limite a tramitar las candidaturas de las Comunidades autónomas de forma tal que los socios nacionalistas de Zapatero- -incluidos ERC- -tengan influencia directa en el Tribunal Constitucional. Los cambios en la ley que rige el funcionamiento de un órgano constitucional se hacen sin el acuerdo de los dos grandes partidos y en beneficio de la influencia de los grupos que tienen como objetivo político liquidar la Constitución. Nuestra ley de leyes no dice nada de que la composición del TC sea decidida en el ámbito autonómico. El paso es de una inconstitucionalidad tan obvia como la del estatuto catalán reconocida hasta por Maragall. Si el propio TC no rechaza esa última reforma, progresistas y nacionalistas tendrán a partir del próximo año una mayoría clara en esa instancia para varias legislaturas. Los magistrados conservadores liberales, de centro o sin inclinación política concreta jugarán el papel de meras comparsas. Ante ese panorama, el PP decidió equipararse en maniobras al Gobierno y ha perdido la primera jugada. No es lo mismo influir desde el poder que desde la oposición. Incluso puede ser contraproducente, porque los magistrados llamados conservadores son bastante más celosos de su independencia que los progresistas como acredita la propia historia del TC. Como en el resto de los conflictos institucionales desatados en esta legislatura, sólo las urnas pueden abrir soluciones a partir de los comicios de marzo. Una nueva mayoría de Zapatero y los nacionalistas se trasladará al TC vía Senado. Sólo una victoria del PP, al menos en la Cámara Baja, garantizará que se respete el actual sistema de elección de magistrados. Mayoría socialnacionalista ABC. es Alegaciones de Abogacía del Estado y Grupo Popular sobre las recusaciones en www. abc. es