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4 OPINIÓN JUEVES 29 s 11 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ESCEPTICISMO EN LA MESA DE ANÁPOLIS EL CHANTAJE DE LA BARONESA A baronesa Thyssen anunció ayer su disposición a cambiar la sede del museo que alberga su colección en caso de que el Ayuntamiento de Madrid acometa la remodelación del eje Prado- Recoletos tal y como fue anunciado el lunes por el alcalde de la capital, Alberto Ruiz- Gallardón. Esta es la segunda ocasión en la que la baronesa Thyssen emplea el chantaje para condicionar una decisión del Consistorio madrileño. Primero fueron los árboles de la zona, a los que se encadenó Carmen Cervera en pleno arrebato ecologista. Resuelto el problema con el compromiso de Ruiz- Gallardón de no talar ningún árbol e incluso aumentar su número, labaronesa Thyssen protesta ahora por la concentración de tráfico rodado que se producirá ante el museo como consecuencia de la habilitación de una gran zona peatonal al otro lado del paseo del Prado. La baronesa debe saber queya es suficiente. Los madrileños eligieron en mayoa su alcalde y a sus concejales. Entre ellos no está Carmen Cervera. Es el Ayuntamiento el que gobierna la ciudad de Madrid conforme a un programaelectoral, a un sistemadecontrolpor laoposición y a la fiscalización judicial de sus decisiones. Es el Ayuntamiento el que decide, en pleno ejercicio de sus competencias, cuáles deben ser los planes de remodelación urbanística de una ciudad en crecimiento continuo, con una actividad económica y turística en lavanguardiaeuropeay necesitada dereformas audaces y estructurales, como lo ha sido el exitoso soterramiento de la M- 30. Se da la circunstancia de que en este caso la construcción de un túnel para desviar el tráfico de superficie presenta dificultades medioambientales y técnicas absolutamente disuasorias, según han reconocido los arquitectos responsables del plan urbanístico. Cuando se planteó por vez primera la posibilidad del túnel, en 1999, el concurso quedó desierto. La baronesa Thyssen ha tenido un año para dar su opinión en el trámite de información pública abierto en el procedimiento administrativo incoado con motivo de la remodelación del eje Prado- Recoletos. Nadahadichoen eseperíodosobrela reordenación del tráfico rodado y peatonal frente al museo Thyssen. Nada hasta ayer mismo, cuando volvió a lanzar el mismo envite chantajista de retirar su colección del actual emplazamiento, pactado con el Estado y financiado por éste. En un Estado de Derecho, las administraciones públicas se someten a las normas ju- L rídicas que regulan la forma de ejercer sus potestades. Nadie, ni los responsables políticos, ni los funcionarios, pero tampoco los ciudadanos, pueden obviar los trámites legales previstos para sus actuaciones. La baronesa no goza de exención alguna. En todo caso, si Carmen Cervera considera que el plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento pone en riesgo la seguridad de sus cuadros, está en su derecho de dirigirse a los tribunales de Justicia para hacer valer sus intereses. Incluso puede pedir medidas cautelares contra la decisión del Ayuntamiento. En definitiva, lazona está sometida a unacalificación jurídica especial. Pero el comportamiento de la baronesa Thyssen pasa por encima, sistemáticamente, de cualquier sujeción a las reglas legales, como si éstas no fueran con ella y considerara que ser la propietaria de la colección instalada en el museo que lleva el nombre de su difunto esposo- -o, simplemente, pertenecer a la nobleza- -le otorgara una condición privilegiada frente al resto de los mortales. Las jurisdicciones especiales por estamento social quedaron abolidas en el siglo XIX. La baronesa Thyssen no tiene tal privilegio, ni goza de exenciones legales, ni tiene representatividad democrática alguna que oponer no sólo al alcalde de Madrid, sino a ninguno de los concejales que integran el Consistorio madrileño. La polémica es absurda y el comportamiento deCarmen Cervera, próximo al ridículo. Mal asesorada y contumaz en sus errores, se está prestando de forma consciente o inconsciente a ser ariete de intereses políticos contra el alcalde de Madrid, aparte de los que, cualquiera que sea su naturaleza, ella misma pueda tener en relación con su colección de arte. La baronesaThyssen haaparecidopuntualy casualmentesiempre en situaciones políticas que conciernen a Ruiz- Gallardón, como lo fue el número de los árboles antes de las elecciones municipales y, ahora, la protesta contra el tráfico de vehículos, en plena etapa de confección de listas electorales y con el caso Guateque goteando detenciones y datos, aunqueninguno afecteal crédito del alcalde de Madrid o de sus concejales. En una sociedad desarrollada, moderna y democrática, los envites de la baronesa Thyssen suenan a añejo despotismo ilustrado, a gestos de aristocracia sin reciclar, a una concepción clasista de la sociedad, frente a todo lo cual cobran más valor si cabe el principio de igualdad, la representación democrática y el imperio de la ley. CONTRA EL ABORTO L desmantelamiento de una red de clínicas de Barcelona en las que se practicaban abortos ilegales ha puesto al descubierto toda una industria homicida que debería avergonzar a una sociedad desarrollada. La dimensión del problema va más allá de lo puramente legal, aunque ha sido gracias a una denuncia y a la actuación de la Fiscalía y del juzgado instructor por lo que se han podido frenar unos horrores más propios de un campo nazi de exterminio. Los detenidos están imputados de realizar abortos sin amparo de ninguno de los supuestos justificados legalmente tras la reforma del Código Penal en 1985. Los responsables de estas clínicas habrían llegado a matar con técnicas homicidas espeluznantes- -como la decapitación- -fetos de más de 32 semanas, cuyos restos eran luego triturados y vertidos por desagües para borrar todo rastro. Ciertamente, estos actos delictivos presentan una vertiente legal y demuestran hasta qué punto la ley de 1985 se hizo con suficiente ambigüedad- -no reparada por la sentencia del Tribunal Constitucional- -para, de hecho, implantar en España un aborto libre, que sería absolutamente contrario al artículo 15 de la Constitución. Pero, aparte del debate sobre la insuficiencia de la ley y la inexistencia de controles administrativos sobre estas clínicas abortistas, hay una cuestión de fondo que la hipocresía de la so- E ciedad actual mantiene en silencio cómplice: el aborto es la muerte dolosa de un ser humano con métodos cruentos. No hay razón científica ni legal para negarle al feto la condición humana y, por tanto, para negar a su vida el mismo nivel de respeto y protección que a un nacido. La cirugía prenatal y la pediatría neonatal están demostrando la viabilidad de fetos de pocos meses, lo que anula gran parte de las excusas médicas para matarlos y ratifica algo tan obvio como que el embarazo no es más que la primera fase del desarrollo humano y no justifica la confiscación de su vida por un supuesto derecho de la madre a su propio cuerpo. Al suyo, es posible; pero no al de su hijo. Por otro lado, el daño psíquico que puede causar el embarazo no es más que una coartada que sirve para revestir de legalidad la mera voluntad de la mujer para abortar sin causa. En España se practican al año casi 100.000 abortos. Es una cifra terrible, pero también lo eslapasividad con quela recibelasociedad, porqueencierra una concepciónnihilistadela vida y hace cínica la proclamación de los Derechos Humanos- -más todavíaelfuror ecologista- -porqueentreellos noseencuentraelúnico que da fundamento a todos los demás, que es el derecho de todo ser humano concebido a seguir viviendo. En la batalla de las ideas, la primera sigue siendo la defensa de la vida humana. EORGE W. Bush ha anunciado que Estados Unidos se implicará, esta vez activamente, en las negociaciones de paz reabiertas entre palestinos e israelíes, que después de siete años de estancamiento- -si no de franco retroceso- -se han reanudado en la cumbre de Anápolis. Representa una buena señal que por primera vez Washington proclame que está dispuesto a hacer lo que muchas veces antes se le había reprochado eludir: presionar directamente a las partes para que hagan concesiones al adversario, por dolorosas que puedan parecer, como precio a pagar por la paz. La alusión debe ser especialmente cierta en el caso de Israel, cuya causa ha sido defendida hasta ahora sin fisuras por la Casa Blanca, no siempre con razón. La reunión de Anápolis no puede verse como un éxito, porque no es más que el principio, más o menos esperanzador, de un proceso que sigue teniendo en el horizonte inmensas dificultades que superar. Después de tantos ensayos de todo tipo, frustrados por la tozudez de los hechos, que el presidente George W. Bush diga que cree que la paz es posible no es por ahora más que una declaración de buenas intenciones. Los que se sentaban ayer con él son representantes frágiles de sus respectivas comunidades en un contexto complejo y enrevesado. Mahmud Abbas es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina sólo porque lo apoyan la política de Estados Unidos y el dinero de Europa, y es un hecho cierto que no controla a todos los palestinos, gran parte de los cuales están en manos de un grupo como Hamás, que gobierna en la franja de Gaza y que ya ha anunciado que no aceptará ningún resultado de estas negociaciones. En Israel, el primer ministro, Ehud Olmert, es prisionero de su propia debilidad política y sabe que cualquier concesión a los palestinos en un asunto tan sensible significaría su caída inmediata, por lo que su campo de maniobra es muy estrecho. Los dos están acosados por los sectores más extremistas de uno y otro lado, confiados en que ambos se desgasten en este proceso para precipitar su caída en el momento oportuno. Así las cosas, el objetivo estrella del fin del segundo mandato de Bush hay que seguir considerándolo bajo el prisma del escepticismo. La secretaria de Estado Condoleezza Rice ha realizado un trabajo encomiable para llevar a los principales actores del conflicto a la mesa de negociaciones, pero desgraciadamente eso no garantiza nada. La teoría que ha llevado a esta cumbre de Anápolis es que, si no se soluciona antes el conflicto de Oriente Próximo, no hay ninguna posibilidad de establecer una relación pacífica entre Occidente y el mundo árabe, pero la peor de las posibilidades sería que estas negociaciones demostrasen que la paz es imposible. G