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4 OPINIÓN SÁBADO 24 s 11 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL LÍBANO, DE NUEVO ANTE EL ABISMO I PRUEBA DE CARGO CONTRA ANV L Gobierno socialista tiene a su disposición pruebas suficientes, en número y en eficacia, para presentar de manera inmediata la demanda de ilegalización contra Acción Nacionalista Vasca al amparo de la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Las dudas, más artificiales que reales, en las que se escudaron el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado para pedir y obtener del Tribunal Supremo la anulación de sólo una parte de las listas que presentó ANV en las pasadas elecciones municipales, han quedado completamente disipadas con la información que el pasado jueves publicó ABC, según la cual, Batasuna está seleccionando a los candidatos proetarras que se presentarán a las elecciones generales de 2008. En realidad, la participación de ANV en los pasados comicios municipales fue utilizada por el Gobierno como moneda de cambio en el proceso de negociación con ETA, cuando éste ya se encontraba en fase terminal. La Fiscalía y la Abogacía del Estado alegaron entonces algo tan inverosímil como que ETA Batasuna se había hecho con el control de sólo una parte de las listas electorales de ANV como si fuera posible una colonización terro, rista por fases. Aquel absurdo criterio dio lugar a graves problemas procesales y materiales para la estimación de las demandas de anulación de las candidaturas y sólo gracias a una oportuna reconducción de las acciones legales por parte del Supremo el Gobierno no recibió un revés judicial. Ahora ya no es posible seguir defendiendo que ANV no está infiltrada por ETA Batasuna. La jugada como diría el ministro de Justicia, ya está clara y lo único admisible en este momento, desde el punto de vista político y legal, es que la Fiscalía General del Estado inste la ilegalización de ANV sin esperar a la presentación de candidaturas y al análisis individual de las mismas, porque el problema no es si tal o cual candidato tiene vínculos con ETA Batasuna. El problema es que ANV está absorbida por la organización terrorista. De hecho, el control preelectoral que Batasuna está ejerciendo sobre ANV para la selección de sus candidatos es la prueba definitiva de que este partido carece de autonomía E para el desarrollo de un proyecto propio, está sometido a la estrategia general de la banda terrorista ETA y su funcionamiento orgánico es decidido directamente por el entramado batasuno, ilegalizado por sentencia del Supremo como consecuencia de su integración en la organización etarra. Es más, la información que publicó ABC debería dar lugar a una investigación penal contra los responsables de ANV co, mo posibles autores de un delito de integración en banda armada, vía judicial compatible con la que establece la Ley de Partidos Políticos. El Gobierno ha administrado a su conveniencia el principio de legalidad y las funciones del Ministerio Fiscal, despojándolos de su significado constitucional en un Estado de Derecho y convirtiendo la persecución judicial antiterrorista en una sucesión de frenos y avances que acompañaban a las decisiones políticas en la negociación con ETA. El resultado no ha podido ser más rechazable porque ha supuesto, entre otros perjuicios, la vuelta de los proetarras a las instituciones vascas. Ahora el propósito es volver también al Congreso de los Diputados, probablemente con la intención de hacer visible la nueva acumulación de fuerzas nacionalistas que va a propiciar el enésimo anuncio del lendakari Ibarretxe de celebrar consultas o referendos de carácter autodeterminista. Puede que el PNV ahora mismo no quiera dar pie a una imagen de unidad con los proetarras, pero es evidente que, como anunció Josu Jon Imaz, el lendakari ha lanzado una propuesta que supone para ETA el plan B tras el fracaso del proceso de negociación. Por tanto, PNV y Batasuna, a través de ANV preparan procesos paralelos, pe, ro cuyo desenlace natural será coincidir nuevamente, como ha sucedido desde el Pacto de Lizarra y cada vez que los nacionalistas han planteado ante las instituciones un envite soberanista contra la Constitución. Coincidencia de estrategias que reafirma el pleno acierto del preámbulo del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, al incluir en la política antiterrorista el repudio a la actitud políticamente cómplice del nacionalismo gobernante hacia ETA. CONDUCTORES Y CÓDIGO PENAL L Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la reforma del Código Penal en virtud de la cual se impondrán penas de cárcel a los conductores temerarios que superen en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en vía urbana o en 80 en vía interurbana. La nueva ley, que podrá ser aplicada ya en el próximo puente de diciembre, eleva de faltas a delitos conductas tales como conducir a más de 200 kilómetros por hora en autovía, más de 180 en carretera y más de 110 en ciudad, imponiendo también penas de prisión a los conductores con 1,2 gramos de alcohol en la sangre y a los que conduzcan habiendo perdido todos los puntos o sin haber obtenido nunca el permiso. El ministro del Interior y los grupos parlamentarios, con la excepción del PP mostraban en la Cámara su satisfacción ante la nueva norma. Es razonable, sin duda, castigar con rigor a quienes utilizan un vehículo para realizar actos de barbarie que ponen en peligro la vida y la integridad física de muchas personas. Sin embargo, hay que evitar cualquier discurso triunfalista porque ni esta ley ni el carné de puntos son la panacea de todos los males. España sufre índices intolerables de accidentes de tráfico, muy superiores a los que son habituales en otros países desarrollados. Las causas son complejas y, entre ellas, ocupa un lugar preferente la falta de educación vial en la familia y en la escuela. Si no enseñamos a los niños y E adolescentes a comportarse de forma correcta como conductores o usuarios de las vías públicas, la amenaza del Código Penal siempre será insuficiente. De hecho, su aplicación puede ser prácticamente imposible por razones de política penitenciaria, y si no se aplica con rigor dejará de intimidar a los conductores irresponsables. En definitiva, criminalizar a muchos millones de ciudadanos no es la solución adecuada. El Congreso aceptó las enmiendas aprobadas por el Senado por las que se insta al Gobierno a revisar la señalización en las carreteras y a modificar los límites de velocidad. Son criterios de sentido común, pero por ahora se mueven sólo en el terreno de los buenos deseos. El estado de las carreteras, en especial las vías secundarias, es una fuente de inseguridad y es imprescindible un compromiso político y financiero de los poderes públicos para una inversión sostenida y eficaz. Superar los límites de velocidad es tan frecuente en las carreteras españolas que apenas provoca rechazo social. De hecho, la simpatía de muchos ciudadanos se inclina a veces hacia el infractor y no hacia los agentes de la Administración, a la que se reprocha un excesivo afán recaudatorio. Además, la publicidad tiende a identificar a los vehículos de alta potencia con el éxito social, sin reparar en límites ni controles. El fracaso de la política de seguridad vial no se arregla sólo mediante sanciones penales. NCAPACES de encontrar un acuerdo que satisfaga a todas las comunidades que forman su multifacética sociedad, los libaneses se asoman hoy al abismo institucional y reproducen las mismas circunstancias que hace dos décadas desembocaron en una guerra civil. Llegar hasta el final del mandato del presidente de la República sin que se haya logrado encontrar un sustituto capaz de engendrar un mínimo consenso es un síntoma inquietante para un país que, sin necesidad de este tipo de complicaciones añadidas, ya vive permanentemente al borde de la catástrofe. Se abre un periodo de incertidumbre hasta el día 30 de noviembre, que se presenta como la última oportunidad de detener el descenso del Líbano a los infiernos de la confrontación. Es evidente que detrás de una parte nada despreciable de las maniobras que están bloqueando la solución del problema se encuentra la larga mano de Damasco, que sigue siendo el músico que marca el compás de lo que la clase política tiene que bailar en Beirut. La cuestión parece claramente vinculada a la conferencia de paz que tan trabajosamente ha convocado la administración norteamericana, en la que muy probablemente tendrá que hablarse también de Líbano y no sólo del conflicto palestino. No puede ser casual que una vez confirmado el bloqueo del relevo institucional en el Líbano, el régimen de Damasco haya dicho que aceptaría participar en la conferencia de Anápolis siempre que se incluyan en el orden del día sus reivindicaciones sobre los Altos del Golán, lo que de nuevo le convertiría en un elemento indispensable de cualquier iniciativa. Tampoco es casualidad que el nudo gordiano de la crisis libanesa- -sin contar con el reparto étnico religioso que marca la Constitución de ese país- -se pueda resumir en que Damasco quiere sustituir a un presidente prosirio por otro que sea también afín a sus intereses, mientras que la mayoría parlamentaria agrupa una tendencia prooccidental. Siria ha demostrado que sigue teniendo un control eficiente de la agenda política libanesa, directamente o a través de la guerrilla chií proiraní Hizbolá, y que los bienintencionados esfuerzos de Francia, España o Italia- -países que han desplegado importantes contingentes militares sobre el terreno- -tienen un alcance muy limitado. España ha estado cortejando desde hace años la amistad de Siria, pero llegado el momento Damasco no actúa más allá de sus propios intereses, mientras que a España el dilema entre paz o conflicto en aquellas tierras ya nos afecta muy directamente. Por ahora, los libaneses deberían ponerse de acuerdo en la mejor manera de afrontar este periodo de incertidumbre hasta el día 30 y evitar así cualquier sobresalto. En cuanto a los militares españoles, están sin duda preparados para cualquier eventualidad, pero el Gobierno está obligado a analizarlas todas para eliminar en lo posible cualquier situación de peligro añadido.