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ABC JUEVES 22 s 11 s 2007 ESPAÑA 21 Acosar a un discapacitado se castigará con multa de hasta un millón de euros El Congreso aprobó ayer un régimen de sanciones para quienes discriminen a los discapacitados s La multa mínima por discriminación será de 301 euros M. J. PÉREZ- BARCO MADRID. A partir de ahora, empresas, administraciones, comunidades de vecinos, transportes, comercios y cualquier ciudadano deberán tener mucho cuidado cuando no ofrezcan las mismas oportunidades o discriminen a las personas discapacitadas, porque podrán ser sancionados con multas que estarán entre 301 euros y un millón. No instalar una rampa de acceso en un edificio donde viva una persona con algún tipo de discapacidad tendrá su correspondiente castigo, al igual que las empresas que no realicen los ajustes razonables demandados por sus trabajadores discapacitados. El acoso, por ejemplo, a una persona de este colectivo figura entre las infracciones consideradas muy graves y, por tanto, esta conducta será sancionada con una multa de hasta un millón de euros. Así lo aprobaron ayer por unanimidad todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados a través de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha enviado el texto directamente al Senado. En definitiva, se trata de una cuestión de igualdad de derechos que ya venían reivindicando desde hacía tiempo el colectivo de personas con discapacidad, sobre todo ante el reiterado incumplimiento de normas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. El texto establece un régimen de infracciones y sanciones para todo aquel que vulnere la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que entró en vigor en 2003. Las comunidades autónomas, posteriormente, podrán ampliar esta normativa. Entre las infracciones consideradas graves aparecen los actos discriminatorios u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a una persona con discapacidad y el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad a entornos, bienes y servicios (la ley vigente prevé plazos de adecuación de tres a doce años) La sanción, en estos casos, no excederá de los 90.000 euros. Para aplicar estas sanciones se tendrán en cuenta criterios como la intencionalidad o negligencia del infractor, el incumplimiento de advertencias previas, el número de personas afectadas y el beneficio económico que se hubiese generado para el infractor. Un capítulo aparte merece la Administración General del Estado, donde se hace mayor concreción sobre algunas de las conductas castigadas. Por ejemplo, son infracciones muy graves las vejaciones que padezcan discapacitados, las acciones que les generen un grave perjuicio económico o profesional, las situaciones de riesgo para su integridad física o el incumplimiento deliberado de las norma de accesibilidad. Durante los primeros cuatro años de esta norma, el Gobierno presentará un informe anual que dé cuenta de las actuaciones efectuadas cada año para aplicar la ley. Régimen sancionador Infracciones leves. Las conductas que incurran en irregularidades formales de la ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Infracciones graves. Actos discriminatorios u omisiones que supongan un trato menos favorable a la persona discapacitada, el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y cualquier forma de presión ejercida sobre el discapacitado. Infracciones muy graves. Acoso a la persona discapacitada y el incumplimiento reiterado de requerimientos administrativos. Sanciones. De 301 a un millón de euros. Las infracciones leves no excederán de 30.000 euros y las graves de 90.000. Imposición de sanciones. Las graves corresponderán a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. De las muy graves se encargará el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, si bien requerirá el acuerdo previo del Consejo de Ministros cuando las sanciones superen los 300.000 euros. Infracciones graves Es infracción grave no cumplir las normas legales de accesibilidad a entornos, bienes y servicios