Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN MIÉRCOLES 21 s 11 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro APOYAR A LAS FAMILIAS NUMEROSAS PROPUESTA FISCAL AMBICIOSA E ha cumplido el primer objetivo de toda conferencia política en período electoral: despertar el interés de la opinión pública y convertirse en el centro de todo el debate. La ambiciosa rebaja de impuestos ofrecida por Rajoy ha conseguido devolver el protagonismo al Partido Popular y obligar a los socialistas a jugar en campo contrario. Porque nadie puede negar a los populares credibilidad en materia fiscal: fueron ellos los que introdujeron la estabilidad fiscal como un objetivo irrenunciable de la política económica y quienes pusieron de moda las rebajas de impuestos. Lo hicieron en el Gobierno Aznar y prometen hacerlo de nuevo, liberando de la obligación de pagar el IRPF a siete millones de españoles. Aunque Zapatero haya afirmado que bajar impuestos es de izquierdas, lo cierto es que las rebajas introducidas durante su mandato han sido cicateras, marginales, casi simbólicas, producto de un compromiso, de una concesión a la realidad sociológica, pero contrarias a la tradición y al dogma socialista de mayor gasto público. Elevar el mínimo exento en el impuesto sobre la renta a 16.000 euros supone competir en el tramo social considerado, por inercia más que por evidencia empírica, afín a la izquierda. Es una apuesta valiente, disputar el voto de los jóvenes mileuristas, pensionistas y trabajadores menos favorecidos, que hace honor a la definición del PP como un partido interclasista. Quizá por ello ha cogido desprevenido al partido gobernante, que ha tenido que desempolvar al vicepresidente para incorporarlo a las listas electorales y ha lanzado en tromba a sus portavoces para descalificar la propuesta con el único argumento que debían haber evitado, el de la credibilidad y la responsabilidad. Si algún activo indiscutible mantiene el Partido Popular en la población española es precisamente el de una gestión económica eficaz, que redujo el déficit público desde el 7 por ciento del PIB hasta alcanzar el equilibrio, a la vez que bajaba los impuestos dos veces seguidas ante la incredulidad de muchos expertos. Fueron ellos quienes vieron que el sistema S fiscal español había superado el punto de equilibrio a partir del cual tipos impositivos mayores producen menor recaudación porque suponen un incentivo a la inactividad y la ocultación de rentas. Pudo producirse así el milagro de que los ingresos tributarios no sólo no disminuyeran con la bajada de impuestos, sino que, al generar más actividad económica, más volumen de negocio y más empleo, la recaudación tributaria aumentara. Eso mismo es lo que Rajoy ha prometido volver a hacer, y se merece al menos el beneficio de la duda. Faltan muchos detalles para juzgar en toda su complejidad la propuesta, detalles que los populares irán desgranando a cuentagotas para seguir ocupando titulares y desplazando el debate político hacia las alternativas de futuro. Es un juego mediático que incomoda a los técnicos, a quienes les gustaría disponer ya de todos los datos para hacer sus cálculos, pero es un juego político legítimo, sobre todo en unas circunstancias electorales en que el Gobierno ha querido empujar a la oposición a las cavernas. El manejo del tiempo es una exigencia adicional de todo buen político y parece que Rajoy, frente a todos sus críticos, ha vuelto a demostrar que no es un aprendiz. Una cosa ha quedado clara: el Partido Popular promete una política que reduce el peso del Estado, que confía en los ciudadanos para conocer sus necesidades mejor que el Estado, que piensa que el mejor destino del superávit público es devolvérselo a los contribuyentes para que puedan hacer frente a la caída de su renta disponible, al encarecimiento de la cesta de la compra y a la subida de las hipotecas. Habrá quien todavía piense que en esas circunstancias es mejor aumentar el gasto público para hacer política clientelar y ganar colectivos sociales para la causa. Esa ha sido la política socialista plasmada en los presupuestos de 2008. Frente a ella, el Partido Popular ha definido en su Conferencia Política una apuesta por la modernidad y la racionalidad económica que devuelve el protagonismo a la sociedad civil para hacer frente a un escenario de menor crecimiento y más incertidumbre. Un acierto. MAS ASUME LAS TESIS DE IBARRETXE L líder de CiU, Artur Mas, parece haberse decantado definitivamente por respaldar las opciones estratégicas más radicales y erróneas. Mas pronunció ayer una conferencia titulada El catalanismo, energía y esperanza para un país mejor con la que sentó las bases abiertamente soberanistas del proyecto que encarna y que viene provocando serias tensiones con sus socios de Unió. Ante una representación de ERC- -los socialistas declinaron acudir al acto y el PP ni siquiera fue invitado- Mas resumió su discurso en tres mensajes: primero, no tendrá inconveniente en emular a Ibarretxe a la hora de incorporar al discurso de CiU el manido derecho a decidir lo que significa que da ya por superados los conceptos de autonomía y autogobierno en la misma línea, Mas propondrá una consulta popular si el Tribunal Constitucional recorta el nuevo estatuto catalán; y, en tercer lugar, CiU no ve factible un acuerdo con el PP tras las elecciones generales. Se trata, en definitiva, de un intento a la desesperada por recuperar el terreno perdido y por afianzar un liderazgo cada vez más en entredicho en el seno de la coalición, toda vez que en CiU perviven voces opuestas a descartar de antemano una futura colaboración con Mariano Rajoy. La refundación del pancatalanismo que pretende Mas, en un momento de creciente exacerbación soberanista, diluye los perfiles teóricamente moderados de CiU, que compite así E de manera muy arriesgada- -para sus intereses en Cataluña y su posición en la política nacional- -con el independentismo de Esquerra. CiU no ha enderezado su rumbo desde que perdió el poder autonómico y ni siquiera la fallida gestión del Gobierno tripartito es suficiente para que remonte su vuelo. Es un error que una coalición que aspira a la centralidad política y a ser influyente en Madrid renuncie a una diagnóstico objetivo de la situación en Cataluña y merme sus posibilidades por fijar sus opciones sólo en planteamientos nacionalistas e identitarios, declinando defender un modelo de sociedad coherente con su ideario democristiano o la eficacia en la gestión de los recursos públicos. Además, resulta simplemente descabellado que CiU se ratifique en el repudio al PP, que ya expresara de forma tan torpe como teatral con la firma de ese compromiso ante notario. No están las expectativas de CiU como para que Mas cierre la puerta a un pacto político con el PP. El experimento no le sirvió de gran cosa en las últimas elecciones autonómicas y lo lógico sería que Artur Mas mantuviera a su coalición en esa rentable ambigüedad que le ha permitido en anteriores ocasiones prestar su apoyo al partido mayoritario en las Cortes. En la senda de Ibarretxe, CiU no sólo se radicaliza, sino que renuncia al pragmatismo con que Pujol manejó la coalición durante más de veinte años. NA y otra vez, las familias numerosas llaman la atención de los poderes públicos y del conjunto de la sociedad española acerca de sus problemas, casi endémicos. La política integral de apoyo a la familia no sólo es una exigencia constitucional, sino también una obligación ineludible hacia una institución que vertebra la realidad social. Sin embargo, el Gobierno evita afrontar en serio esta cuestión, limitándose al anuncio de gestos electoralistas, como el pago de 2.500 euros por nacimiento. Ahora resulta que las parejas de hecho que no estén registradas y tengan dos hijos podrán burlar la ley y recibir el mismo trato que un matrimonio con tres o más hijos. No es extraño que la Federación Española de Familias Numerosas haya expresado su protesta ante una medida que crea inseguridad jurídica y provoca agravios comparativos. No obstante, lo peor sigue siendo el carácter muy reducido de los beneficios que la ley otorga a este tipo de familias, que tienen que atender a la educación y la manutención de varios hijos sin que los poderes públicos tengan en consideración esa circunstancia. Aún peor, en alguna comunidad autónoma gobernada por el PSOE se ha retirado la preferencia que se otorgaba a este sector de familias para acceder a determinados centros educativos. En definitiva, carece de sentido hablar de fomento de la natalidad a base de medidas coyunturales cuyo único propósito parece ser gastar el dinero de todos al servicio del interés electoral del partido gobernante. Desde el punto de vista económico, todos los estudios serios destacan la aportación decisiva de las familias al bienestar social. Buena parte de ellas siguen cuidando de los mayores, lo que supone un fuerte ahorro de dinero público en servicios sociales. Los jóvenes permanecen muchos años en el hogar familiar y gracias a ello se alivia en parte el grave problema de la vivienda. Por supuesto, psicólogos y sociólogos están de acuerdo en los valores afectivos que transmite la institución, y de ahí la alta valoración de la misma según todas las encuestas. Todo esto se multiplica en el caso de las familias numerosas, que merecen el apoyo del Estado y de los demás poderes públicos sin escatimar en gastos ni reducir al mínimo las prestaciones. Sin embargo, incluso los beneficios fiscales por descendiente a cargo del contribuyente resultan extremadamente reducidos, con cifras muy inferiores a las habituales en otros países de nuestro entorno. Se oyen muchas quejas acerca del fracaso de la familia en el ámbito educativo, pero nadie está dispuesto a poner los medios para mejorar la situación a través de una asignación racional y eficaz de recursos públicos. No es extraño que cunda a veces el desaliento entre este numeroso colectivo, que no debería resignarse a que sus justas reivindicaciones caigan una y otra vez en saco roto. U