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4 OPINIÓN DOMINGO 18 s 11 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL DIFÍCIL NEGOCIO EN IBEROAMÉRICA AS empresas españolas necesitan un gobierno que proteja sus intereses, algo urgente en el clima de amenazas imperante tras la Cumbre Iberoamericana. La política española en esa región se ha caracterizado por una actitud vergonzante, por una mala conciencia de nuevo rico y un deseo infantil de ser querido antes que respetado. Como si tuviéramos algo que ocultar, como si ganar dinero no fuera legítimo, como si hubiera que expiar una especie de pecado original por creer en la economía de mercado, como si nuestras empresas hicieran en ese continente algo distinto de lo que hacen en España y que nos ha permitido alcanzar la media europea de renta per cápita y llegar a ser la octava potencia económica del mundo. Es cierto que las empresas actúan en sectores especialmente sensibles, como los servicios financieros, telecomunicaciones, energía, agua e infraestructuras, actividades todas ellas sujetas a régimen de concesión y precios regulados y, por tanto, muy vulnerables a decisiones políticas y a injerencias ilegítimas. Precisamente por ello la labor de nuestra diplomacia exterior era más necesaria. Pero este Gobierno ha preferido practicar una equidistancia buenista, como la mostrada por el presidente Zapatero en Santiago de Chile entre un caudillo militar golpista como Chávez y un presidente constitucional como Aznar. Los responsables dela política española han estado más atentos a la obtención de réditos electorales domésticos, a mantener movilizado ese voto antisistema que le dio la victoria a Zapatero, que a escuchar los problemas de nuestras empresas. Las empresas, temerosas de la larga mano del Gobierno, han callado tanta incomprensión e incompetencia. Pero hay síntomas de que esto está empezando a cambiar, porque está en juego su reputación, su credibilidad, el valor de su marca ante accionistas e inversores. El Gobierno ha dejado que la empresa española esté bajo sospecha. No ha trabajado para instalar en la opinión pública unos cuantos hechos sencillos: que cuando España optó por invertir en Iberoamérica, nadie daba un duro por esa región, que los norteamericanos la habían abandonado tras la crisis de la deuda y la burguesía local guardaba su dinero a buen recaudo en los bancos de Miami; que cuando las empresas españolas se hicieron cargo de los antiguos monopolios públicos redujeron drásticamente precios, mejoraron el servicio, aumentaron el acceso y acortaron los tiempos de espera. Que lo hicieran ganando dinero no es motivo para pedir excusas- -como parecen pensar algunos responsables españoles de la política iberoamericana, con serias dificultades para superar su ideología tercermundista, su izquierdismo juvenil y su retórica antiglobalización- sino una muestra más de que la economía de mercado es la mejor manera de sacar a la población de la miseria. Iberoamérica corre serios riesgos de quedarse al margen de la globalización y el Gobierno español no debería contribuir a ello, por responsabilidad con esa región hermana y por obligación con nuestras empresas. L TENSIÓN ANTE EL 20- N L próximo martes se cumplen 32 años desde la muerte de Francisco Franco. A partir de entonces, se puso en marcha un proceso modélico de transición desde un régimen autoritario hasta una democracia constitucional que significó la incorporación definitiva de España al lugar que le corresponde en la Unión Europea y en el mundo. El eco de los nostálgicos del franquismo se ha ido apagando progresivamente hasta que la irresponsable decisión de Rodríguez Zapatero de reabrir una falsa memoria histórica y cuestionar los acuerdos básicos de la Transición ha dado alas a la reaparición de viejos fantasmas que parecían superados. Este fin de semana hay veintiuna concentraciones convocadas en toda España por radicales de derechas que la extrema izquierda pretende contrarrestar con manifestaciones de signo contrario. El fuerte despliegue de las Fuerzas de Seguridad intenta evitar que se produzcan incidentes, pero es notorio que existe un clima de tensión, agravado por el asesinato de un menor hace pocos días en el contexto del choque entre bandas extremistas. El Ministerio de Interior ha tomado medidas excepcionales, entre ellas el refuerzo de los agentes antidisturbios de Madrid con policías procedentes de otras provincias. Se trata, en definitiva, de una situación sin precedentes desde hace años, reflejo de un deterioro de la convivencia ciudadana que no tiene justificación en el marco de un Estado de Derecho. Con independencia de la legalidad o no de las manifestaciones convocadas, está claro que algo falla en una sociedad abierta y pluralista cuando los ultras de uno y otro signo se convierten en protagonistas. En otros países de Europa la extrema derecha obtiene un porcentaje limitado, pero no desdeñable, de votos. En España, en cambio, el respaldo en las urnas de esta corriente ideológica es prácticamente nulo. Lo mismo ocurre con los movimientos antisistema y los radicales de izquierda, que se cubren ahora bajo el manto equívoco del antifascismo Es evidente que el PP marca una distancia absoluta con la derecha extre- E mista, y cualquier reproche en este terreno responde a la malevolencia o a la pura y simple mentira. A su vez, el PSOE movilizó el voto radical después del 11- M y, aunque sea ajeno a cualquier actitud violenta, mantiene siempre una cierta comprensión hacia los sectores radicalizados de la izquierda. El problema real no se plantea tanto en el terreno ideológico como en ciertos movimientos sociales, ya sean skins antiglobalización, ultras de clubes de fútbol o bandas callejeras, que a veces disfrazan bajo una apariencia ideológica sus actividades de tipo violento y en ocasiones delictivo. De hecho, unos y otros buscan ahora cualquier pretexto, ya sea el racismo contra los inmigrantes o la lucha frente al capitalismo global. Sin embargo, no hay que dejarse engañar por tales excusas. Se trata de buscar el conflicto entre grupos a los que acuden algunos jóvenes marginados como refugio para trasladar las frustraciones que les genera el fracaso de la familia y la escuela en la formación de valores cívicos. Algo tienen que hacer los poderes públicos y el conjunto de la sociedad española para explicar a estos jóvenes sin control que el sistema democrático es mejor ética y políticamente que los modelos totalitarios que dicen tomar como ejemplo. Aunque algunos pretendan sacar ventajas partidistas de la coyuntura, es una mala noticia para la España constitucional que cientos de extremistas pretendan convertir las calles en un campo de batalla. El Gobierno tiene el deber inexcusable de evitar que se produzcan incidentes por medio de una acción policial rigurosa y eficaz. Sobre todo, Rodríguez Zapatero debe plantearse si merece la pena abrir la caja de los truenos, por culpa de un sectarismo trasnochado o de los socios desleales al sistema constitucional, creando así un ambiente propicio al enfrentamiento entre grupos que dicen representar unas ideologías felizmente superadas por el curso de la historia. Ojalá que el protagonismo de los radicales de cualquier signo sea un fenómeno fugaz y no un síntoma de un malestar más profundo en el conjunto de la sociedad. PRESTIGE EL APOCALIPSIS QUE NO FUE L Gobierno social- nacionalista de Galicia se ha abonado al principio de que la verdad no debe estropear una buena manipulación y, por esta razón, ha prohibido la difusión de un informe científico que encargó a dos expertos de la Universidad de Santiago de Compostela sobre los efectos del hundimiento del petrolero Prestige del que ahora se cumplen cinco años. Es comprensible el temor del Ejecutivo autonómico, tanto como la satisfacción del Partido Popular: el estudio desmonta todos y cada uno de los tópicos de la izquierda socialista y nacionalista sobre el impacto económico y ecológico del accidente, tópicos que, al calor de una opinión pública especialmente sensibilizada, aprovecharon para utilizar como ariete contra el Partido Popular. Fue entonces cuando el polifacético Suso de Toro- -biógrafo, intelectual, ecologista, profeta y economista- -vaticinó la destrucción de la costa gallega, el aumento de la emigración y poco menos que una recesión económica. Sin embargo, los datos técnicos y científicos manejados por los expertos de la Universidad de Santiago concluyen que el alejamiento del Prestige fue mejor decisión que la de llevarlo a un puerto; que la economía gallega no se resintió de la marea negra, y que la gestión institucional fue acertada y eficaz, porque las ayudas económicas llegaron de forma inmediata. Otros estudios, también indepen- E dientes, confirman que fueron peores las consecuencias medioambientales del accidente del Mar Egeo producido en 1992, que el litoral gallego está recuperado al 98 por ciento y que no hay datos sobre una disminución de aves marinas, por ejemplo. Toda la fanfarria ecologista que se armó contra el PP fue tan oportunista como falsas sus profecías. Y ciertamente muchos de sus protagonistas demostraron una hipocresía sin límite al permanecer mudos tras el desastre provocado por los incendios del verano de 2006, que arrasaron 100.000 hectáreas, con un perjuicio para el medio ambiente muy superior y mucho más cierto que los pronosticados para la marea negra del Prestige El accidente de este buque ocasionó un indudable desastre natural, pero fue magnificado y manipulado por el PSOE y los grupos que lo apoyaron como ariete contra el Gobierno del Partido Popular. Por eso es preciso que todos esos informes sobre el estado actual del litoral gallego salgan a la luz, que se debatan en el Parlamento gallego y ante la opinión pública y que cada cual asuma la responsabilidad de lo que hizo y de lo que dijo entonces. La proximidad de las elecciones generales son una excusa tentadora para que los socialistas empiecen a revisitar el pasado, como ya lo han apuntado con el 11- M. Con el Prestige han patinado.