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4 OPINIÓN SÁBADO 17 s 11 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LA VISITA DE LOS PRÍNCIPES A CHINA O es necesario recordar las dimensiones de un país como China para comprender que el gigante asiático se está convirtiéndose en uno de los actores políticos, económicos y culturales más determinantes del mundo actual. Con España, las relaciones comerciales no sólo son escasas si se tienen en cuenta posibilidades que aún no se han explorado, sino que están claramente desequilibradas a favor de Pekín. La visita que ayer concluyeron los Príncipes de Asturias a China es el mejor ejemplo de cómo la institución que representan, la Monarquía, puede jugar un papel valiosísimo para la promoción de nuestra economía, la lengua, la cultura y los productos comerciales españoles en un mundo moderno y globalizado; y específicamente los Príncipes, como representantes de la parte más joven, dinámica y moderna de la sociedad española. Ante el mundo, la sociedad china es prácticamente un papel en blanco, dispuesto a recibir la influencia de las distintas sociedades y culturas que luchan para alcanzar mayores niveles de influencia. En el caso del idioma inglés, ya sabemos que se convertirá en una lengua muy familiar para los chinos, pero también parece evidente que- -igual que sucede con su presencia en Estados Unidos- -la penetración del español en aquel país habrá de ser también una palanca para multiplicar su importancia en el mundo, con todo lo que ello representa de retornos económicos y políticos. ¿Qué otro estamento podría ayudar a difundir mejor nuestra cultura en una sociedad tan compleja? De cara a la celebración en Pekín de los Juegos Olímpicos de 2008, España necesita promover su imagen de país dinámico, moderno y democrático. Los empresarios que han acompañado a los Príncipes en este viaje saben mejor que nadie que contar con esa presencia puede contribuir de forma determinante a difundir sus productos, a abrir puertas o a suscitar el interés por el turismo hacia España. Muchos recordarán el caso anecdótico del jamón como un producto específico que a su vez se ha convertido en uno de los símbolos de la gastronomía española. El esfuerzo de los empresarios del sector debe encontrar su recompensa, pero cuando a un producto se le asocia la imagen de todo un país, siempre hay muchos otros sectores productivos a los que arrastra, tarde o temprano. España tiene algunos símbolos que son reconocidos universalmente, y muchos otros que son mal conocidos o incluso desconocidos. Hay países como Francia o Italia que nos llevan décadas de diferencia, a pesar de que no tengan méritos mayores que España para ello. Nosotros contamos con importantes herramientas para competir en un mundo globalizado y es necesario ponerlas al servicio del progreso de nuestro país. El trabajo de los Príncipes de Asturias puede que no haya sido muy vistoso desde España, pero resulta vital para nuestro futuro. N TREGUA PARA EL TC A presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, ha reflejado con duras palabras la difícil situación que atraviesa esta institución, denunciando el intento de desestabilización intolerable y las voces poco respetuosas que se oyen contra el TC. Razones no faltan para estediagnóstico, porque elTC vivela etapamás convulsa desu historia, tanto por presiones de carácter político como por las divisiones que se han producido en su seno. Es evidente que el TC tiene en sus manos el veredicto sobre el contenido legislativo del primer mandato de Zapatero: está pendiente de resolver si son o no inconstitucionales las leyes del matrimonio entre homosexuales y la integral contra la violencia de género, así como el estatuto de Cataluña, leyes que inciden en aspectos fundamentales del discurso gubernamental. Por eso, si hubiera que señalar causas concretas a los procesos de desestabilización que aquejan al TC, deberían citarse el empeño del PSOE en aprobar leyes sin consideración ninguna a la reflexiónjurídicay a la técnica legislativa ylaintolerancia socialista a la independencia de las instituciones jurisdiccionales. ElPSOE hademostradoquenotienereparoalguno en cambiar las reglas del juego cuando teme que el funcionamiento de las instituciones y los tribunales pueda desenvolverse en sentido contrarioa sus intereses. Esteplanteamiento partidista de la potestad legislativa del Parlamento y de la relación del Gobierno con los demás poderes y órganos del Estado ha caladotanperniciosamentequelaasignación deposiciones ideológicas en el seno del TC es, para los socialistas, un criterio suficiente para reformar intempestivamente su organización interna: si la derecha recusa a un juez progresista -aunque sea legítima y justificadamente- laizquierda se considera legitimada para prorrogar el mandato de una presidenta afín -detonante de la crisis actual- -y, a su vez, recusar a otros dos magistrados conservadores De esta forma, la apelación del Gobierno a que el PP respete la independencia del TC es una simple impostura, porque sus decisiones están orientadas a conseguir el efecto contrario, es decir, elcontrol sobre la mayoría de sus magistrados, a partir de una supuesta identifica- L ción de estos con el PSOE, lo cual es, en sí mismo, una ofensa a estos juristas. También debe reconocerse que, en buena medida, la situación sería distinta si el TC hubiera resuelto ya algunos de los recursos planteados, porque la dilación procesal, en conjunción con la proximidad de las elecciones, aumenta la tensión del Gobierno. Lo cierto es que el PSOE cambia las reglas cuando cree que va a perder. Lo hizo en el Consejo General del Poder Judicial y lo ha hecho en el TC. Pero por más ilegítima que sea esta forma de proceder del Gobierno, no es tampoco aceptable la cadena de recusaciones que emprendió el PP contra otros tres magistrados de este tribunal. Políticamente puede ser comprensible- -porque, en definitiva, setratademera táctica- -que los populares entiendan que deben replicar cada movimiento del PSOE en el TC y que no fueron ellos los que empezaron esta guerra. Sin embargo, esto no exime al PP de tener que asumir su cuotaderesponsabilidad en la situación creada en elConstitucional. Nada ha habido, a pesar de todo, tan inadmisible como las reiteradas e intolerables amenazas del Gobierno catalán contra el TC y sobre la permanencia de Cataluña en España, para el caso de que el estatuto catalán fuera declarado inconstitucional. Lo más sensato en este momento es que el PSOE y el PP retiren lasrecusaciones que han planteado contra cincomagistrados del TC, lo que ha puesto a este tribunal en la encrucijada diabólica de resolver esas recusaciones con los magistrados afectados- -lo que supone una probable vulneración de la ley- -o encallar la institución, dejando fuera de la decisión a los cinco recusados, y no alcanzar el número mínimo para que funcione su pleno. PP y PSOE deben hacer un esfuerzo de confianza en los magistrados del TC que tienen decidir sobre la ley de reforma de estainstitución, diez juristas que tienen confiada la más alta responsabilidad de velar por la integridad constitucionaly que, deunaformamás omenosdirecta- -debido al juego de las mayorías necesarias para designarlos, salvo los dos propuestos directamente por el Ejecutivo- -contaron con el apoyo de los partidos que ahora los recusan. PROTESTA DE MILITARES A primera manifestación de militares en la historia de España está convocada el próximo día 24 para protestar por el incumplimiento de una promesa electoral del PSOE: la aprobación de una ley de derechos y libertades de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Además, el malestar es notorio con el nuevo régimen salarial y con determinados aspectos de la reciente ley de la carrera militar. La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) convoca formalmente para quejarse del arresto de su presidente, Jorge Bravo, por haber participado en la manifestación del pasado enero con guardias civiles de uniforme. La Constitución no se refiere expresamente a este colectivo en materia de manifestaciones, pero permite restringir el derecho de libertad sindical en las Fuerzas Armadas, cuyo carácter institucional deriva de las funciones que les encomienda el ordenamiento jurídico. Aparte de las cuestiones legales, la condición militar impone una serie de singularidades a la actividad profesional y al estatuto de quienes forman parte de los Ejércitos y de la Armada. De ahí que el PSOE cometiera un error en su día al impulsar, cuando estaba en la oposición, una propuesta parlamentaria para que se elaborara esa ley de derechos y libertades; por cierto, que la propuesta iba firmada, entre otros, L por la actual vicepresidenta del Gobierno. Los socialistas insistieron en la misma línea con una disposición adicional de la ley orgánica de Defensa Nacional, aprobada en 2005, cuya finalidad era dar largas a la promesa electoral que ahora suscita el enfado de algunos sectores. Es evidente que Rodríguez Zapatero ha generado expectativas luego insatisfechas y, como ha ocurrido otras veces, los afectados reaccionan expresando su malestar. Sin embargo, estas discrepancias con el Gobierno deberían plantearse por cauces más adecuados. Aunque los organizadores anuncian una concentración sin uniformes, los militares deben actuar a través de las vías que reconocen las reales ordenanzas y otras normas en vigor, sin acudir a fórmulas más propias de otros colectivos profesionales. El carácter institucional de las Fuerzas Armadas no es compatible con ciertas actividades de sus miembros, que serían plenamente legítimas en otros supuestos. La democracia llega a los Ejércitos mediante el pleno sometimiento al poder legítimo emanado de la soberanía popular, y no a través de una equiparación forzada con trabajadores o funcionarios. Por eso es una falacia considerar que las normas restrictivas reflejan una mentalidad autoritaria. Se trata, en rigor, de fórmulas razonables para que los militares puedan expresarse sin salir a protestar a la calle.