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4 OPINIÓN MARTES 13 s 11 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro FRENAR LA VIOLENCIA EXTREMISTA NA batalla campal entre cientos de jóvenes radicales sembró el pánico en el Metro de Madrid el pasado domingo. Grupos de ideología ultra se enfrentaron a propósito de una manifestación de la extrema derecha contra la inmigración, autorizada por la Delegación del Gobierno, que los grupos de extrema izquierda pretendían boicotear. La muerte de un joven de dieciséis años de ideología antifascista refleja que estamos en presencia de un asunto muy serio que el Ministerio del Interior debe atajar antes de que escape a todo control. Hubo también- -como otras veces- -policías y manifestantes heridos, daños materiales y varios detenidos, algunos de ellos adolescentes. La violencia juvenil es un fenómeno difícil de atajar en la sociedad contemporánea. Skins tribus urbanas y ultras de clubes de fútbol- -que este fin de semana han hecho de las suyas en Italia en respuesta a la muerte accidental de uno de ellos- -son el producto de una sociedad donde la escuela y la familia resultan incapaces de transmitir valores de convivencia y respeto a la ley. En este caso, el conflicto viene envuelto bajo el manto de ideologías extremistas que, por fortuna, son muy minoritarias en nuestro país, pero cuya expansión es imprescindible evitar con los instrumentos propios del Estado de Derecho. Menores de edad son captados para formar grupos radicales sin que sepan muy bien qué se oculta bajo términos como fascismo o antifascismo y sin que nadie haya logrado explicarles las ventajas de vivir en una sociedad democrática y pluralista. La inmigración sirve ahora de pretexto a los ultras de derechas y la lucha contra el imperialismo actúa como elemento que aglutina a la extrema izquierda. En todo caso, unos y otros buscan cualquier ocasión para causar disturbios y enfrentarse a las Fuerzas de Seguridad. En los últimos años se han producido varios asesinatos y múltiples heridos en acciones de este tipo. Aunque son casos aislados, no es posible contemplar la situación desde la pasividad o la indiferencia. Es obligado reforzar los medios policiales para desarrollar acciones preventivas y no dar pie a concentraciones o reuniones que no cumplan los estrictos requisitos de legalidad, esto es, pacíficas y sin armas Son bien recientes los sucesos de lucha callejera en los barrios periféricos de París y otras ciudades francesas, y es sabido que la ultraderecha obtiene notables resultados electorales en el país vecino, aunque esté afortunadamente a la baja desde las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Escarmentar en cabeza ajena es una prueba de sentido común, aunque es cierto que los extremistas ganan posiciones en otros países europeos. Ideologías residuales, más que superadas por el curso de la historia, plantean ahora su desafío a la sociedad abierta, utilizando sin pudor a unos adolescentes atraídos por una estética y unas consignas intolerables. El Estado de Derecho tiene que actuar con firmeza contra los culpables, y los partidos políticos con responsabilidades de gobierno deben transmitir un mensaje de fortaleza democrática para que el problema no se escape de las manos. U EL GOBIERNO REHÚYE EL PROBLEMA L Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero empieza a resentirse del grave incidente diplomático provocado por Hugo Chávez y, por eso, ha decidido aplicar el método de negar el problema para no enfrentarse a él. Sin embargo, el autócrata venezolano ha preferido aguar nuevamente las expectativas del Gobierno socialista porque no sólo se ha ratificado en sus insultos al ex presidente José María Aznar, sino que también ha implicado a Su Majestad el Rey en el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en Venezuela en 2002. Por tanto, Rodríguez Zapatero no puede eludir la obligación que le incumbe de dar contenido político y diplomático a la enérgica defensa que hizo Don Juan Carlos de la dignidad nacional, en su condición de máximo representante del Estado español. Ni el prestigio mundial del Rey ni la defensa de la figura política de Aznar pueden ser utilizadas como excusas para dar por zanjado lo que constituye una grave crisis diplomática con Venezuela, que debe ser abordada con los recursos legítimos que están a disposición de un Gobierno democrático como el español. Ayer, el Partido Popular pidió al Ejecutivo socialista una reacción basada en medidas que pueden considerarse de manual básico de la diplomacia, como la llamada a consultas del embajador español en Venezuela, pero el Gobierno se precipitó a rechazar tal iniciativa. Insultar a España y atacar la figura del Jefe del Estado no puede quedar impune, aunque estos desafueros los cometa quien pasa por ser el interlocutor privilegiado de Zapatero en Iberoamérica. Encapsular el conflicto, o no hacer nada, que es lo que defienden el PSOE y el Gobierno, equivale a claudicar ante la embestida de un demagogo populista, y así no sólo no se recomponen relaciones, sino que éstas se arruinan porque quedan despojadas del respeto recíproco y de la dignidad mínima que un Estado como España debe exigir a cualquier otro Estado. Bien está que Zapatero defendiera la figura de Aznar, pero no tiene sentido mitificar esta actuación del presidente del Gobierno porque ni lo que provocó Chávez fue un asunto personal ni lo que está en juego es el prestigio de Aznar, a quien, por cierto, la izquierda española no se ha recatado E en llamar genocida y asesino allí donde ha podido hacerlo, con la aportación del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que lo acusó de apoyar el golpe de Estado contra el presidente venezolano en 2002. La responsabilidad del Gobierno no se agotó con la morosa y plana recriminación de Zapatero a Chávez, aunque haya sido rentable para el jefe del Ejecutivo español para su imagen- -sublimada por la propaganda de La Moncloa- -como hombre de talante y generoso con el adversario. El presidente de Venezuela actuó premeditadamente y su voluntad de crispar y reventar la cumbre ya era conocida por las delegaciones iberoamericanas presentes en Santiago de Chile. Hay una clara estrategia del populismo izquierdista de la región en convertir a España en chivo expiatorio de los males de sus pueblos y en coartada para acosar a las empresas españolas. La situación no admite ahora paños calientes, porque todos los que se han aplicado a estos voceros bolivarianos han sido un fracaso. El Gobierno tiene que enfrentarse decididamente al presidente venezolano y restaurar, si sabe y quiere, el prestigio internacional de España. Claro es que para conseguir este objetivo España necesita lo que no tiene: aliados fiables y con peso específico. Probablemente esta carencia de apoyos explique la pasividad exasperante del Gobierno español, pues una campaña diplomática de respuesta a las ofensas de Chávez requiere respaldos decididos en Iberoamérica, en Washington y en Europa. La diplomacia española, bajo la dirección del Gobierno socialista, ha desahuciado los intereses españoles en las regiones estratégicas para nuestro país. Lo ha hecho asignando a España prioridades propias de países tercermundistas no alineados, cultivando la amistad de líderes tan peligrosos como marginados de los grandes foros internacionales y degradando el horizonte internacional de nuestro país en apuestas tan vanas como la Alianza de Civilizaciones. La cosecha de estos fracasos diplomáticos se ha hecho visiblemente dramática desde que un demagogo lenguaraz, como Chávez, se atreviera a insultar a España y al Rey sin que el Gobierno le haya impuesto la más mínima sanción diplomática. SENSATEZ EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS L Tribunal de Cuentas goza de una larga trayectoria histórica como garante del rigor en la gestión de los fondos públicos. Alejado de la primera fila de la disputa política, está concebido por la Constitución como una institución que colabora con las Cortes Generales en el examen y fiscalización de la ejecución presupuestaria. De ahí que sus miembros sean reclutados entre personas de prestigio en el ámbito académico y financiero, sin que haya prevalecido hasta ahora el perfil partidista de los diversos consejeros. Por fortuna, el Tribunal de Cuentas ha conseguido librarse ahora de algunas maniobras que pretendían hacerse con su control, tal vez para evitar informes incómodos sobre financiación de partidos como el PSOE, en los que se ponían de relieve sus cuantiosas deudas y la condonación de algunas de ellas por bancos y cajas de ahorros. Esta vez, en efecto, la elección del nuevo presidente se ha desarrollado por cauces razonables, mediante un acuerdo unánime que atribuye el cargo a Manuel Núñez, veterano diputado- -que lo fue en su día de UCD y luego del PP- -y distribuyendo equilibradamente la presidencia de las secciones de Fiscalización y de Enjuiciamiento. Se trata de una fórmula ponderada y sensata para buscar el consenso en el funcionamiento de una institución en la E que la dura pugna que habitualmente protagonizan en otros órganos del Estado los bloques conservador y progresista no se reproduce aquí con la misma intensidad, lo que aleja el fantasma del bloqueo La influencia política de los acuerdos del Tribunal de Cuentas es menor que la del Tribunal Constitucional o la del Consejo General del Poder Judicial, pero los partidos deben ser conscientes de la importancia de preservar los consensos básicos en los más altos niveles del Estado. En España hay muchos profesionales independientes y prestigiosos que están dispuestos a servir a la sociedad desde un cargo público, pero que no desean ser identificados con posiciones partidistas rígidas. Su ausencia empobrece la composición de los órganos constitucionales, que a veces quedan en manos de militantes obedientes que no logran engañar a nadie cuando se proclaman independientes. Si el Tribunal de Cuentas ha conseguido salvarse de la voracidad de los partidos para iniciar una nueva etapa- -ayer se puso fin a diez años de mandato de Ubaldo Nieto- también debería ser posible alcanzar el mismo resultado en otras instituciones fundamentales. Hoy, al menos, el control del gasto público queda en buenas manos gracias a la solución adoptada de forma unánime por los consejeros de Cuentas.