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4 OPINIÓN SÁBADO 3 s 11 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro GUADALAJARA: NEGLIGENCIA POLÍTICA VUELTA AL PRESENTE LEGADO a este tramo final de la legislatura, los dos grandes partidos deberían saber que la polémica política sobre la sentencia del 11- M resulta irritante para la gran mayoría de los ciudadanos. Las expectativas partidistas depositadas en la resolución del tribunal presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez se han visto frustradas porque la decisión judicial se ha limitado, y no es poco, a juzgar los hechos, las pruebas y las acusaciones a la luz de la ley. Por eso, la sentencia no da respuesta a tantas preguntas extraprocesales convertidas en falso objeto de este sumario por la simple razón de que nadie, ni acusadores ni defensores, las plantearon como materia que debía juzgarse; y aquellos aspectos más polémicos- -en el terreno informativo, que no en el judicial- -que sí fueron expuestos ante el tribunal y sometidos al debate público, han quedado aclarados en sentido favorable a su legalidad, como ha sucedido con las principales pruebas decargo. Por tanto, socialistas y populares pueden alargar artificialmente todo lo que quieran la discusión política sobre una sentencia que descarta la participación de ETA, pero tampoco menciona la intervención aliada en Irak como motivación de los terroristas. Nadie emplazó, como ha hecho el Gobierno socialista con el PP a Blair a hacer penitencia de nada cuando se cometió el 7- J, ni a Bush tras el 11- S, porque sólo el terrorismo es responsable de sus propios actos criminales. Sí deben quedar en la memoria, para no repetirlo nunca más, las manifestaciones antidemocráticas que se produjeron, nada espontáneamente, durante la jornada de reflexión. El respeto debido a los ciudadanos ha de ser suficiente estímulo para que el Gobierno y el PP se centren en los problemas de la actualidad. A la sentencia del 11- M le queda aún el trámite del Tribunal Supremo, a través de los recursos de casación que ya se han anunciado y que son el cauce legal adecuado para plantear las dudas sobrelas absoluciones y las condenas decididas por la Audiencia Nacional. Para el PSOE la reedición de los mismos reproches e imputaciones al PPque pusieron en circulación desde el mismo día 11 de marzo es una baza táctica para apartar a Mariano Rajoy y a su equipo del empeño que L debe incumbirles en un período preelectoral decisivo para el cambio político que necesita España. Sobre el 11- M han hablado los ciudadanos en las urnas, los políticos lo hicieron en aquella frustrante comisión de investigación y los jueces, en su primera sentencia. La democracia ha empleado sus recursos legítimos para extraer, en lo político y en lo legal, todas las consecuencias que, por unos y por otros, se han considerado pertinentes. Ahora, sigue pendiente el futuro inmediato de este país, condicionado negativamente por la acción del Gobierno de Rodríguez Zapatero, quien, bien es cierto, confió excesivamente en que la conmoción del atentado, unida a la derrota y estigmatización del PP le allanarían una legislatura sin opo, sición para ejecutar su programa de negociación con ETA, de revisión histórica y de reforma constitucional encubierta. Los hechos han demostrado su absoluto error de percepción. Hoy importan los indicadores económicos, en niveles preocupantes (paro, inflación, endeudamiento familiar, caída del consumo) tanto por las cifras como por la negativa del Gobierno a aceptarlos y abordarlos responsablemente. Requiere la atención general la crisis de los servicios públicos en Barcelona, auténtico naufragio del mito de la izquierda como gestora eficaz de los intereses generales. El terrorismo de ETA sigue al acecho, unido a la creciente amenaza del islamista, lo que supone para el Gobierno terminar su primer mandato con los dos frentes terroristas que, con temeraria ligereza, algunos endosaron a la política de Aznar. La inestabilidad del Tribunal Constitucional, la precariedad del Consejo General del Poder Judicial, la quiebra del Estado autonómico, son también cargas que lastran el funcionamiento del sistema institucional y que deben ser valorados por los ciudadanos sin interferencias de debates retrospectivos que carecen, hoy, de efecto práctico alguno. Y, les guste o no, PSOE y PP habrán de entenderse en asuntos que ninguna polémica los eximiría de su deber de consenso, como es el de la grave crisis diplomática provocada interesadamente por Marruecos, con ocasión del viaje de Sus Majestades los Reyes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. EL ESPEJISMO MAGREBÍ DEL GOBIERNO A desmedida reacción del Rey de Marruecos, llamando a consultas a su embajador en Madrid, era previsible teniendo en cuenta los antecedentes históricos que afectan a las dos ciudades españolas del norte de África. La nota oficial que ha precedido esta reacción, en la que se utilizaban expresiones completamente inapropiadas, ya presagiaba un gesto airado por parte de Marruecos, que por otro lado no puede en ningún caso pretender marcar la agenda de las visitas del Rey de España a una parte indiscutible de su territorio. Sin embargo, al hilo de este acontecimiento se puede comprobar que las relaciones entre España y Marruecos son un caso más que prueba que al Gobierno los grandes asuntos estratégicos le son indiferentes, y que sólo se interesa por aspectos que concuerdan con las peculiaridades de la personalidad del presidente, como ha pasado con Irak y Estados Unidos, o cuando se adivinan rentabilidades electorales. Con la misma rotundidad que se proclamaba al comienzo de la legislatura que la amistad con Marruecos constituían un elemento de primera magnitud de nuestra política exterior, se pasa ahora a una situación de desencuentro que era previsible y que durará lo que decidan las autoridades de Rabat. No sería de extrañar que en esta larguísima campaña electoral el Partido Socialista utilice es- L te gesto de programar la visita de Sus Majestades a Ceuta y Melilla como una muestra de firmeza, seguramente con la misma audacia con la que en su día criticó la actitud del entonces Gobierno popular en el caso del islote de Perejil. Lo cierto es que el volantazo que dio el Gobierno socialista en las posiciones tradicionales de España en el norte de África ha sido un claro fracaso: ni ha servido para contribuir a una solución justa del conflicto del Sahara Occidental, ni- -como se ve ahora- -las excelentes relaciones que supuestamente se atribuían al abandono de nuestra tradicional neutralidad diplomática han servido para gran cosa cuando ha llegado el momento de ponerlas a prueba. En el ámbito internacional, un país como España debería tener posiciones más razonables y consecuentes con su historia y sus intereses. Cuando al comienzo de la legislatura el ministro Miguel Ángel Moratinos y el propio presidente insistían en sus discursos autocomplacientes sobre la actitud favorable por parte del régimen marroquí, debían haber calculado mejor los efectos de determinados gestos. Que nadie se sorprenda si ahora, por ejemplo, las pateras y las avalanchas de emigrantes irregulares que parten de Marruecos vuelven a ser un grave problema para España, porque igual que en su día Rabat decidió cerrarles el paso, ahora puede ordenar lo contrario. A imputación de siete técnicos de la Junta de Castilla- La Mancha en la investigación judicial del incendio de Guadalajara representa un serio varapalo para la tesis oficial que el PSOE impuso en las Cortes regionales. Múltiples testimonios y pruebas que aparecen en el sumario dan la razón a las familias de las víctimas y dejan en entredicho la teoría del accidente inevitable que trataba de eliminar cualquier responsabilidad política en la pésima gestión desarrollada por las autoridades. Aparecen ahora serios indicios que demuestran, entre otras cosas, la reacción tardía de los responsables, la manifiesta falta de medios y la descoordinación entre los diversos retenes. En particular, el escrito de imputación denuncia que el retén de Cogolludo fue enviado al lugar donde sus integrantes perdieron la vida sin órdenes concretas y prácticamente al albur de las circunstancias. ABC ofrecía ayer una comparación muy significativa entre el sólido relato de los hechos que se desprende del documento judicial y la visión triunfalista de las conclusiones parlamentarias acerca de la actuación de la Junta. En este último caso, se habla de movilización excepcional de medios, plena coordinación y eficacia y cumplimiento correcto de las misiones, para concluir que la tragedia fue provocada por un fenómeno imprevisible y de consecuencias inevitables En cambio, la juez instructora imputa a los técnicos por imprudencia con resultado de muerte y delito contra los derechos de los trabajadores, lo que apunta claramente a que se produjeron múltiples deficiencias con los efectos dramáticos de todos conocidos. Para empezar, ante las condiciones extremas de calor, el delegado de Medio Ambiente de la Junta tendría que haber prohibido la barbacoa que dio lugar al fuego. Sin perjuicio de las garantías procesales y la presunción de inocencia, puesto que las actuaciones judiciales todavía no han concluido, los familiares ven por ahora satisfecha su pretensión de que se reconozca la falsedad de la postura de la mayoría socialista. La Cámara regional fundaba sus conclusiones en que fue un caso de fuerza mayor contra el que nada era posible hacer, a pesar de que los servicios de la Junta funcionaron correctamente. Este punto de vista complaciente supone una distorsión de la verdad y no ha logrado superar el primer análisis a cargo de un órgano judicial independiente. La vía jurídica sigue su curso, pero los ciudadanos ya saben a qué atenerse en cuanto a la escasa confianza que pueden depositar en un Gobierno y una mayoría parlamentaria que pretenden como sea eludir sus responsabilidades. La torpeza, la descoordinación y la improvisación fueron- -por desgracia- -las características de una reacción muy deficiente en el ámbito político y administrativo. De cara a las familias y a la opinión pública, sería deseable que la Junta reconociera sus errores y no siguiera ocultándose bajo teorías falsas que se desmontan fácilmente en una investigación objetiva. L