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ABC JUEVES 1 s 11 s 2007 LA VERDAD DEL 11- M INDEMNIZACIONES A LAS VÍCTIMAS ESPAÑA 35 El Estado tendrá que adelantar las indemnizaciones a los familiares La sentencia obliga a pagar a los dos autores materiales y al cooperador necesario N. VILLANUEVA MADRID. Hace apenas una semana, Julio entraba en la Asociación 11- M Víctimas del Terrorismo con lágrimas en los ojos. Horas antes se había atrevido a ordenar la habitación de su hijo, que permanecía intacta desde que la abandonó la mañana del 11 de marzo de 2004. Entre los cajones y estanterías de su cuarto, Julio encontró el libro que su hijo estaba leyendo el día anterior a los atentados. La página en la que había interrumpido la lectura estaba señalada con un billete de veinte euros. Con el libro entre las manos, Julio empezó a llorar pensando en todos los capítulos que quedaban pendientes en la vida de su hijo. Recibirá un millón de euros por su muerte, aunque, como dice, no hay dinero que pueda reparar la pérdida de un ser querido. Detrás de cada indemnización acordada en sentencia, y lejos de la frialdad que representan esas cifras, se esconden historias como la de Julio, o como la de Laura, la joven que lleva en estado vegetativo desde el 11 de marzo de 2004 y que, salvo un milagro, parece que nunca llegará a recuperarse. Su indemnización ha sido la más alta de todas las que el Tribunal ha acordado, casi tres millones de euros. Junto con las 21 condenas, la Audiencia Nacional obliga a tres de los procesados- -los autores materiales y el cooperador necesario- -a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los familiares de los 192 fallecidos y a los 1.856 heridos con cientos de millones de euros. Lo cierto es que, aunque alguno de ellos pudiera afrontar una mínima parte de estas indemnizaciones- -lo lógico es que intenten declararse insolventes- todo apunta a que el Estado tendrá que adelantar esas cantidades, según está previsto en la ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2003. Después, tendrá que ser el Estado el que se dirija contra los acusados como crea conveniente para recuperar el dinero. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que todas las sentencias penales con un pronunciamiento civil (es decir, las que junto con la condena prevén que el culpable pague una indemnización a su víctima) pueden ser ejecutadas provisionalmente o bien esperar a su ejecución definitiva cuando dicha sentencia sea firme, o sea, cuando así lo ratifique el Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas consultadas por ABC se inclinan por la segunda opción, al considerarla más prudente pues al resolver los recursos de casación el Alto Tribunal podría modificar no sólo condenas, sino también las cantidades fijadas en la sentencia de la Audiencia Nacional, lo que llegado el caso podría obligar incluso a las víctimas a devolver las cantidades cobradas o una parte de ellas. De hecho, hay que recordar que en virtud de la ley de Víctimas, muchos de los perjudicados ya habían recibido antes del juicio una parte de la cantidad fijada ahora, que lógicamente habrá que descontar. Que el Estado adelante las indemnizaciones fijadas en la sentencia (sólo los condenados son los culpables) es independiente de la posible responsabilidad del Estado en el normal o anormal funcionamiento de sus instituciones, lo que, en su caso, se ventilará en la vía contencioso- administrativa, como se hizo en el caso de la intoxicación por la colza. La distribución de las indemnizaciones Los incluidos en los grupos 1 y 2, partiendo del mínimo de 30.000 euros, recibirán 300 euros por día que tardaron en curar. Los del 3, 30.000 euros mínimo más 300 euros por día de curación y otros 10.000 si padecen secuelas. Los del 4, 30.000 euros, más 300 por día de curación y 15.000 por secuelas. Los del 5, igual base y 30.000 euros por secuela. Los del 6, la misma base y 70.000. Los del 7, la misma base y 90.000. Los del 8, la misma base y 110.000. Los del 9 reciben por secuelas, además de las cantidades comunes, 300.000. Los del 10, 500.000. Los del 11, 750.000. Y los del 12, 900.000 euros. Insolventes Los acusados esperaban entre risas, a poca distancia de las víctimas, conocer el contenido de la sentencia POOL EL TRIBUNAL SE ACUERDA DE LA VÍCTIMA 193 A Laura Vega, en coma desde el 11- M, la explosión le dañó irreversiblemente el cerebro. El Tribunal acordó una indemnización de casi tres millones A. M- F. MADRID. El tribunal del 11- M hizo una excepción con el caso de Laura Vega García, la joven de 29 años que se encuentra en estado vegetativo irreversible desde los atentados del 11- M. Sus familiares recibirán un millón de euros de indemnización por el sufrimiento especial que les genera el estado en el que se encuentra su hija, que recibirá otro millón y medio. El juez Bermúdez, que demostró una sensibilidad especial con este caso, también fijó un depósito de 250.000 euros para el tratamiento de esta joven. Laura Vega tenía 26 años cuando la explosión de Atocha dañó su cerebro irreversiblemente, pero permitió su corazón pudo seguir latiendo. Laura no tiene capacidad de movi- miento ni de voluntad, no puede comer ni ducharse. Por no poder, no puede ni respirar sola. Sin embargo, lo que el atentado no le quitó es la capacidad de sufrir, como refleja su rostro cuando tose, bosteza o vomita. Desde los atentados, le falta una parte del cráneo y permanece postrada en una cama de la Unidad de Daños Cerebrales de una clínica de Madrid. Los médicos han perdido la esperanza de que recupere la conciencia. Además del terrible sufrimiento de ver en este estado a su hija, sus familiares tuvieron que soportar el pasado 11 de marzo, en el tercer aniversario de la matanza, que dos periodistas del diario El mundo violaran la intimidad de Laura y pu- Violar la intimidad blicaran un reportaje, con fotos incluidas, sin su consentimiento y con datos y valoraciones que, según su hermano, no se correspondían con la realidad. La familia de la joven lo denunció ante el tribunal. Laura, que depende de dos enfermeras y de su familia las veinticuatro horas del día, no pudo impedir que los periodistas se colaran en su habitación en la Unidad de Daños Cerebrales de la clínica para tomar fotografías de su estado físico. Tampoco pudo pedirles que dejaran su habitación, que respetaran su intimidad y su voluntad de no querer salir en ningún papel. Cuando la información se publicó, el hermano de Laura se puso en contacto con la periodista que la firmaba, quien le dijo que Laura era un personaje público