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ABC JUEVES 1 s 11 s 2007 Tribuna Abierta OPINIÓN 7 Julio Banacloche Profesor de Derecho Procesal de la UCM DE LA SENTENCIA E acaba de conocer el contenido de la sentencia del proceso por los atentados cometidos el 11 de marzo de 2004. Como era previsible, dado que el tribunal no ordenó la excarcelación de ninguno de los acusados cuando finalizó la deliberación y votación de la causa, se ha condenado a la mayoría de ellos, aunque no por todos los delitos de los que se les acusaba y no siempre con imposición de penas muy altas. Tiempo habrá para hacer una valoración jurídica detenida del texto de la sentencia. Lo que ahora resulta interesante analizar es el panorama procesal que se abre a la vista de lo decidido por el tribunal. Para empezar, hay que señalar que la citada sentencia no es firme, puesto que las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional son recurribles en casación ante el Tribunal Supremo. Por tanto, aún debe esperarse a que se pronuncie ese Tribunal para zanjar definitivamente las responsabilidades penales existentes. Porque, en el presente caso, lo más normal- -y así ha sido ya anunciado- -será que todas las partes, acusadores y acusados, presenten recurso de casación (excepción hecha de los absueltos, lógicamente) las acusaciones (Ministerio Fiscal y representantes de las víctimas) porque no se ha condenado a los acusados por todos los delitos de los que se les acusaba; y los condenados, porque entenderán que no hay prueba suficiente para desvirtuar su presunción de inocencia. os motivos en que puede fundarse un recurso de casación son muy variados: unos se refieren al fondo del asunto, como sería la incorrecta aplicación de los preceptos penales por los que se absuelve o condena a los acusados; otros, a cuestiones procesales, bien relativas a lo sucedido durante el juicio (por ejemplo, la denegación de pruebas que se consideran fundamentales) bien que se contienen en la propia sentencia (como la contradicción en los hechos declarados probados, o la condena por delito distinto al que se acusa) También se puede basar el recurso en vulneración de un derecho fundamental: lo más frecuente es alegar infracción del derecho a la presunción de inocencia de los acusados (es decir, que no existe prueba de cargo suficiente para condenar a una persona) Es de prever que en este ca- EL DÍA DESPUÉS S de forma fragmentaria. Parece claro que habrá partes que aleguen esa circunstancia, por lo que resulta razonable pensar que el Tribunal Supremo tratará de nuevo en su sentencia la cuestión de los explosivos que estallaron en los trenes. Debe saberse que los hechos declarados probados por el tribunal de instancia (aquí, la Audiencia Nacional) son inamovibles. El Tribunal Supremo no puede alterar el relato de hechos probados, salvo que entienda que se ha producido un error de apreciación en una prueba documental, lo que no parece muy probable en el presente caso E L so los motivos de casación se multipliquen, no tanto por los posibles defectos en que haya podido incurrir la sentencia dictada cuanto por el número de recurrentes y la complejidad y variedad de la causa. De nuevo veremos, pues, miles de folios de unos y otros que hablarán de numerosas infracciones legales y procesales cometidas durante el proceso. Como es obvio, eso no significa que realmente dichas vulneraciones se hayan producido, ni que el Tribunal Supremo deba considerarlas existentes. En cualquier caso, debe saberse que los hechos declarados probados por el tribunal de instancia (aquí, la Audiencia Nacional) son inamovibles. El Tribunal Supremo no puede alterar el relato de hechos probados, salvo que entienda que se ha producido un error de apreciación en una prueba documental, lo que no parece muy probable en el presente caso. La casación no supone, pues, que se repita el juicio ante un nuevo tribunal: éste sencilla- mente debe limitarse a comprobar la corrección del razonamiento de la sala sentenciadora, de acuerdo siempre con lo que ésta ha considerado que son hechos probados. De ahí que el índice de modificaciones de sentencias de instancia por el Tribunal Supremo sea más bien pequeño. n relación con el ámbito de decisión del Tribunal Supremo, resulta interesante aventurar una respuesta a una pregunta que probablemente mucha gente se estará haciendo, relativa a si el citado Tribunal se pronunciará o no en su sentencia sobre la cuestión de los explosivos utilizados en el atentado, esencial para determinar la responsabilidad de los acusados. Si bien, conforme a la ley, la valoración de los dictámenes periciales queda fuera de la casación, excepcionalmente se ha procedido a enjuiciar sobre ellos cuando, siendo la única prueba de un hecho, la sentencia se aparta de sus conclusiones o las recoge E n cuanto a la duración de lo que queda de proceso, es de prever que la nueva y definitiva sentencia del Tribunal Supremo sobre este caso se dicte en un año, o año y medio a lo sumo, dado que la Sala Segunda es de las que mejor funciona a la hora de resolver asuntos pendientes. Y tras esa segunda sentencia, los que resulten perjudicados podrían intentar acudir al Tribunal Constitucional en amparo, o incluso en última instancia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, tras la reforma restrictiva del recurso de amparo aprobada en mayo de este año, en virtud de la cual sólo se entra a discutir de un asunto si se demuestra su trascendencia constitucional (que vendría dada no por su relevancia mediática, o por la importancia de la pena para los afectados, sino por la existencia de aspectos generales sobre los que aún no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional) no parece probable que el Tribunal Constitucional llegara siquiera a admitir el recurso de amparo en el caso que nos ocupa. Y en cuanto al recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, además de resultar extraordinariamente difícil que pase el filtro de admisión y dé lugar a un pronunciamiento, su interposición no suspendería en ningún caso el cumplimiento de las penas impuestas, por lo que su eficacia y virtualidad práctica resultan más que discutibles. Por otra parte, mientras se dilucidan los recursos de casación que se presenten ante el Tribunal Supremo, los condenados seguirán en prisión provisional hasta que cumplan la mitad de la pena impuesta por la sentencia. Esta circunstancia de seguro impulsará la diligencia en la tramitación de los citados recursos, con el fin de evitar que una demora en esta fase pueda originar que los condenados terminen siendo puestos en libertad anticipadamente, por cumplirse el tiempo máximo de prisión provisional previsto por la ley. En definitiva, se puede decir que aún queda mucho camino por recorrer en el proceso del 11- M- -sin olvidar que aún existen varios procesos pendientes sobre cuestiones con él relacionadas- aunque es indudable que ayer, con la publicación de la sentencia de instancia, se dio un paso muy importante para la impartición de justicia, algo de lo que todos nos debemos felicitar.