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28 ESPAÑA Secuestro de menores en África s MIÉRCOLES 31 s 10 s 2007 ABC París podría juzgar a sus nacionales por un acuerdo bilateral con Chad El Gobierno califica de irresponsable el comportamiento de El Arca de Zoé JUAN PEDRO QUIÑONERO CORRESPONSAL PARÍS. Francia analiza el dramático caso de los franceses y españoles detenidos en la capital del Chad, acusados de tráfico de niños desde tres ópticas complementarias: independencia de un país soberano que debe aplicar su justicia; necesidad de prestar apoyo a los compatriotas detenidos en el extranjero, y riesgos graves para los proyectos de intervención humanitaria en Darfur. En tanto que antigua potencia colonial, Francia tiene con Chad acuerdos de cooperación militar y judicial. Tropas francesas pueden intervenir (y han intervenido en numerosas ocasiones) para asegurar la frágil estabilidad del Estado. Los franceses detenidos en Chad pudieran ser juzgados en París, siempre que las autoridades judiciales de Yamena lo considerasen oportuno. La posición oficial es ésta: Francia ofrece ayuda consular a los franceses en el extranjero. Pero no debemos olvidar que Chad es un país soberano, que tiene su propia justicia, que debe intervenir libremente, como corresponde a la justicia de un Estado libre e independiente El ministro francés de Asuntos Exteriores ha enviado a un representante personal a Yamena, con el fin de coordinar los trabajos de ayuda humanitaria y consular a los franceses detenidos, intentando dialogar con el gobierno de Chad. Un portavoz oficial ha confirmado que muchos de los niños que la organización El Arca de Zoé se disponía a trasladar a Francia tenían familia, en Chad, y no eran huérfanos, como pretendían los responsables de la controvertida organización no gubernamental. Por su parte, Unicef insiste en el mismo punto: Todos o casi todos los niños que El Arca de Zoé se disponía a trasladar a Francia tienen familia en Chad. Y todos ellos serán interrogados, individualmente. Sin desautorizar de manera brutal y expeditiva a la organización El Arca de Zoé, el Gobierno francés insiste desde hace días en el carácter irresponsable de su comportamiento, en un terreno donde existe una legislación internacional muy estricta, que el Ministerio francés de Asuntos Exteriores había recordado en numerosas ocasiones a los responsables de la ONG detenidos en Chad. El Gobierno francés establece una diferencia capital entre los dirigentes de El Arca de Zoé y los periodistas franceses detenidos como posibles cómplices. Desde la óptica oficial francesa, los periodistas estaban realizando una misión informativa, sin participar, en ninguna medida, en una operación que Chad denuncia como un vasto tráfico de niños. Ayer, la ministra de Justicia, Rachida Dati, abrió la puerta a una posible extradición recordando que Francia tiene un acuerdo judicial con Chad que permitiría, llegado el caso y si las autoridades chadianas así lo desean, juzgar a los nueve ciudadanos franceses. En el marco de este acuerdo, Chad puede decir: dejamos a Francia la posibilidad de hacerse cargo de este caso judicial dijo la ministra. El presidente del Chad visitó ayer a los niños que querían traslasar a Francia AFP Dolo o imprudencia Cuarto país más corrupto de África, uno de los más pobres, dictadura militar y un sistema judicial sin garantías, Chad no es el mejor lugar para caer preso. El caso de los españoles acusados de complicidad en tráfico de niños oscila entre el dolo y la imprudencia ALFONSO ARMADA MADRID. Desde un punto de vista meramente jurídico, sin entrar a valorar un caso del que no conoce todos los extremos y sin haber podido leer un sumario que todavía se está elaborando, un juez de menores español observa que los siete compatriotas podrían ser inculpados por negligencia, lo que en el argot jurídico se denomina culpa in vigilando Jurídicamente, señala este estudioso del derecho que ha analizado en Suramérica violaciones de derechos humanos y el secuestro de niños en Guatemala y Honduras en los años noventa para ser adoptados de forma ilegal en Estados Unidos, que a la hora de establecer una responsabilidad penal hay que determinar si ha habido dolo- -cuando se actúa intencionadamente sabiendo que se trata de un acto que va contra la ley, y que por lo tanto tiene una pena mayor- o si se ha tratado de imprudencia. En este segundo caso- -bajo el que podrían ser incriminados los tripulantes del avión de la compañía Girjet- incurre quien no ha puesto todos los medios necesarios cuando hay indicios o sospechas de que se pueda estar actuando de forma irregular o cometiendo un delito. En este caso, pese a la comisión de delito, se tendría que aplicar una rebaja de pena. De lo que no cabe duda, añade este juez de menores que prefiere guardar el anonimato, es que las autoridades chadianas son plenamente competentes en un supuesto delito cometido en su territorio. A partir de esa competencia territorial lo que procede es determinar la responsabilidad penal de cada uno. El máximo responsable de una aeronave, el capitán, ha de verificar que los pasajeros o la carga cumplen con la ley. La ley española de extranjería, como la francesa, obliga a las compañías aéreas a verificar la identidad de todos los pasajeros. En el supuesto de que los oriundos de un país a los que se exige visado- -caso de Chad- -viajaran sin él, la compañía tendría que asumir los costes de la repatriación. La presencia de 103 menores a bordo tendría que haber encendido, como mínimo alguna alarma. La acción humanitaria no puede ser un eximente. Otra hipotética variante de los estragos que a veces causan las buenas intenciones. ABC. es Ayuda consular Más información de este caso y sobre la evolución de los detenidos en www. achedezoe. fr El PP solicitará una Agencia para la Adopción Internacional DOMINGO PÉREZ MADRID. El PP presentará hoy mismo, si es que el PSOE no decide aumentar el plazo, una enmienda al Proyecto de Ley de Adopción Internacional por la que se propone añadir una nueva disposición adicional que pomocionará la creación de la Agencia para la Adopción Internacional. Esta será la más importante de las entre casi 50 enmiendas que ha elaborado el PP. Se pretende con ella que, entre otras funciones, la Agencia fije criterios homogéneos para la expedición de los certificados de idoneidad, que se ha comprobado que son muy diferentes y variables entre las distintas comunidades. Otras de sus competencias serían: aprobar tarifas, establecer modelos de contratos de gestión de servicios públicos y de los conciertos de colaboración; elaborar el modelo de contrato entre el adoptante y la entidad de colaboración; marcar las normas de calidad, modelos de evaluación y criterios básicos de supervisión y seguimiento de las Entidades de Colaboración; fijar los criterios homogéneos en materia de acreditación y control de entidades de colaboración; competencias sancionadoras frente a entidades de colaboración de implantación superior a una Comunidad; programas homogéneos de postadopción, y creación de un Registro Central de reclamaciones, entre otras.