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4 OPINIÓN SÁBADO 27 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro OJO POR OJO EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL L Partido Popular presentó ayer las recusaciones contra los magistrados del TC Pablo Pérez Tremps, Pascual Sala y Manuel Aragón, a los que reprocha los mismos hechos que el Gobierno a los magistrados recusados por la Abogacía del Estado, es decir, haber perdido su imparcialidad sobre la ley de reforma de este Tribunal porque se manifestaron sobre ella en diversas ocasiones. El PP criticó estas primeras recusaciones con razones plenamente acertadas, pues el Gobierno buscaba con ellas la compensación a las abstenciones voluntarias de la presidenta y del vicepresidente, que daban la presidencia del órgano, con su voto de calidad, a un magistrado conservador Aunque todo este cruce de abstenciones y recusaciones se produce sólo en el recurso del PP contra la reforma del TC, sus efectos son devastadores para la institución en su conjunto, porque la sumerge en una crisis de imagen y de funcionamiento absolutamente inconveniente para un tiempo que requiere, como ninguno anterior en democracia, la clarificación constitucional de leyes muy importantes. Con esta discordia descontrolada, el PSOE va a lograr la paralización del TC hasta después de las elecciones de marzo de 2008, que es lo que quería. Las tres recusaciones presentadas ayer por el PP son una decisión errónea, porque de un plumazo deja a este partido sin argumentos políticos y legales contra las que interpuso el Gobierno. Aunque tácticamente sea explicable el paso dado por el PP a la vista de la deslealtad absolu, ta del PSOE en el juego institucional, también existen otros factores de decisión, como la forma de entender la relación de cada cual con las instituciones del Estado de Derecho y los límites que uno mismo esté dispuesto a defender como principios diferenciadores. Aun así, nadie debe confundirse. La responsabilidad de esta crisis institucional es de Rodríguez Zapatero y de la consideración que tiene hacia el Derecho como un elemento accesorio y prescindible en la acción política. Pero esto no justifica que el PP secunde la misma senda errónea que ha iniciado el Gobierno, porque es una contradicción que empaña su correcta posición- -como es propio de la derecha democrática española- -ante las instituciones. Además, sigue siendo sorprendente- -y con el paso del tiempo aún más- -que semejante iniciativa fuera anunciada por el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, por su cuenta y riesgo, y que, una vez conocido el escrito de recusaciones, éstas se basen en informaciones periodísticas. El PP ha conseguido llevar al seno del TC la táctica política que le interesaba: las cinco recusaciones habrán de correr la misma suerte, a favor o en contra. Por eso, todavía es posible reconducir la situación antes de que los daños sean irreversibles. Ambos partidos, siguiendo la política disuasoria de la guerra fría han demostrado su igualdad de armas. Lo mejor que pueden hacer es retirar las recusaciones y que el pleno del Tribunal Constitucional, con los diez magistrados que quedan, resuelva el recurso contra la reforma de este órgano. E CATALUÑA SE VA A crisis en que se halla inmersa Cataluña, lejos de encontrar soluciones si quiera parciales, es galopante. Seis incidentes serios en menos de diez días relacionados con las infraestructuras ferroviarias son un balance imposible de digerir para el ciudadano, hastiado de recibir buenas palabras y peticiones de paciencia como simple explicación a una gestión pésima del Ministerio de Fomento en la construcción del AVE hacia Barcelona. Ya es una evidencia que se ha evaporado el propósito electoralista de José Luis Rodríguez Zapatero de inaugurar el AVE hacia la Ciudad Condal el 21 de diciembre. Hoy, la incompetencia demostrada por los gestores del Ministerio de Fomento, con la ministra Magdalena Álvarez a la cabeza, sólo es equiparable al hartazgo de la ciudadanía y a la preocupación con que el PSOE encara los decisivos meses finales de la legislatura. El Gobierno ha perdido el control de la situación. La muestra evidente del nerviosismo con el que busca ahora parches para intentar paliar su descrédito en un enclave determinante para los socialistas, es la irritación expresada personalmente a Zapatero por el presidente de la Generalitat, José Montilla, ninguneando a la ministra de Fomento, con quien ya pocos se entienden. La incapacidad de Magdalena Álvarez para hacer frente a cualquier conflicto es notoria incluso entre los dirigentes de su propio partido. Haciendo gala de sentido de la responsabilidad, el Ayuntamiento de Barcelona acordó ayer por unanimidad- -está gobernado por Jordi Hereu, del PSC- -exigir a Moncloa que retrase las obras del AVE el tiempo necesario para evitar más precipitación y garantizar la seguridad de los trabajos. Incluso, sacrificando cualquier intento de obtener rentabilidad partidista de la inauguración. El Gobierno también ha decidido rescindir el contrato a la empresa adjudicataria de las obras, OHL, aquien la ministradeFomento culpa directamentedel desaguisado, obviando por completosu propia responsabilidad y en flagrante contradicción con el discurso del PSOE L cuando era el Gobierno del PP quien encontraba problemas en la construcción del AVE. Por si fuera poco, un corrimiento de tierras en un túnel provocó ayer el hundimiento parcial del andén de la estación del Bellvitge (Barcelona) Parece como si la otrora competitiva y sólida Cataluña se hubiese convertido en pocos años- -los que lleva el tripartito al frente de la Generalitat- -en un auténtico delirio organizativo al que de modo muy palmario no ha querido dejar de contribuir el Gobierno de Zapatero. Centrar el grueso de la gestión política en un debate basado en inútiles cuestiones identitarias, y en la aprobación de un Estatuto con serias tachas de aparente inconstitucionalidad, tiene sus consecuencias: en primer lugar porque, como se demostró en el referéndum estatutario, una inmensa mayoría de catalanes no se siente concernida por las veleidades desus dirigentes; y segundo, porqueello redunda en la desatención de otros asuntos públicos de indudable entidad que el ciudadano sí considera básicos en su vida diaria. Durante toda la legislatura, Zapatero, preso de sus pactos parlamentarios con los nacionalistas, ha demostrado un preocupante favoritismo hacia Cataluña en detrimento de otras comunidades, como Madrid por ejemplo. El Gobierno presume de haber invertido en Cataluña más de lo que lo hizo el Ejecutivo del PP en ocho años, tanto por la vía de los Presupuestos Generales como por una vía estatutaria tan privilegiada como insolidaria y de dudosa legalidad. Y sin embargo, ni siquiera con estos antecedentes la gestión de Moncloa y del tripartito se ha plasmado en resultados eficaces. El intento de Moncloa por salvar la cara a la ministra Álvarez, como ayer hizo la vicepresidenta Fernández de la Vega, suena a retórica hueca porque, en el fondo, el ciudadano percibe que se trata de una defensa artificial y muy poco convincente de una labor que, en puridad, sólo tiene una salida: la dimisión. Zapatero ya conoce el caótico resultado de sumar a una política generadora de crispación territorial una gestión negligente de los recursos públicos. El ciudadano, además de conocerlo, lo sufre. ANV TOMA EL RELEVO A BATASUNA L congreso que hoy celebra Acción Nacionalista Vasca es su confirmación como recambio, definitivo o provisional, de Batasuna en el frente político de la organización terrorista ETA. Situada cómodamente en unos ayuntamientos de los que ya no podrá ser expulsada, ANV ha organizado este acto como una demostración de fuerza y de ratificación de los principios más radicales y ortodoxos de la doctrina etarra. Es, al mismo tiempo, el enésimo desmentido a quienes creían que la vuelta de ETA a los atentados iba a provocar en ANV- -e incluso en Batasuna- -una división entre moderados- -categoría inexistente en este mundo- -y extremistas. La ponencia política que debatirá esta formación abertzale es la suma de todos los tópicos del maximalismo dogmático de ETA y no da pie a la más mínima diferencia de criterio. Tras el descabezamiento judicial de Batasuna, ANV está llamada a aglutinar a los grupos que orbitan alrededor de ETA y a asumir la representación política de los terroristas. Nunca ETA ha consentido la más mínima diferencia de criterio. Para dejarlo claro, la ponencia de ANV ataca directamente a partidos como Aralar, que se separó del entramado batasuno por no apoyar la violencia terrorista. Y si desde el punto de vista organizativo no hay duda de que ANV se adhiere íntegramente a la estrategia frentista de ETA, también lo hace en cuanto a su programa de acción. La ponencia política propugna la creación de un Consejo Nacional Vasco que vendría a suceder a la E Udalbitza creada por el acuerdo de Estella entre todos los nacionalistas y sería la plataforma para defender el derecho de autodeterminación y la territorialidad, resumida en la ensoñación de una sedicente República de Navarra La izquierda proetarra, cuyos dirigentes ya habían advertido tras la detención masiva ordenada por Garzón de que sabrían adaptarse a las circunstancias, responde también de esta manera al PNV y al nuevo intento de Ibarretxe de aprovechar la reactivación del terrorismo para liderar el frente nacionalista. En cualquier caso, lo más relevante no es lo que pretenda o pueda hacer ETA con sus terminales políticas, sino la capacidad de respuesta que debe acreditar el Estado para evitar que el terrorismo etarra recupere este terreno de la acción política, que tanto había costado arrebatárselo. Si hoy ANV celebra este congreso, con el propósito de sumar definitivamente sus activos a ETA y perpetuar las agresiones a las libertades democráticas en el País Vasco, se debe a la omisión dolosa del Gobierno, que no impulsó la ilegalización de ANV cuando debió hacerlo- -antes de las elecciones municipales de mayo pasado- sino sólo de una parte de sus candidaturas, como gesto arbitrario y fallido de apaciguamiento hacia ETA. Aquel error inexcusable del Gobierno se paga hoy con la nueva e impune mutación de la izquierda proetarra, llamada Acción Nacionalista Vasca, contra la que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero debe dirigir una demanda de ilegalización ante el Supremo de forma inmediata.