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4 OPINIÓN VIERNES 26 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro SOBRADAMENTE INCAPAZ UANDO ya no es sólo un partido el que censura con dureza la ineficacia de la ministra de Fomento, sino que es toda la oposición en bloque en el Congreso y en el Parlamento catalán la que exige a Magdalena Álvarez que dimita, ningún miembro de un Gobierno democrático debería encontrar la más mínima justificación para aferrarse al cargo un solo minuto más. El caos ferroviario en Cataluña- -lamentablemente reavivado en los últimos días, pero ya con demasiados meses de trayectoria- -es la simple demostración de que no hay ninguna campaña partidista, ninguna persecución o ninguna obstinación personal contra Álvarez. Por el contrario, es la enésima prueba de que la titular de Fomento reacciona tarde ante cualquier conflicto de su competencia, de que contribuye a enconarlo más que a resolverlo, y de que al final siempre se ve superada por los acontecimientos. El clamor contra su gestión hoy en Cataluña no es ficticio ni producto de una confabulación universal contra el PSOE en periodo preelectoral. Es más: incluso algunos compañeros de Magdalena Álvarez en el Gobierno se han visto obligados a admitir públicamente que, en efecto, hay motivos muy fundados para que los barceloneses estén molestos. Más allá de un triunfo político para la oposición, la dimisión de la ministra sería un alivio para el propio Gobierno y, desde luego, para millones de españoles. Cosa distinta es que la ofuscación por la gravedad de los errores cometidos, o simplemente un exceso de vanidad, impidan a Álvarez recurrir al digno ejercicio de renunciar ya al cargo. Cataluña en general, y el cinturón industrial de Barcelona en particular, son un enclave imprescindible para la aspiración del PSOE de revalidar una mayoría suficiente en las próximas elecciones. Irritar al votante en Cataluña- -una constante en la legislatura, por otro lado- -es poner en riesgo decenas de miles de votos. Es lógico, por tanto, que entre los socialistas se hayan encendido las luces de alarma. Prueba de la preocupación de Zapatero es su decisión de comparecer personalmente en el Congreso para dar explicaciones. Ayer, otra jornada más, miles de barceloneses se vieron atrapados en un monumental atasco porque ni siquiera la sustitución de trenes de Cercanías por autobuses está contando con la organización necesaria. Algunas de las carreteras de acceso a Barcelona se están convirtiendo sin remedio en un embudo para el tráfico rodado. Los perjuicios para el ciudadano son muy notables y culpar en exclusiva a la empresa adjudicataria de las obras del AVE es una excusa insuficiente que demuestra el auténtico talante de la ministra y que, en realidad, sólo sirve para ocultar su reiterada negligencia y echar balones fuera de modo irresponsable. Meses atrás, y también en pleno colapso en Cataluña, Álvarez adujo que no dimitiría hasta que no se lo pidiera Zapatero. Es decir, hasta que fuera destituida. Quizás ahora, tal y como argumenta en su propio vídeo promocional de precampaña, Zapatero también aspire a resolver esta crisis con el poder de la sonrisa. Lo que ocurre es que Álvarez lleva meses borrándosela de la cara a muchos miles de catalanes hastiados de palabrería. UNA MINISTRA C EL TC, AL BORDE DEL BLOQUEO L hecho de que el Gobierno, en una decisión inédita, haya decidido recusar a dos magistrados del TC aduciendo su contaminación para resolver el recurso contra la prórroga del mandato de su presidenta, no justifica que el PP se disponga a devolverle la pelota apartando a otros tres magistrados del bloque progresista del Alto Tribunal. Siendo jurídicamente más que discutibles los argumentos del Gobierno para justificar una recusación de dos magistrados conservadores- -sólo hay una explicación posible, la lucha por el control de las mayorías en el Tribunal- también lo es que el Partido Popular responda a la maniobra del Gobierno con un movimiento reactivo que, en esencia, le mueve a emplear las mismas armas que el partido de Rajoy critica del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Sentada esta premisa y por discutibles que sean los argumentos, lo cierto es que el PP aduce su legítimo derecho a defenderse de la agresión institucional en que el Gobierno socialista está convirtiendo cada uno de sus movimientos para no perder el control de las mayorías en el Tribunal. Y todo, con el único objetivo de que el PSOE se evite sentencias adversas contra algunas de sus leyes estrella de la legislatura o contra el Estatuto catalán, por ejemplo. Con su decisión, el PP- -cuyos sólidos argumentos de fondo dejaban hasta ayer en evidencia al Gobierno- -se pone a la altura del Ejecutivo socialista con un movimiento precipitado en el que algunas de sus razones sucumben al impulso reactivo. No puede decirse que la medida se hiciera pública de la manera más acertada, teniendo en cuenta que el PP cuenta con dirigentes más autorizados en materia jurídica que el portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien acostumbra a practicar políticas de hechos consumados que generan una notable irritación en el partido. Además, resulta llamativo que el PP anuncie una medida tan drástica y de tan graves consecuencias, que sitúan al TC al borde del bloqueo, sin concretar los fundamentos, más aún si se tienen en cuenta las críticas que los populares hicieron a las dos recusaciones E promovidas por el Gobierno la pasada semana. En todo caso, este nuevo episodio de recusaciones en el TC es resultado de la situación crítica que ha provocado la injerencia inaceptable del Gobierno en su funcionamiento interno, con una reforma legal ad hominem, pensada para prorrogar el mandato de la actual presidenta y preservar su voto de calidad en caso de empate entre los bloques conservador y progresista Si el Gobierno rompe las más elementales convenciones del principio de división de poderes y convierte el terreno de juego en un campo embarrado, todo se ensucia. Ahora, la recusación de tres magistrados progresistas supondría un paso más, no el primero, en una escalada de tensión que tiene un origen muy concreto, la interferencia del Gobierno en el TC, sin la cual nada de esto estaría sucediendo. No es una buena noticia que el PP recuse a otros tres jueces del TC y lo deseable habría sido que no se produjera, aunque es Rodríguez Zapatero el que ha repartido estas cartas y los populares, entre quedarse fuera o jugar con ellas, han optado por esto último. Ahora ya se sabrá, al menos, si estas recusaciones- -tanto las del Gobierno como las del PP- -se han presentado de forma extemporánea y, sobre todo, si tienen fundamento, porque los criterios para resolver estas dudas habrán de ser comunes a todas las recusaciones. Este es el propósito real de la iniciativa del PP que aprovecha la irresponsabilidad del Gobierno de haber abierto un debate sobre la imparcialidad de los dos magistrados conservadores recusados, sin reparar en que el mismo rasero podía ser aplicado a los del bloque progresista y dar lugar a un bloqueo del TC para resolver este concreto recurso si finalmente no pudiera constituirse por carecer de quórum suficiente. La responsabilidad política del Gobierno socialista en esta grave crisis del TC es incuestionable. El temor del Ejecutivo a que sus leyes más importantes sean revocadas le ha llevado a perder los nervios y utilizar temerariamente instrumentos legales, como la recusación, que están reservados para supuestos muy tasados. Por eso, resulta cuestionable que el PP responda con la misma moneda. ECOLOGISTAS DE SALÓN ON independencia de su ideología, muchos ciudadanos- -en España y en todas partes- -reciclan el papel y los envases, apagan la luz y los aparatos electrónicos cuando no los utilizan y desarrollan los comportamientos propios de una persona sensible ante el medio ambiente. Parece, sin embargo, que algunos políticos han descubierto de repente las ventajas prácticas que puede reportar el toque ecologista a efectos electorales. Los comentarios de Mariano Rajoy sobre el cambio climático, más o menos afortunados en el tono, no suponen descalificación de ningún tipo hacia los estudios científicos rigurosos. Nadie puede reprochar a los partidos de centro- derecha desinterés o ignorancia sobre las cuestiones medioambientales. Ayer recordaba ABC que Margaret Thatcher fue quien puso en marcha políticas concretas en esta materia y que hoy día es Angela Merkel la que impulsa con eficacia unos planteamientos que la anterior coalición rojiverde había dejado en segundo plano. Lo mismo cabe decir de Nicolas Sarkozy y de otros líderes de partidos conservadores y liberales europeos. En cambio, no todos los progresistas pueden presentar un balance tan positivo. El activismo de Al Gore en defensa de la causa choca con la verdad incómoda de que Estados Unidos se negó a firmar el protocolo de Kioto durante su etapa de vicepresidente con Bill Clinton. El caso español es todavía más llamativo. Nues- C tro país ratificó dicho tratado bajo el mandato del PP y en cambio, según todos los datos, el Gobierno de Rodríguez Zapatero no cumple las obligaciones que le impone el derecho internacional en esta materia. Antes de remover las aguas turbulentas en busca de ventajas ocasionales, algunos deberían reflexionar seriamente sobre sus propias deficiencias. La vieja costumbre de la izquierda de monopolizar determinados asuntos puede hacer mucho daño a su aceptación por la opinión pública. Conviene recordar que la llamada teoría política verde no se conforma con cuidar el planeta en nombre de una razonable preocupación por la calidad de vida, sino que defiende también enfoques supuestamente alternativos, de tono antiindustrial y anticapitalista. Habrá que suponer que no es ésta la intención que impulsa a los profetas de la lucha contra el calentamiento global. No obstante, los ciudadanos reclutados en España para el llamado ejército verde ofrecen un perfil ideológico muy definido, con alguna incorporación cosmética de personajes que se apuntan a todas las modas. Mucha gente de buena fe está dispuesta a cuidar la naturaleza y se preocupa sinceramente por el futuro del planeta, pero no le gusta que nadie se aproveche de las causas que pertenecen a todos. El medio ambiente es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de intereses partidistas a corto plazo.