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4 OPINIÓN JUEVES 25 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EN LA FRONTERA TURCO- IRAQUÍ PENAS había empezado a digerir las consecuencias de la crisis institucional del pasado mes de julio- -cuando las fuerzas de orientación islamista ganaron el pulso político a la inercia del kemalismo, representada por los militares- -y Turquía ha entrado de nuevo en una situación aún más delicada. Tanto es así que el histórico referéndum celebrado el domingo pasado para aprobar la elección directa del presidente de la República ha pasado completamente inadvertido en medio de los rumores de un ataque a gran escala contra la guerrilla terrorista del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) La turca es una sociedad extremadamente nacionalista, y desde su fundación se considera un delito muy grave cualquier atentado contra la turquicidad lo que significa que no se ha dejado mucho espacio para la expresión pacífica de otras sensibilidades también legítimas que, como la kurda, existen dentro del país. Una buena parte de los kurdos moderados ha votado a Erdogan precisamente por lo que representa de ruptura con esa visión monolítica de la Turquía de Ataturk. En las pasadas elecciones, además, se toleró la elección de una veintena de diputados que representan abiertamente a los nacionalistas kurdos, lo que unido a la presión constante de la UE parecía ofrecer la posibilidad de explorar nuevos caminos para afrontar el problema. Por desgracia, los terroristas del PKK han preferido resucitar la lucha armada y sus representantes electos han reaccionado con gestos que pueden ser claramente reconocidos en España: negándose a condenar la violencia o a calificar como terrorismo los ataques contra las patrullas del ejército. Como consecuencia, y en línea con sus tradiciones ancestrales, la irritada sociedad turca está pidiendo a gritos al Gobierno una venganza contundente y, desgraciadamente, por ahora toda perspectiva pacífica para resolver la crisis se ha desvanecido. Si Turquía lanzase una operación militar a gran escala se encontraría en una situación que sólo complace a los terroristas y favorece sus siniestros objetivos de implicar al país en el avispero iraquí. Pero si no lo hace y sigue habiendo ataques contra las tropas turcas en la frontera, entonces el Gobierno de Ankara se enfrentará a una creciente irritación popular que puede degenerar en cualquier momento en una convulsión interna de peligrosas consecuencias. Un conflicto añadido en esta parte del mundo no le interesa a nadie, ni a Turquía, ni a Irak, ni a Estados Unidos, ni a las relaciones entrelazadas entre los tres países. Los llamamientos a la prudencia que llegan a Ankara desde todas partes, EE. UU. la UE, la OTAN o incluso desde Bagdad, marcan el mejor camino a seguir en estos momentos. Turquía tiene razón en esta guerra contra los terroristas, pero debe responder siempre con las armas que le da la ley, aplicadas con inteligencia y no cediendo a las provocaciones de sus enemigos. ALTA TENSIÓN A EL ZOCO DE LOS PRESUPUESTOS L último año de legislatura es siempreun mal trago para cualquier ministro de Economía. Sus llamadas a la moderación suelen caer en saco roto y las presiones de gasto se disparan por doquier. Pero este año se han batido todos los récords porque se ha abierto la caja de las presiones autonómicas con los nuevos estatutos y porque las necesidades de imagen de Zapatero tras el fracaso de su estrategia de diálogo han disparado el gasto populista e hipotecado el futuro en un contexto internacional que se ha torcido considerablemente desde la presentación del proyecto de Presupuestos Generales. Aun así, el Gobierno se ha quedado prácticamente solo y ha tenido que recurrir a los tránsfugas para aprobarlo. Los presupuestos 2008 han nacido viciados por unos compromisos previos de reparto territorial del gasto que nada tienen que ver con las necesidades reales de la economía ni con los objetivos de eficiencia y solidaridad. Unos compromisos imposibles de cuadrar, un sudoku contable que ha llevado a profundos agravios comparativos y enrarecido el clima territorial. Llevado de esta imposibilidad metafísica, el Gobierno ha incumplido flagrantemente su promesa de transparencia al dificultar toda comparación intertemporal y entre comunidades, variando metodologías de cálculo y obviando instrumentos necesarios de análisis. El Ejecutivo, que modificó la Ley de Estabilidad fiscal para adaptarla al ciclo económico, ha hurtado de la presentación de los presupuestos una estimación oficial del saldo estructural y de la posición cíclica de la economía española, absolutamente necesarios para evaluar si estos son los presupuestos que España necesita en la actual coyuntura. Aunque da igual, porque las cuentas públicas parten de unos supuestos macroeconómicos excesivamente optimistas- -la Champions del presidente- que nada tenían que ver ya con la realidad apuntada en España antes del verano y que, tras la crisis mundial de liquidez y confianza, son simplemente increíbles. Tanto, que ni el vicepresidente económico, Pedro Solbes- -quien en un gesto personal y político que le honra se mantuvo ayer en la tribuna del Congreso in- E cluso cuando conoció la noticia de la muerte de su hermano- -defendió su propia previsión de crecimiento del 3,3 por ciento y prefirió insistir en los márgenes de seguridad del presupuesto. Pero siete décimas menos de crecimiento suponen por sí mismas que el superávit anunciado del 1,15 por ciento del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas pueda reducirse al 0,6, y que la Administración central vuelva a pérdidas. La razón es sencilla, las cuentas públicas anticipan un incremento de los ingresos no financieros del 14 por ciento respecto al ejercicio anterior, a pesar de la evidente desaceleración de la recaudación fiscal, sobre la que existen más que indicios racionales y que se agravará al moderarse considerablemente el consumo privado y extenderse el parón inmobiliario. Pero los gastos crecerán al ritmo previsto, que es el 6,7 por ciento estimado alegremente para la economía porque se han convertido en automáticos como consecuencia de los regalos electorales que se han incluido por adelantado. No hay, pues, tal margen de maniobra. Un menor crecimiento se traducirá en menor superávit y hará poco probable una nueva bajada de impuestos, tal y como sería necesario para mantener la competitividad de la economía española. Los presupuestos optan por una política económica discrecional y clientelar que permita seguir aumentado la autoridad política de su presidente y las relaciones de dependencia entre la sociedad civil y el Estado. No es una afirmación ideológica, es una constatación empírica. Valga el ejemplo del gasto en innovación y desarrollo, una de las prioridades públicas. En vez de optar por una política transversal que reduzca la carga impositiva de las empresas o que grave sólo la renta gastada, se perpetúa el modelo de desgravaciones condicionadas y aumentos de las actividades subsidiadas. Quedan lejos aquellos tiempos en que desde la Oficina Económica de Moncloa se defendía la simplificación y neutralidad tributaria. Pero las obligaciones electorales tienen sus esclavitudes. Para este viaje, tal vez habría sido mejor conformarse con la prórroga automática de los presupuestos. FISCALÍA, ERROR TRAS ERROR la vergüenza de las imágenes que reflejaron la agresión xenófoba a una menor en el metro de Barcelona se ha sumado la indignación por la falta de coordinación entre el juez y el fiscal encargados del caso, que se saldó con la inicial puesta en libertad del autor de los hechos. La explicación oficial de la ausencia del fiscal en la comparecencia que debía resolver la aplicación de medidas cautelares al agresor es que se hallaba ocupado en unos registros domiciliarios, relacionados con un caso de narcotráfico. Aun así, la agresión a un menor no puede nunca ser desatendida por la Fiscalía y no es suficiente el argumento de que el juez no especificó la gravedad del caso, porque tal constatación también es competencia del fiscal. En todo caso, y al margen de que se aclare con mayor precisión el comportamiento del fiscal, ya no sirve de gran cosa que el juzgado y la fiscalía se enzarcen en acusaciones de ida y vuelta. Un agresor peligroso y xenófobo quedó libre por un fallo de la administración de Justicia y hay que extraer las pertinentes lecciones para que no vuelva a repetirse un espisodio de descoordinación y de aparente desidia de la Justicia como la que se ha producido. La petición de una orden de detención- -que no de prisión- -emitida ayer por la Fiscalía catalana al Juzgado es una mera reacción a su fallo de funcionamiento, pero no a la aparición de nuevos hechos que incriminen al autor. Ade- A más, supone la pretensión de reconducir una decisión judicial anterior sin la previa interposición del recurso previsto por la ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otro lado, el hecho de que la iniciativa para la nueva detención del agresor fuera anunciada por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo- -dos días después de que el presidente del Gobierno proclamara la autonomía que los fiscales han ganado gracias a la reciente reforma de su Estatuto Orgánico- es un pésimo indicio acerca de cuáles han sido motivaciones reales de esta decisión del Ministerio Fiscal. Probablemente tengan que ver, no sólo con la indignación de la opinión pública, sino también con la petición del Partido Popular de que tanto el Fiscal General del Estado como el ministro de Justicia comparezcan en el Congreso de los Diputados para explicar lo sucedido. La detención de un ciudadano, por muy execrable que sea, no debe emplearse para eludir responsabilidades políticas o de otra naturaleza. Mejor habría sido que la Fiscalía se hubiera propuesto acelerar los trámites procesales para que se pueda celebrar cuanto antes el juicio oral, pues pruebas no faltan- -además del vídeo, tan discutible en unas ocasiones como útil ahora, está la propia confesión del agresor- -y sería una manera adecuada de amparar debidamente a la víctima y reparar en lo posible el daño sufrido por la imagen de la justicia ante la opinión pública.