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20 ESPAÑA La politización de la Justicia MIÉRCOLES 24 s 10 s 2007 ABC El PP rompe el diálogo con el PSOE y cierra la puerta a renovar el CGPJ La presión de Bermejo en todos los órganos jurisdiccionales precipita la decisión J. L. LORENTE MADRID. El Grupo Popular en el Congreso anunció ayer que deja en suspenso cualquier acuerdo en materia de Justicia con el Gobierno y el PSOE. De esta forma, los populares cierran la puerta a la negociación con la que los partidos políticos pretenden renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pendiente desde hace once meses. El portavoz del PP en la Cámara, Eduardo Zaplana, justificó la decisión de su grupo con el argumento de que la última pretensión del Gobierno socialista es dominar y controlar la administración de Justicia algo que, a su juicio, se ha convertido en una obsesión del PSOE. Sobre todo desde el nombramiento de Bermejo. Como ejemplo de sus palabras, Zaplana citó lo ocurrido en este ámbito durante los últimos cuatro años: en primer lugar, el bloqueo en el funcionamiento del CGPJ, impidiendo nombramientos; segundo, el reequilibrio ideológico de la Fiscalía para laminar al Consejo Fiscal; y, después, la rebaja en el papel del Supremo para convertirlo en un simple tribunal de unificación de doctrina. Las dos gotas que han colmado el vaso de la paciencia del PP se han conocido en los últimos días. La primera, la desestabilización -según la terminología de los populares- -del Tribunal Constitucional, prorrogando por ley el mandato de la presidenta y recusando a dos magistrados porque vertieron opiniones en el propio TC. La segunda, la propuesta del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en nombre del PSOE, de que los jueces no tengan que opositar. Zaplana quiso dejar claro que el principal grupo de la oposición ni va a jugar a eso ni va a ser cómplice de que todas esas iniciativas, que solamente buscan el control de la Administración de Justicia, puedan tener la apariencia de que se pueden hacer más o menos con el acuerdo del PP Cuando quieran hablar en serio, cuando quieran de verdad plantear propuestas de consenso, estoy seguro que nos llamarán, y si no, a partir del próximo marzo les llamaremos nosotros recalcó el portavoz popular en referencia a las próximas elecciones generales. En este contexto, Zaplana avanzó que su grupo suspende cualquier acuerdo en materia de justicia con el Gobierno comenzando con la renovación del CGPJ Para empezar, el Partido Popular no acudirá a la reunión prevista para mañana en el Congreso, en la que, por primera vez en este proceso, se iban a poner sobre la mesa los nombres de los candidatos para el nuevo órgano de gobierno de los jueces. Minutos después de conocerse la decisión del PP, los socialistas salieron en tromba a descalificar a los populares. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acusó a Zaplana de no cooperar para permitir la renovación del Consejo, mientras el portavoz socialista en la Cámara Baja, Diego López Garrido, consideró intolerable el chantaje de los populares. Es una excusa para no negociar dijo. Bermejo irrita a jueces, fiscales y políticos rivales IGNACIO GIL No irá a la reunión de mañana Ministro cizaña Las últimas declaraciones del ministro de Justicia sobre los planes del Gobierno (desmentidas por el propio Ejecutivo y el PSOE) han sido la espoleta que ha vuelto a desatar las hostilidades entre el PP y el PSOE POR N. COLLI FOTO IGNACIO GIL MADRID. El aviso a navegantes lo mandó el mismo día de su toma de posesión. Ese 14 de febrero, hace ya nueve meses, no se dejó nada en el tintero y lanzó dardos tanto contra el PP como contra el CGPJ, órgano en el que cree ver un apéndice del primer partido de la oposición y al que no se ha cansado de acusar de ilegitimidad por el retraso, de casi un año, en su renovación. Fernández Bermejo, ministro de Justicia precisamente desde aquel día, ofreció el aperitivo de lo que iba a ser su mandato y mostró el mismo verbo fácil y siempre intencionado que después ha exhibido en todas sus apariciones públicas. Ese mismo verbo es el que, desde que se conoció que iba a ser el relevo de López Aguilar en Justicia, presagiaba unas difíciles relaciones con el Partido Popular. Desde que se anunció su nombramiento, muchos fueron los que vieron en él la demostración clara de que Zapatero no tenía intención alguna de llegar a acuerdos con Rajoy en materia de Justicia. Los temores se hicieron realidad ayer, después de que Bermejo anunciara su intención, si el PSOE gana las elecciones generales, de crear un sistema de acceso directo a las carreras judicial y fiscal paralelo a las oposiciones; un sistema que eluda ese examen y forme a los nuevos profesionales en valores, en práctica y, sobre todo, en vida explicó el ministro. Veinticuatro horas después, la vicepresidenta del Gobierno y el secretario de Organización socialista lo desmentían. Porque el anuncio de las oposiciones fue la gota que colmó el vaso. Primero vinieron la polémica reforma de la ley del TC con la introducción de la enmienda Casas sin previo consenso; la del Estatuto de los fiscales que, según el PP, es el fin de la autonomía del Ministerio Público respecto del Ejecutivo; y la recusación de dos magistrados del TC. Todos ellos intentos, en opinión de los populares, de tener a la Justicia bajo control. Las relaciones entre Bermejo y el PP no han sido fáciles en ningún momento, ni siquiera antes de que fuera nombrado ministro de Justicia. Y a la vista de lo ocurrido, los acercamientos de los últimos meses para intentar renovar el CGPJ no han sido más que un mero espejismo. Poco han ayudado a serenar los ánimos otras declaraciones del titular de Justicia. La última, por poner un ejemplo, ocurría la semana pasada cuando Bermejo aseguraba que el Gobierno volverá a negociar con ETA si se dan las circunstancias adecuadas, palabras que fueron rápidamente contrarrestadas por el ministro del Interior. La laminación de la Fiscalía Los miembros del TC recusados no criticaron la ley sino su aplicación N. C. MADRID. El voto particular que los magistrados Roberto García- Calvo y Jorge Rodríguez- Zapata firmaron el pasado 4 de julio- -y que el abogado del Estado no menciona en la recusación presentada el viernes- -es claro respecto al contenido de la carta que con anterioridad (22 de junio) habían remitido a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Una frase de dicha carta es la que, sacada de contexto, ha utilizado el Gobierno para tratar de apartar a los dos magistrados del recurso del PP contra la ley del TC. En el voto particular se señala expresamente que la reforma de la LOTC propiciada por la enmienda Casas (la referida a la prórroga del mandato del presidente) debía producir efectos sólo tras la primera elección estando ya en vigor la reforma, sin que sea aplicable a una elección producida bajo la vigencia de la anterior normativa Es decir, no se cuestiona si la ley es o no constitucional, sino su interpretación, su aplicación. Los dos magistrados reproducen también unas palabras en las que la propia Casas, el 6 de marzo, se mostraba convencida de que la reforma no le afectaría, aunque luego, como recuerda el voto, cambió de criterio sobre la interpretación de la ley En su escrito, expresan su desacuerdo con la decisión del Pleno gubernativo de no pronunciarse sobre la prórroga del mandato de Casas para no contaminarse ante un posible recurso (el Pleno fue el 4 de julio y el PP recurrió la LOTC el 27) Un pronunciamiento sobre el encaje constitucional no es lo que hemos planteado Pedimos, añade, que se aplique nuestra ley según la interpretación que resulte conforme a Derecho