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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 24 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL POPULISMO ENVENENA A LOS SUIZOS ECOLOGISMO Y OPORTUNISMO A izquierda y algunas asociaciones ecologistas han criticado duramente la opinión de Mariano Rajoy sobre el cambio climático como prioridad mundial. Es probable que el tono excesivamente informal de las palabras del presidente del PP no fuera el más adecuado para hacer un juicio crítico sobre este asunto, en el que concurren muchos factores científicos y políticos. Pero lo que en absoluto guarda una mínima proporcionalidad con sus palabras es la retahíla de invectivas que tanto el PSOE como los grupos ecologistas le han dedicado desde el pasado lunes. La existencia de un proceso de cambio climático está refrendada por múltiples organismos internacionales e informes científicos. Negarlo sería absurdo y Rajoy no lo negó. También es cierto que en la comunidad científica no existe unanimidad en torno a las causas concretas de ese proceso de cambio, ni sobre las soluciones adecuadas ni sobre los efectos a largo plazo. Cuestión distinta es el debate político sobre el cambio climático y la utilización táctica que la izquierda está haciendo de este problema, como una especie de signo distintivo de su pretendida superioridad moral sobre la ideología conservadora y el capitalismo salvaje, que aún parecen traumas no superados del progresismo mundial. A este medioambientalismo oportunista de la izquierda ha contribuido de forma decisiva la rentable campaña internacional de Al Gore, a quien su condición de ex opositor a George Bush le está abriendo más puertas que el rigor científico de su documental Una verdad incómoda manifiestamente mejorable según la Justicia inglesa. Gore transita por las salas de conferencias de las elites mundiales impartiendo una doctrina ecologista que él no puso en práctica durante el mandato de Bill Clinton, del que fue vicepresidente, quien firmó la adhesión de Estados Unidos al Tratado de Kyoto el último día de su segunda legislatura. La autoridad de Al Gore para repartir credenciales ecologistas es más que discutible. Al margen de otras incoherencias L en la cruzada de Gore- -las restricciones a los medios de comunicación en sus actos públicos, su desmesurada cotización como conferenciante- es evidente que su defensa del medio ambiente está jaleada por lo que conlleva de crítica a la administración Bush, aunque las causas de la alteración del clima estén repartidas entre continentes y no puedan ser científica ni políticamente imputables a ocho años de mandato republicano en la Casa Blanca. Pero esto es irrelevante cuando el fin que se persigue es puramente ideológico, como lo demuestra el empeño de la izquierda de poner a la degradación del medio ambiente el rostro del presidente Bush y no, por ejemplo, el desastre de Chernobyl. Desde la caída del muro de Berlín, la izquierda anda buscando banderines de enganche para justificarse intelectualmente ante la opinión pública y realimentar el antiamericanismo como principal denominador común de sus propuestas globales. Por eso descalifica las palabras de Rajoy, como si hubieran ofendido un dogma de fe, inalterable e indiscutible, sobre qué prioridad debe ocupar el cambio climático en la agenda mundial. Sin embargo, tras esas críticas tampoco hay planteamientos concretos. Por lo general, las vestiduras rasgadas siempre han sido una metáfora de la hipocresía, y podría encontrarse fundamento a su aplicación en este caso, porque los mismos que critican a Rajoy por cuestionar el tratamiento que se está dando al cambio climático- -pilar del pensamiento políticamente correcto- -no terminan de concretar qué ha de hacerse para neutralizarlo. Por supuesto, los perjuicios que está sufriendo el medio ambiente y la incidencia negativa del hombre en la naturaleza son realidades ciertas que obligan a plantear políticas locales y globales para corregirlas. No está escrito en ninguna piedra sagrada cómo deben abordarse estos problemas, y menos aún cuál es el diagnóstico científico definitivo. La izquierda, por mucho que exhiba su ecologismo dolorido, no tiene razón para sacar las cosas de quicio. ZAPATERO REDACTA LEYES OS preámbulos o exposiciones de motivos de las leyes que aprueban las Cortes Generales no son un documento puramente retórico. Se trata de textos legales del máximo relieve que influyen decisivamente en la interpretación y aplicación de las normas por los jueces y tribunales y por todos los operadores jurídicos. Algunos preámbulos ofrecen lecciones magistrales de la ciencia del Derecho y forman parte de la mejor tradición de la historia legislativa en España. No será éste el caso del polémico texto que precede a la ley de la Memoria Histórica, que debate ahora el Congreso de los Diputados, tanto por razones de fondo como de forma. Rodríguez Zapatero se jacta en público de haberlo escrito de su puño y letra. Aunque se trate de un diputado más, es un exceso que el presidente del Gobierno se dedique a redactar personalmente normas jurídicas. La potestad legislativa corresponde a las Cortes Generales y, aunque la división de poderes está muy relativizada en nuestros días, no es aceptable que los más altos niveles del Ejecutivo desarrollen con ese grado de detalle el trabajo que incumbe a otras instancias. Acaso los múltiples asesores que pueblan el complejo de La Moncloa podrían dedicar su tiempo a elaborar la exposición de motivos que el Consejo de Ministros debe incluir en las iniciativas que remite a las Cámaras. Y en el peor de los casos, si el presidente se empeña en demostrar su habilidad con la pluma, sería L mejor que no presumiera de ello por respeto a las diferentes funciones institucionales. Al margen del error en las formas, el preámbulo es fiel reflejo de la ideología que inspira una ley innecesaria e inconveniente. La defensa de los maquis como combatientes guerrilleros y la referencia a fosas comunes y campos de concentración no se corresponden con la afirmación voluntarista de que no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva Muy al contrario, la ley establece una especie de verdad oficial incompatible con el pluralismo democrático y con la condición rigurosamente individual de la memoria como facultad humana. Se recuerda con frecuencia que el presidente del Gobierno ha convertido esta ley en un proyecto personal, en homenaje a su abuelo, fusilado en 1936 en su condición de militar republicano. Sin embargo, las leyes deben ser expresión de la voluntad general, en especial en situaciones en que la prudencia política y la objetividad histórica son incompatibles con la traslación a las normas de los deseos y obsesiones particulares. Aunque estas sean, como es el caso, las de un jefe del Ejecutivo convertido en improvisado redactor de disposiciones legales. Zapatero debería aprovechar su tiempo en tareas más útiles, por ejemplo la de reflexionar si no sería mejor retirar un proyecto de ley que divide a los españoles y rompe el espíritu de la Transición. RESENTÁNDOSE con un cartel de propaganda electoral en el que una oveja blanca expulsaba a patadas del rebaño a una oveja negra, ningún elector suizo se ha podido llevar a engaño sobre las intenciones políticas de la Unión Democrática del Centro (UDC) el partido vencedor de las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo en Suiza. Y el que se haya revalidado a la UDC como la primera fuerza política del país, mejorando incluso los resultados de la legislatura saliente, quiere decir que en la sociedad suiza hay ciertas señales de desajuste ético que deberían llamar la atención. Como era de esperar, los electores se han comportado con un civismo encomiable, la mecánica electoral ha funcionado como uno de los relojes que tanta fama han dado al país y todo ha sucedido en medio de la mayor elegancia. Pero nada de eso puede servir para camuflar el hecho de que una gran mayoría de ciudadanos haya optado por apoyar a una fuerza política que propugna abiertamente comportamientos racistas. La cuestión es demasiado importante como para que pueda ser pasada por alto, no sólo por los ya citados argumentos morales, sino porque en estos momentos una actitud xenófoba sólo puede ser contraproducente en todos los aspectos. La prosperidad de Suiza no se basa exclusivamente en los poco transparentes manejos del secreto bancario y otras actividades financieras, sino también en el dinamismo de una sociedad de la que los emigrantes forman una parte fundamental. No es que éstos vayan a estropear la envidiable calidad de vida de la que disfrutan los suizos, sino que esas ventajas existen en buena parte gracias a la contribución de los emigrantes. Los defensores de la UDC argumentan que el rechazo no proviene de los comportamientos de los emigrantes como factor económico, sino que tiene que ver con el desasosiego que ha generado el aumento de la delincuencia, que se atribuye precisamente al incremento de población extranjera. Es cierto que ese es un problema para el que hay que buscar soluciones obrando con el mayor cuidado- -no hay más que ver las estadísticas sobre la alarmante proporción de extranjeros en las prisiones de cualquier país europeo- pero desde luego no ha de ser mediante el populismo de las autoridades suizas, que tantas veces han cerrado los ojos para acoger a elementos de nauseabunda reputación de los cinco continentes, con tal de que pudiesen pagarse el lujo de residir en uno de sus hoteles. El avance del populismo no es bueno para un país como Suiza, porque le aleja también de la Unión Europea, de la que depende en todos los sentidos. Sus compromisos legales le van a obligar a acoger a los trabajadores de Bulgaria y Rumanía como ciudadanos europeos de pleno derecho y, sin embargo, la UDC ha hecho de su negativa uno de los elementos de la campaña. Ni a Suiza le conviene una disputa con la UE, ni a los europeos que triunfe el mal ejemplo suizo. P