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4 OPINIÓN LUNES 22 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro UNA LEY COJA CONTRA LOS MALOS TRATOS FILTRACIONES AS informaciones basadas en filtraciones- -que son la mayoría de las denominadas exclusivas- -resultan perfectamente legítimas, y los medios de comunicación, con responsabilidad para valorar correctamente los valores en juego cuando las publican, se sirve de ellas para conformar su agenda noticiosa. Nada que objetar al respecto. Sí, por el contrario, a quienes, debiendo mantener un comportamiento discreto y sobrio, sea por razones institucionales o de posición pública, vulneran la privacidad con la que, como norma, se conduce en sus apreciaciones el Jefe del Estado, Su Majestad el Rey. Mariano Rajoy, en declaraciones a ABC, marca la pauta de conducta de los responsables públicos en relación con las conversaciones del Rey y con el Rey, que deben estar amparadas por una voluntaria discreción de sus interlocutores. Cuando el Jefe del Estado desea expresar públicamente sus opiniones, lo hace por cauces bien establecidos y perfectamente transparentes, o a través de personas autorizadas debidamente para ello. Las revelaciones según las cuales Don Juan Carlos y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cruzaron apreciaciones diferentes a propósito de la actitud del responsable de un programa de la cadena COPE son perfectamente verosímiles- -según ha podido comprobar este periódico, y al menos en gran parte ciertas- -pero ello no conduce a que su posible veracidad exima la denuncia y la censura hacia aquel o aquellos que filtraron los términos de un cruce de opiniones que debió quedarse en el ámbito estricto en el que se produjeron: un almuerzo oficial en el que participaron personalidades de heterogénea ideología y valedores de intereses diversos, que compartieron mesa con el Rey en razón de sus competencias y responsabilidades públicas. Traicionar la confianza del Jefe del Estado- -lo que ha provocado en la Casa del Rey sorpresa y malestar -es una forma incorrecta de concebir y entender las relaciones de poder que comportan obligaciones no siempre escritas, pero que se deducen de valores democráticos que, como los de la lealtad y la prudencia, deben estar especialmente L vigentes en un régimen de opinión pública en el que la Corona carece de instrumentos de defensa frente a la atribución a quien la encarna- -el Rey y los miembros de la Familia Real- -de afirmaciones o apreciaciones no siempre exactas. La situación por la que atraviesan la Monarquía y Su Majestad el Rey en estas últimas semanas es bien conocida. Negar que la Corona está recibiendo embates de diversa naturaleza y a propósito de intereses distintos- -desde la izquierda radical y la extrema derecha- -es negar una evidencia. Don Juan Carlos, el pasado primero de octubre, y con motivo de la apertura del curso universitario en Oviedo, reivindicó la Monarquía como forma de Estado que había proporcionado y proporciona a España una enorme estabilidad. Antes de ese pronunciamiento, las víctimas del terrorismo y distintas instancias sociales ya se habían adherido al Rey, y después de ese discurso real lo hicieron en cascada otras- -empresarios, asociaciones, organizaciones de distinta naturaleza- El reconocimiento público al Jefe del Estado llegó, incluso, de los partidos liberales y conservadores europeos en los prolegómenos de la reciente cumbre de la UE en Lisboa, sin olvidar la admiración expresa de la ciudad de Atenas a Dona Sofía, galardonada con la medalla de la capital de Grecia. Por otra parte, el pasado día 12, jornada de la Fiesta Nacional, la adhesión al Rey y a la Corona se expresó, además de con los nutridos aplausos de los ciudadanos, con una masiva asistencia a la recepción oficial en el Palacio Real. Como bien proclamó el ex presidente Aznar el pasado día 4 de octubre, a España le conviene la Monarquía La defensa de la Corona y del Rey implica, en muchas ocasiones, adversidades y descalificaciones, pero no pasa nunca por la instrumentación de las palabras del Jefe del Estado cuando éstas se pronuncian en ámbitos reservados y discretos. La Monarquía se defiende desde la convicción, salvaguardando al Rey de indiscretos y de indiscreciones y fomentando en todas las instancias- -mediáticas, institucionales y sociales- -la valoración que su gestión merece como símbolo de la unidad y permanencia del Estado SOLOS ANTE LA CRISIS L Gobierno está solo en su optimismo ante la ralentización económica. El presidente puede hacer chistes fáciles con que el FMI se equivoca un rato pero sigue siendo la institución económica multilateral más prestigiosa del mundo: sus informes semestrales son lectura obligada en la comunidad financiera, su capacidad para crear opinión es indiscutible y su poder de convocatoria, proverbial. Como contaba ABC el pasado sábado, el Fondo hizo público su informe de perspectivas para 2007 y 2008. España es, después de Estados Unidos, el país industrializado que más sufrirá las consecuencias de la crisis. La previsión de crecimiento para 2008 se ha rebajado siete décimas, hasta el 2,7 por ciento, por las dificultades que tendrán los bancos españoles para seguir financiando el boom inmobiliario y la pérdida de competitividad derivada de la fortaleza del euro. Se advierte específicamente del peligro real de un descalabro en el mercado de la vivienda y de que el déficit por cuenta corriente siga ampliándose hasta superar el 10 por ciento del PIB el año que viene. El panorama es bastante distinto del que se empeña en pintar el Gobierno, que todavía insiste en la bondad de sus previsiones. Sólo la miopía electoral puede explicar la obcecación en negar la evidencia y los pueriles intentos por desacreditar a una institución en la que simultáneamente queremos am- E pliar nuestra presencia y protagonismo. Conviene recordar que aumentar el poder de voto de España en el FMI es loable objetivo de este Gobierno, pero no parece que criticar sus análisis, exclusivamente por razones de política doméstica, sea la mejor manera de ganar respetabilidad y hacerse amigos. No sólo el FMI predice un considerable impacto negativo de la situación financiera internacional en la economía española. Instituciones nacionales como AFI, BBVA, Funcas o Intermoney, algunas no especialmente distantes del Ejecutivo, han modificado sus previsiones en la misma línea. El consenso de los economistas, españoles e internacionales, señala a nuestro país como uno de los principales afectados por el endurecimiento de las condiciones de crédito. El presidente lo sabe y llegó a hacer en el Foro ABC una petición expresa- -totalmente inadecuada y casi irresponsable- -a las instituciones financieras para que continúen prestando como si nada hubiera pasado. El Banco de España se sintió obligado a intervenir y realizó una llamada a la cautela, sabedor de que las crisis se alimentan y enquistan por alegrías y complacencias innecesarias en momentos de cambio de ciclo. Es de sabios rectificar a tiempo. No es fácil imaginar qué mas evidencias necesita el Gobierno. Le bastaría con hacer caso a sus propios técnicos, que ya apuntaban una desaceleración antes del verano, y olvidarse de los propagandistas de Moncloa. AMENTABLEMENTE, la cifra de mujeres asesinadas por sus parejas no decrece. Las estadísticas demuestran que uno de los proyectos estrella del Gobierno, la ley integral de violencia contra la mujer, no está respondiendo a las expectativas creadas. Desde su entrada en vigor a finales de 2004, la media de mujeres asesinadas se acerca a 60 cada año y, en total, asciende a 409 desde 2001. Si bien es cierto que han aumentado considerablemente las denuncias por malos tratos y la tasa de asuntos tramitados por la vía penal (más de 271.000 desde diciembre de 2004) también lo es que esta circunstancia no ha generado el efecto disuasorio esperado. Pese al esfuerzo realizado en los ámbitos legislativo, judicial y policial, y pese al voluntarismo de muchas personas y colectivos, el dato real es que la ley merece un suspenso en términos de eficacia. Que cada año haya más denuncias sólo revela una cierta concienciación social; sin embargo, no han dado lugar a una respuesta más ágil y eficiente por parte de las administraciones públicas. Parece como si los ciudadanos, en especial las mujeres maltratadas, estén respondiendo de forma responsable a un llamamiento de la Administración para combatir una auténtica injusticia y, a renglón seguido, esa misma Administración les diera la espalda o no supiera cómo reaccionar. Los datos que el Observatorio de Violencia Doméstica ha dado a conocer demuestran que el mensaje de tolerancia cero que con tanta vehemencia proclamó en su día el Gobierno tenía más ingredientes de efectismo que de compromiso real. De otro lado, es preocupante la carencia de recursos personales y materiales tanto en los juzgados como en los Cuerpos de Seguridad para estar en condiciones de supervisar y garantizar la ejecución de medidas cautelares y sentencias. La ley integral es ambiciosa; por el contrario, su dotación no es proporcional a los objetivos que persigue. Si aumenta el número de hombres condenados, el Gobierno y las Comunidades han de saber cómo hacer frente de manera inmediata a una realidad cambiante. Crear una ley y no dotarla convenientemente es casi tanto como no haberla aprobado. Ahora, a la vista de la experiencia, los jueces reclaman que se elimineel automatismo que les obliga a dictar una orden de alejamiento en cuanto una mujer denuncia o acredita mínimamente una agresión. Los jueces proponen, y no sin razón, que tal medida sólo se imponga en los casos que impliquen riesgo cierto, y no en todos sin distinción. También quieren poner fin ala dispensa quepermitea unavíctima no verse obligada a declarar contra su agresor porque a lahora de la verdad esto provoca el archivo de muchas diligencias. El legislador haría bien en estudiar y atender estas peticiones porque suele ser muy aleccionador el criterio de quienes aplican la ley. Pero sobre todo, es imprescindible una financiación acorde con la abultada cifra de malos tratos- -y no con la demagogia- para corregir el rumbo de una ley que más que integral, sencillamente parece coja. L