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4 OPINIÓN DOMINGO 21 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL EJEMPLO DE LOS PACTOS DE LA MONCLOA N una época marcada por el egoísmo insolidario de algunos y el oportunismo de otros, conviene repasar las imágenes que conmemoran los momentos decisivos de la Transición democrática. En efecto, aquellos fueron tiempos de generosidad y altura de miras al servicio del interés público, y así debe reconocerse a sus protagonistas, unos ya fallecidos y otros retirados o en segundo plano de la vida política. Entre esos hitos históricos figuran en lugar preferente los llamados Pactos de La Moncloa, elemento determinante para la estabilidad económica y la paz social, imprescindibles en momentos de incertidumbre. No es exagerado afirmar que el tránsito desde el régimen autoritario a la democracia constitucional sin ruptura de la legalidad formal no hubiera sido posible sin la actitud patriótica de los partidos, las asociaciones empresariales y los sindicatos, que sentaron las bases de la transición económica Un reconocimiento especial merece la figura de Enrique Fuentes Quintana, recientemente fallecido, que fue artífice de los pactos en su condición de insigne profesor y vicepresidente del Gobierno. El salto adelante de la economía española desde entonces a nuestros días ha sido ciertamente espectacular, y muchos ciudadanos se preguntan, entre la sorpresa y la indignación, por qué los políticos no han sabido aplicar al modelo territorial la misma sensatez que inspira desde hace años la política económica, al margen de aciertos o errores coyunturales. A partir del Plan de Estabilización de 1959, España empezó a dar pasos en la buena dirección para adaptar la realidad social y económica a las pautas del mundo desarrollado. Una sociedad de clases medias y una dinámica empresarial y laboral homologable a los países de nuestro entorno han sido factores de primer orden en el éxito colectivo. A diferencia de otras épocas convulsas, España estaba en condiciones a la muerte de Franco de afrontar un complejo proceso político y jurídico que culminó con la Constitución de 1978. Sin embargo, todo se hubiera ido al traste si el egoísmo o la democracia hubieran llevado a un conflicto social que no se podía permitir un país con instituciones todavía frágiles. En aquellos acuerdos firmados en la sede de la Presidencia del Gobierno estaban presentes líderes cuya procedencia ideológica y trayectoria personal eran ciertamente distintas, incluso radicalmente opuestas. No obstante, todos fueron conscientes de que era el momento de hacer política en el más noble sentido, dejando de lado el partidismo y la búsqueda de ventajas a corto plazo. Sin vencedores ni vencidos, los Pactos de La Moncloa hicieron posible una Transición modélica hasta llegar al Estado democrático y social de Derecho, cuya norma fundamental recoge los principios de la economía mixta que han sido la clave del éxito de la Europa comunitaria en la segunda mitad del siglo XX, aunque sea imperfecta y requiera una actualización permanente. E VÍCTIMAS DE ZAPATERO estas alturas, la lista de bajas en el PSOE con motivo de la política de Rodríguez Zapatero es amplia y cualificada. No hay muchos precedentes de tantos dirigentes socialistas defenestrados en tan poco tiempo, y menos cuando el partido al que pertenecen está en el poder, situación en la que se supone que reina la calma y la confianza. Fernando Puras, Joan Ignasi Pla, Rafael Simancas, Miguel Sebastián, Rodríguez Ibarra y, ahora, Pasqual Maragall. Ninguno era alcalde de pedanía, sino, salvo Sebastián- -candidato a la alcaldía de Madrid- líder del partido en su respectiva comunidad. Y en todos ellos hay un denominador común: el fracaso de Zapatero, bien en la elección de la persona, bien en el diseño de la estrategia política que debían seguir. Son síntomas que aparecen en un partido especialmente sensibilizado por el riesgo a perder el poder y, por tanto, con una cohesión demasiado condicionada a mantenerlo. En este sentido, el Partido Popular se ha mostrado mucho más solvente y organizado internamente, pues tras la derrota de 2004 ha llegado a 2007 con el aval de la victoria en las elecciones municipales de mayo pasado y con unas crisis en Cataluña y Baleares rápida y eficazmente zanjadas, sin damnificados dedicándose a hacer ajustes de cuentas. La baja en el PSC de Pasqual Maragall- -quien ayer anunció, en un gesto que le honra, que padece alzhéimer y que centrará todas sus energías en combatir la enfermedad- -no es una decisión inesperada, porque culmina un proceso irreversible de crisis iniciado tras el pacto estatutario, y con motivo del mismo, entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas. Maragall, como tantos otros, se siente, y con razón, traicionado por su partido y por el actual presidente del Gobierno, quienes lo utilizaron en 2003 como ariete de una política de pactos con el extremismo nacionalista y de puesta en práctica del aislamiento del Partido Popular. La coalición con Esquerra Republicana, el Pacto del Tinell para aniquilar políticamente a los populares y el impulso a una reforma estatutaria cuyo A objetivo era cambiar el modelo de Estado fueron el trabajo sucio que asumió por encargo de un PSOE que prescindió de él cuando se tomó en serio su papel de presidente de la nación catalana y absorbió con demasiada intensidad los postulados del soberanismo de ERC. La situación no ha mejorado con Montilla, quien, con otro lenguaje y otras maneras, lidera un gobierno tan extremista y perturbador como el de su predecesor. Maragall se va del PSC, y no parece que las estructuras de este partido vayan a conmoverse especialmente, porque el propio Maragall se ha amortizado en buena medida por su tendencia a ir por libre. La decepción del ex presidente catalán con Zapatero responde a motivaciones difícilmente comprensibles fuera de su partido, incluso fuera del núcleo dirigente del PSOE. Sin embargo, sí revela un vertiente significativa de los estragos causados en apenas cuatro años por la política del presidente del Gobierno en relación con los nacionalismos y con las reformas territoriales, en la medida en que una y otras han exigido una desnaturalización ideológica del socialismo, abrazado ahora a las causas de los particularismos territoriales y étnicos, y socio industrial y financiero de los proyectos soberanistas cuya premisa moral es la desigualdad de los españoles. La frivolización de la imagen del presidente del Gobierno en un vídeo inefable, que pretende convertir en icono político lo que es únicamente un problema de dicción, resume la superficialidad con que el PSOE y su secretario general se asoman a los problemas de una legislatura que hace cada vez más necesario el cambio político. A cinco meses del final de la legislatura, la lista de caídos de Rodríguez Zapatero responde a un mismo patrón: todos y cada uno de ellos fueron utilizados en el laboratorio de ideas del presidente del Gobierno. Y todos sufrieron en sus carnes el fracaso de la estrategia del líder socialista, que les convirtió en chivos expiatorios de su monumental error de cálculo. MADRID, DISCRIMINADA AS cifras no engañan. Madrid sufre una notoria discriminación en los presupuestos generales del Estado para 2008, confirmando así la tendencia de ejercicios anteriores. El próximo año recibirá 2.616 millones de euros, lo que supone una subida ínfima del 0,4 por ciento frente al crecimiento medio de las inversiones en las demás comunidades, que se sitúa en el 15,5. ABC ofrece hoy otros datos significativos; entre ellos, que desde que gobierna Rodríguez Zapatero Madrid ha recibido apenas un tercio de la cantidad invertida en Cataluña. Las quejas de la Comunidad autónoma y del Ayuntamiento de la capital son muy razonables, sobre todo porque el Ejecutivo paraliza proyectos relevantes en materia de infraestructuras. La discriminación resulta profundamente injusta si se considera que Madrid es la locomotora que tira de la economía española y también la Comunidad más solidaria en la redistribución territorial de la renta. Lejos de reclamar una financiación privilegiada, los ciudadanos madrileños son conscientes de que el éxito del conjunto de España representa un beneficio tangible para cada una de sus partes. Es una postura al servicio del interés general, muy lejos del egoísmo insolidario que algunos han convertido en centro y eje de su política territorial. Además, un sólido tejido empresarial y una certera L política fiscal han roto muchas falsedades sobre Madrid como capital de la burocracia que vive a costa de la periferia. Hoy día, el dinamismo de la ciudad y de la región la sitúan, con datos en la mano, en posición preferente dentro de España y de la Unión Europea. El Gobierno no lo tiene fácil para justificar el hecho objetivo que proclaman las cuentas del Estado. Por mucho que Rodríguez Zapatero niegue la evidencia, la opinión pública sabe que Madrid resulta perjudicada en todos los parámetros de la inversión estatal. La crisis del PSOE madrileño, que culminó hace poco con la salida de Rafael Simancas, tiene mucho que ver con esta percepción generalizada. No lo tiene fácil Tomás Gómez, nuevo líder de un partido que lucha a escala regional contra la preferencia del PSOE nacional por territorios más afines. Aquí reside la clave del asunto: el Ejecutivo premia con el dinero de todos a los territorios que votan al PSOE y procura ganarse a sus aliados en ciertas comunidades por medio de inversiones que compran votos. Como no hay para todos, salen perjudicados los Gobiernos autonómicos del PP y, por tanto, millones de ciudadanos que viven y trabajan en algunas de las regiones más dinámicas. No es precisamente esta la regla que establece la Constitución cuando exige una asignación equitativa y eficiente del dinero público.