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ABC SÁBADO 20- -10- -2007 La Audiencia Nacional investiga a Alcaraz por injurias al Gobierno 11 TC) a María Emilia Casas para expresarle su disconformidad con el modo con que se había aplicado la reforma de la ley. Es decir, con el modo en que se habían prorrogado su mandato como presidenta del Tribunal y el de Guillermo Jiménez como vicepresidente. En lugar de convocar al Pleno, que es el órgano al que la Constitución atribuye la competencia para elegir al presidente, Casas se había reunido con los magistrados en grupos de tres y, según se afirma en la carta que los dos recusados le entregaron, puso en su conocimiento el resultado de las gestiones realizadas con líderes políticos respecto a la modificación de nuestra ley A renglón seguido, puede leerse en la carta la frase que da sustento a la recusación. Ambos magistrados expresaban su más profunda discrepancia tanto con la forma en que nos fue comunicada tal decisión, como con el contenido de la explicación que se nos ofreció y con el resultado de la reforma en el punto relativo a la prórroga del mandato actual como presidenta y vicepresidente del Tribunal En opinión de juristas consultados por ABC, no supone un juicio de constitucionalidad sobre la LOTC y, por lo tanto, no compromete la imparcialidad de los dos magistrados para intervenir en la resolución del recurso del PP. Por el contrario, la parte final de la frase- -que es la que, descontextualizada, da lugar a la recusación- -se refiere a discrepancias con los efectos de la aplicación de la reforma. Los autores de la carta no ponen en tela de juicio la constitucionalidad de la ley; dudan de la manera en que se ha aplicado, pues pudo haberse hecho convocando al Pleno, de acuerdo con el mandato constitucional. Para el abogado del Estado- -que basa todo su escrito en las informaciones que sobre es- LOS MAGISTRADOS RECUSADOS Julio Banacloche Catedrático de Derecho Procesal de la UCM RECUSACIÓN EXTEMPORÁNEA yer, de forma insólita en la reciente historia constitucional española, un Gobierno ha autorizado a la Abogacía del Estado a que formule recusación contra dos de los magistrados del Tribunal Constitucional que deben resolver sobre la posible inconstitucionalidad de una ley aprobada por el Parlamento. Lo primero que hay que destacar es que esa decisión no viene exigida por ninguna norma jurídica, sino que tiene un carácter político puro y duro. El Gobierno no puede refugiarse en este caso en ningún precepto legal que le fuerce a actuar como lo ha hecho: ha optado libremente por recusar a dos Magistrados del Tribunal Constitucional, sabiendo las graves consecuencias políticas y jurídicas que esa decisión puede llevar consigo. En mi opinión, la recusación planteada es extemporánea jurídicamente e inconveniente políticamente. Es extemporánea porque se va a presentar fuera de plazo, ya que los hechos que la fundan (una carta enviada por los dos magistrados recusados a la Presidenta del Tribunal Constitu- A EFE EFE Jorge Rodríguez- Zapata Su nombramiento por el Senado como magistrado del TC en diciembre de 2002 (ocupó la vacante que dejó Fernando Garrido Falla) fue consensuado por PSOE y PP. Nacido en Madrid (1948) es catedrático de Derecho Constitucional y ha sido letrado mayor del Consejo de Estado y del propio TC. Considerado un magistrado incómodo por el Gobierno, la recusación que contra él presentó la Generalitat en el recurso contra el Estatuto fue rechazada por el Pleno. Roberto García- Calvo Magistrado de la Sala Segunda del Supremo, ex gobernador civil de Almería (cargo que está siendo utilizado desde varios sectores para hacerle objeto de una campaña de descrédito) y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, fue nombrado magistrado del Constitucional por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Partido Popular, el 30 de octubre de 2001. Nació en La Bañeza, León, (1942) y, tras licenciarse en Derecho, ingresó en la carrera fiscal. La frase cuestionada tos hechos se han publicado en los medios de comunicación- la parte final de la frase es una opinión referida a uno de los puntos sobre los que versa la pretensión de este recurso de inconstitucionalidad Por ello, cree que los magistrados recusados prejuzgaron la constitucionalidad de la reforma de la LOTC (la parte que se refiere a la llamada enmienda Casas y, en consecuencia, perdieron su imparcialidad para resolver el recurso del PP. La opinión manifestada- -asegura el abogado del Estado- -constituye una auténtica toma de partido sobre el objeto del proceso Como prueba de sus tesis, ci- ta la decisión de los otros diez magistrados del Tribunal de no hacer ningún pronunciamiento sobre la carta de sus compañeros García- Calvo y Rodríguez- Zapata en un Pleno gubernativo celebrado con posterioridad (el 4 de julio) Justifica aún más la invocación de esta causa, constituyendo soporte de nuestra alegación de parcialidad, la postura adoptada por los otros diez magistrados en relación con el escrito de sus compañeros recusados ABC. es Escrito de la Abogacía del Estado en www. abc. es españa Plantear una recusación en esos términos supone una gran inconveniencia política cional) se remontan al pasado mes de junio, y la ley señala que la recusación debe formularse en el plazo máximo de diez días desde que se tuvo conocimiento de la causa de recusación. Ese periodo de tiempo, aunque comenzara a contarse desde la interposición del recurso de inconstitucionalidad, ha pasado con creces, y por eso debe aplicarse lo que la ley prevé para las recusaciones extemporáneas: que ni siquiera se debatan, esto es, su inadmisión a trámite. El hecho de que la recusación se plantee cuando el Pleno del Tribunal Constitucional acaba de aceptar la abstención de los dos magistrados directamente afectados por la norma impugnada, y está en juego, por tanto, la Presidencia del órgano, no hace sino evidenciar las razones políticas y no jurídicas que han motivado la formulación de la recusación en este momento concreto. Pero es que, además, plantear una recusación en esos términos supone una gran inconveniencia política: primero, porque el Gobierno es el menos indicado, con carácter general, para intentar alterar la composición del Tribunal Constitucional, cuando él, por imperativo constitucional, nombra a dos de sus doce miembros. Y, en segundo lugar, porque en los recursos de inconstitucionalidad que él no plantea debe adoptar una postura discreta y neutral, y no partidista, como claramente ha sucedido en este caso. A ver si en la famosa recriminación de Fernández de la Vega a María Emilia Casas el pasado 12 de octubre, en vez de decir la primera a la segunda esto nos pasa por respetar el Capítulo (lo que, dicho sea de paso, no se entiende qué quiere decir) no dijo más bien esto nos pasa por no llamar a capítulo lo que parece que ahora el Gobierno pretende remediar con esta desafortunada recusación.