Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN SÁBADO 20 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CAÑADA REAL, LOS ERRORES SE PAGAN UN GOBIERNO CONTRA LAS INSTITUCIONES L margen de pretextos legalistas, la recusación presentada por la Abogacía del Estado, a instancia del Gobierno, contra dos magistrados del Tribunal Constitucional, Roberto García- Calvo y Jorge Rodríguez- Zapata, es un descarado intento de manipular la composición de este órgano para, en definitiva, evitar que una mayoría conservadora pueda decidir los recursos pendientes contra algunas leyes a las que el Ejecutivo ha confiado el éxito de su legislatura. No hay precedentes de que el Gobierno de la Nación haya promovido la recusación de magistrados del TC, ni de una estrategia partidista tan desaforada por controlar esta institución, entre otras. El Gobierno de Rodríguez Zapatero está convirtiendo en un lodazal político y mediático el funcionamiento de los órganos del Estado, porque, además de este asalto al TC, los socialistas ya cambiaron las reglas de decisión en el Consejo General del Poder Judicial para bloquear su mayoría conservadora- -votada favorablemente por el PSOE en 2001- -en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo. También alteraron los procedimientos electorales en los órganos representativos de los fiscales- -el Consejo Fiscal- -y de los jueces- -las salas de Gobierno- -para que tuvieran un hueco los representantes de las asociaciones progresistas, necesitadas de obtener por reglamento lo que le negaban las urnas. El Ministerio Fiscal ha sido encajonado en un modelo totalmente politizado y caudillista, al servicio del Gobierno y del fiscal general. Y no mejor suerte han corrido algunos de los organismos reguladores, como el de la Energía o el del Mercado de Valores, sometidos a las presiones de un Gobierno inquietantemente intervencionista en las decisiones empresariales. Pero lo que sucede con el TC supera todo lo imaginable. Rodríguez Zapatero ha impulsado legislaciones poco reflexivas, en unos casos, o manifiestamente inconstitucionales, en otros, sin preocuparse de las consecuencias que esta forma de proceder conlleva en un Estado democrático y de Derecho, donde la oposición parlamentaria y los ciudadanos tienen derecho a instar de los tribunales, incluido el A Constitucional, la efectiva aplicación del imperio de la ley. El Gobierno quiere que ahora sea el TC el que le arregle el fiasco de su saldo legislativo, aunque sea a costa de cometer otros nuevos desafueros que ratifican la verdad histórica en que consiste el rechazo político y moral que, antes o después y con mayor o menos intensidad, muestran los ejecutivos socialistas hacia la independencia de los jueces. La recusación es un instrumento procesal, legítimo, que los justiciables usan con frecuencia, y no siempre con fundamento, para garantizarse la imparcialidad de los jueces. Pero el Gobierno de la Nación no puede actuar como un particular contra magistrados del TC, pues ni su responsabilidad institucional se lo permite, ni la naturaleza de los procesos constitucionales lo aconseja. Además, si tan seguro está de la constitucionalidad de las leyes que ha promovido, estas recusaciones están fuera de lugar, salvo que prejuzgue que las ideologías que asigna a los magistrados son pactos de fidelidad partidista que estos han firmado antes de entrar en el Tribunal. El problema no es la imparcialidad de los jueces recusados- -uno de ellos especialmente sometido a un linchamiento personal, intolerable por sus anteriores cargos políticos- quienes no manifestaron su opinión sobre la constitucionalidad de la ley que prorroga el mandato de la presidencia del TC, sino sobre los efectos específicos que iba a producir su aplicación en este momento concreto. Por tanto, ni García- Calvo ni Rodríguez- Zapata exteriorizaron en la carta remitida a la presidenta del TC un juicio negativo de legalidad constitucional, sino una discrepancia de orden gubernativo interno. Por tanto, el verdadero problema es el pavor del Gobierno a encontrarse con un fin de legislatura marcado por sentencias constitucionales que revoquen en todo o en parte el estatuto de Cataluña, la ley de matrimonio entre homosexuales o determinadas disposiciones de la ley integral contra la violencia sobre la mujer. La solución que ha encontrado el Gobierno a sus problemas es, pura y simplemente, la desestabilización de las instituciones independientes del Estado. TRATADO DE MÍNIMOS l Tratado de Reforma aprobado en la madrugada de ayer en el Consejo Europeo informal de Lisboa representa un alivio para la crisis institucional que la UE arrastra desde hace casi una década, pero al mismo tiempo constituye la desagradable descripción del límite que ha sido capaz de alcanzar en estos momentos la idea europeísta. Con el fallido intento de la Constitución se habría logrado un horizonte mucho más claro y ambicioso para el proyecto europeo y, en ese sentido, no se puede ignorar que el Tratado de Lisboa no es más que un recorte tan desabrido como pragmático. Como los remiendos de última hora son la especialidad de la negociación europea, en este caso no hay más remedio que aceptar un resultado que, si bien despeja el horizonte institucional a medio plazo- -es decir, nos aleja del bloqueo al que nos habrían conducido los actuales mecanismos de decisión- también abre la puerta de otras dificultades que tarde o temprano acabarán saliendo a la luz. En estas circunstancias, el Gobierno español no debería pasar por alto el hecho de que una mayoría de ciudadanos ratificó en su día un tratado que ahora ha quedado sustancialmente diluido. Lo que se aprobó en el referéndum era mucho más importante que lo que finalmente ha salido a la luz, por lo que no sería justo en modo alguno interpre- E tar que los que dieron por bueno el todo se hayan de quedar satisfechos automáticamente con la parte. No se trata de devolver el no de franceses y holandeses con otra negativa que sería suicida, pero tampoco se puede utilizar a conveniencia la voluntad política debidamente expresada por los ciudadanos. El Gobierno socialista ha aceptado para España abandonar una posición extraordinariamente preponderante en el Consejo a cambio de unas nuevas reglas que nunca podrían compensarle por ello. La situación actual puede que sea mas equitativa, pero en cualquier caso merece una explicación más profunda que el simple alegato autocomplaciente y repetitivo sobre el éxito superficial de la cumbre. El Ejecutivo sabe perfectamente que había margen para haber mejorado sus posiciones sin llegar a comprometer el acuerdo, pero ha preferido abandonar la lucha sin intentarlo. Todos los países se van a apresurar ahora para cumplir los trámites de ratificación y conjurar una nueva crisis como la que se produjo hace dos años y medio. En España, muy probablemente, habrá que esperar hasta después de las elecciones del año que viene y el nuevo Gobierno, cualquiera que sea, tendrá que hacer pedagogía para convencer a la opinión pública de las bondades del texto finalmente aprobado. A violenta reacción de los habitantes del asentamiento ilegal de la Cañada Real, en Madrid, es un episodio muy grave, porque demuestra cuál es caldo de cultivo que se produce con la inmigración mal integrada, la tolerancia hacia a las bolsas de marginación y la consolidación de poblados chabolistas atrapados por la delincuencia y la pobreza. En todo caso, hay que partir de la condena absoluta que merece la violencia que se desató contra las fuerzas policiales encargadas de ejecutar una orden judicial de demolición. Las imágenes de los incidentes han mostrado una agresividad inusitada y también una cierta preparación organizativa, lo cual es un motivo de mayor preocupación, pues las demoliciones van a continuar y los habitantes de la Cañada Real ya han manifestado su intención de seguir oponiéndose. Un juzgado de Madrid ha paralizado cautelarmente los derribos, lo que no es una solución, sino un aplazamiento del problema que antes o después habrá que abordar definitivamente, porque representa una situación insostenible. En la Cañada Real habitan más de 30.000 personas de diversas nacionalidades, sin empleos estables, muchas de ellas en situación irregular y dedicadas a actividades ilegales, como el narcotráfico o la venta de objetos robados. Sus casas están construidas ilegalmente y carecen de servicios básicos, accediendo de forma fraudulenta a algunos suministros, como la luz. Por tanto, es imprescindible una actuación desde los poderes públicos para erradicar este gigantesco foco de marginación, delincuencia y pobreza. La existencia de la Cañada Real es también una advertencia sobre las consecuencias de no atajar a tiempo la formación de estas urbanizaciones marginales y las causas que las provocan. La responsabilidad de las administraciones públicas viene de lejos, y tendría poco sentido hacer reproches a las actuales o a las anteriores. Si grave es lo que sucede, más grave puede ser lo que venga. Por eso resulta necesaria una concertación entre las distintas administraciones para, por un lado, erradicar este y todos los demás asentamientos ilegales, porque la impunidad también produce un efecto llamada y, por otro, para esforzarse en integrar a las poblaciones inmigrantes en una convivencia digna, con pleno reconocimiento de sus derechos y obligaciones, lo que implica, a su vez, exigir a estos colectivos una clara voluntad de inserción en la sociedad que los acoge como condición de permanencia en nuestro país. No puede decirse que la España de 2007 no ofrezca servicios sociales y ayudas públicas suficientes para los inmigrantes legales y sus familias: bastaría con comprobar el número de ciudadanos extranjeros beneficiados, especialmente en Madrid, por estas actuaciones públicas. Mientras tanto, la ley debe aplicarse de forma estricta, con proporcionalidad en los medios y con claridad en los objetivos finales. L