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ABC VIERNES 19 s 10 s 2007 ESPAÑA 27 El Constitucional acepta la abstención de Casas para salvar su imparcialidad Su intervención en la resolución del recurso del PP sería difícilmente comprensible NIEVES COLLI MADRID. Las abstenciones presentadas por la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, y por su vicepresidente, Guillermo Jiménez, están justificadas Así arranca el auto con el que el Pleno del Tribunal decidió el martes- -tras varias y difíciles deliberaciones y por una escueta mayoría- -aceptar la decisión de ambos magistrados de no participar en la resolución que determine si la reforma de la ley que regula el funcionamiento de este órgano (LOTC) es o no respetuosa con la Constitución. El auto, hecho público ayer y que salió adelante con el voto de los cinco magistrados adscritos al grupo conservador señala que hay varios datos objetivos que el Tribunal no puede eludir y que aconsejan aceptar las abstenciones de Casas y Jiménez. En ambos casos, la apariencia de imparcialidad que la ley exige a todos los magistrados- -ya sean de la jurisdicción ordinaria o pertenezcan a una institución tan particular como el Tribunal Constitucional- -se ha visto comprometida. Por esta razón, la intervención de estos magistrados en la resolución del recurso sería difícilmente comprensible por la ciudadanía El punto del recurso del PP que afecta directamente a los dos citados magistrados es el que se refiere a la llamada enmienda Casas reforma que ha establecido la prórroga automática del mandado de tres y vicepresidente- -señala el auto- que está condicionada por la norma impugnada de modo presente, no futuro, real y directo, no hipotético, y singular y exclusivo, no existe un interés actual discernible del resto de magistrados A favor de la abstención hay, además, otros elementos. Reconoce el auto de la mayoría que, según la doctrina del TC, las recusaciones y abstenciones deben interpretarse en sentido restrictivo (más las primeras que las segundas) especialmente si se refieren a magistrados del Constitucional, un tribunal único en su género en el que no es posible sustituir por otro al magistrado que decida abstenerse o al que sea recusado. Pese a ello, la ley prevé la posibilidad de que se produzcan abstenciones y recusaciones en el TC y la doctrina otorga especial importancia a aquellas que, como la presente, tienen relación con el derecho a un juez imparcial De otro lado, la propia ley orgánica del TC prevé un quórum mínimo para que sus órganos (Pleno, Salas y Secciones) ejerzan sus funciones, lo que se traduce en la posibilidad real de que no siempre se pueda asegurar la íntegra composición del Tribunal. Esa cifra es, en cada caso, la de dos tercios de sus miembros (8 en el caso del Pleno) El TC cita varios casos de abstenciones que vienen a demostrar, señala, la naturalidad con la que en su día fueron aceptadas por el Pleno. Aprobado el cheque- bebé con duras críticas al electoralismo del PSOE J. L. L. MADRID. El Pleno del Congreso aprobó ayer- -con la abstención del PP y CiU- -la ley que regula la ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción, conocida como la norma del cheque- bebé La nota más destacada de la sesión fue las críticas que tuvo que escuchar el presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero- -presente en la Cámara durante el debate- de todos los grupos, excepto el PSOE. Esta medida es propia de una república bananera dijo el diputado del PP Miguel Barrachina. Con esta iniciativa nos acercamos más a Venezuela que a Suecia sostuvo en la misma línea Carles Campuzano, de CiU. La acusación al PSOE de electoralismo se escuchó durante todo el debate. Y es que- -como subrayaron todos los grupos, salvo el socialista- -el encargado de presentar el proyecto de ley fue el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Caldera, que además es el responsable del programa electoral de su partido. Durante su intervención, Caldera defendió la iniciativa con el argumento de que es la primera prestación universal dirigida a las familias sin ningún tipo de condicionamiento (fiscal, contributivo, etcétera) y expresó su convicción de que el nuevo derecho aumentará la tasa de natalidad en España. El ministro explicó también que, además de la prestación de 2.500 euros, el proyecto abre el camino para la universalización de las escuelas infantiles en el tramo de 0 a 3 años. El Grupo Popular defendió un texto alternativo, que no prosperó, en el que se establecen ayudas de 3.000 euros para todos los nacimientos que se hubieran producido a partir del 1 de enero. Está previsto que el cobro de la prestación se produzca antes de final de año- -es decir, cuando esté a punto de comenzar la campaña electoral- -y los beneficiarios serán aquellos padres que hayan adoptado o tenido su hijo desde el 1 de julio pasado. Los portavoces del PP y de los grupos mayoritarios coincidieron en calificar la ayuda de aguinaldo navideño que pretende hacer olvidar a la sociedad española el fracaso de las políticas de familia del PSOE. Todos, salvo los socialistas, señalaron que la medida tiene una visión paternalista y de clientelismo María Emilia Casas J. DE DOMINGO Guillermo Jiménez R. SERRANO años del presidente y del vicepresidente del TC cuando su vencimiento no coincida con la renovación del Tribunal. En este caso, el mandato de Casas y Jiménez vencía en junio y, por aplicación de la reformada ley, ha quedado prorrogado hasta diciembre. Debemos atenernos a la especial trascendencia que tiene la apariencia de imparcialidad, pues está en juego la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática Entiende el Pleno que ese punto de la reforma afecta singular y directamente al estatuto personal e institucional de la presidenta y el vicepresidente por lo que existe una causa clara de abstención: la apariencia de que ambos magistrados podrían tener un interés directo o indirecto en el objeto del proceso. No puede decirse lo mismo de los restantes miembros del Tribunal pese a que pueden postularse para ser elegidos como presidente o vicepresidente y que, a su vez, son electores (la Constitución otorga al Pleno del TC la competencia para elegir esos cargos entre sus doce miembros) En este caso, no sería un interés directo sino condicionado a varios factores, entre ellos, la hipotética aspiración de ser presidente o vicepresidente. Frente a la situación de los actuales presidenta Se cobrará en la campaña Los discrepantes afirman que la decisión de la mayoría estimula la presentación de recusaciones N. C. MADRID. La decisión de la mayoría no ha contado con el apoyo de la mitad del Pleno (los cinco magistrados integrados en el bloque progresista que han expresado su opinión contraria en dos votos particulares cuyas argumentaciones son, entre sí, muy similares. Parten de la base de que el presente caso no encaja en la causa de abstención referida al interés directo o indirecto que Casas y Jiménez pudieran tener en el objeto del proceso (la prórroga automática de sus mandatos) pues la ley recurrida por el PP es general y abstracta no establece una regulación ad hoc y es de vigencia indefinida no de aplicación limitada De aceptarse que la presidenta y el vicepresidente están contaminados para actuar con plena imparcialidad, habría que concluir necesariamente que todos los demás magistrados se encuentran en la misma situación. Los magistrados discrepantes consideran que el auto de la mayoría se aparta de la doctrina del TC en materia de abstenciones y recusaciones, pues hasta ahora se ha defendido un criterio restrictivo en el que impera el interés constitucional en mantener, salvo que resulte imposible, la composición del Pleno Es decir, que sean sus doce miembros los que decidan, habida cuenta de las especiales características del TC, incluida la de que en recursos como éste su función (a diferencia de la de los tribunales ordinarios) es el control abstracto de la ley Según los votos particulares, las tesis de la mayoría en relación con la interpretación de la abstención y la recusación y la distinción artificial que establecen entre ambas instituciones, pone en peligro la composición del Tribunal tal y como la establece la Constitución. Una laxitud interpretativa contraria a nuestra reiterada doctrina podría estimular señalan, la presentación de recusaciones y sentaría un criterio favorable a su estimación. Alterar así la composición del Pleno, causaría efectos demoledores para la jurisdicción constitucional