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4 OPINIÓN JUEVES 18 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ARTE CONTRA LAS VÍCTIMAS Y ÉTICA IEZ años después de su inauguración, el museo Guggenheim de Bilbao es una referencia arquitectónica a escala mundial y mantiene una programación artística de notable calidad en el marco del arte contemporáneo. Por ello, es lamentable que la exposición que abrió ayer sus puertas en el famoso edificio de Gehry incluya imágenes distorsionadas de la realidad en el País Vasco, con grave daño para las víctimas del terrorismo y para cualquier ciudadano capaz de discernir entre el bien y el mal. En algunas fotografías expuestas se ofrece el contraste entre el dolor de los familiares de etarras y la actitud altiva de los miembros de la Guardia Civil, presentados en la muestra artística como un supuesto ejército de ocupación. Por fortuna, la negativa rotunda de la familia ha impedido que se mostrara una reproducción de la radiografía del cráneo del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en el momento de su agonía en aquel dramático mes de julio de 1997. Dado el perfil de los visitantes del museo, muchos de ellos extranjeros, y el aparente respaldo institucional que supone exhibir las fotografías en sus salas, está claro que se presenta al visitante una visión sesgada y radicalmente falsa de la realidad. En el País Vasco sólo existe una banda de asesinos que hace chantaje al Estado democrático en nombre de su obsesión totalitaria. En cambio, la exposición convierte a las víctimas en verdugos y viceversa, en contra del más elemental respeto a la verdad y a la moral de las personas decentes. En efecto, la cuestión debe plantearse desde una perspectiva ética. Esta exposición está muy por debajo del nivel habitual de las muestras que suelen pasar por el Guggenheim, que ha exhibido obras de grandes maestros internacionales. Se trata, por tanto, de una muestra impropia de un museo de sus características. Sin embargo, lo peor de todo es la falta de sensibilidad humana que refleja este planteamiento. La creación artística no es- -o no debe ser en ningún caso- -concebible a espaldas de la ética. Los artistas más brillantes pierden su condición cuando actúan al servicio de una ideología totalitaria: en efecto, hubo artistas de primera fila en el nazismo o el estalinismo, pero su obra queda marcada sin remedio por el oprobio. El mensaje de una obra artística no tiene necesariamente por qué ser arte en sí mismo. Al contrario, en ocasiones es precisamente la expresión del odio lo que distorsiona y desvirtúa su aparente plasticidad. Y mucho más en este caso, porque se trata de un fotógrafo con escaso relieve a nivel nacional y rigurosamente desconocido fuera de nuestras fronteras. Tal vez busca, como algunos otros, ganar un protagonismo efímero a través del escándalo, pero esa es precisamente la actitud que el museo no debe admitir para mantener la marca de calidad exigible. La indignación de las víctimas del terrorismo es comprensible ante estas imágenes, que califican con razón de lacerantes Los responsables del Guggenheim deben ser conscientes del error cometido y adoptar las medidas pertinentes al servicio de la verdad y del prestigio de la propia institución. D EL GOBIERNO ENCIZAÑA AL TC L Tribunal Constitucional vive una situación de crisis interna de confianza que no encuentra precedentes, y su causa es la politización ilimitada con la que está siendo tratado por el Gobierno socialista. La abstención de la presidenta y del vicepresidente de este órgano es una consecuencia de la irrupción brutal del Ejecutivo en las reglas de funcionamiento del TC, vigentes desde su fundación. Las futuras recusaciones que pudieran presentarse contra otros dos magistrados por parte de la Abogacía del Estado serían el remate de una estrategia de asalto a las instituciones fundamentales del Estado. Todo arranca del temor, cada día menos disimulado, del PSOE a que el TC derogue total o parcialmente algunas de las principales leyes de este mandato: la del matrimonio entre homosexuales, la integral contra la violencia de género y, sobre todo, la que aprueba el estatuto de autonomía de Cataluña. Los socialistas quieren hacer con el TC lo mismo que con el Consejo General del Poder Judicial cuando cambiaron a toda prisa la mayoría necesaria para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo: intentar someter a su dictado a las instituciones independientes. Por eso han aprobado una reforma de la Ley Orgánica del TC con una enmienda sorpresiva que prorroga el mandato de su presidencia más allá del plazo previsto inicialmente. De esta forma, el PSOE quiere asegurarse el voto de calidad de la actual presidenta del TC, María Emilia Casas, perpetrando así una agresión incalificable al prestigio de esta jurista, tratada como si fuera una afiliada socialista y no como la máxima responsable de una institución del Estado. El crispado monólogo de la vicepresidenta del Gobierno con la presidenta del TC, durante el desfile de la Fiesta del Doce de Octubre, resume mejor que nada esta tensa relación. Lógicamente, tanto la magistrada Casas como el vicepresidente, Guillermo Jiménez, decidieron abstenerse para no participar en el trámite de admisión del recurso del PP contra la reforma de la ley del TC, porque ésta afecta directamente al régimen jurídico de sus cargos. Nadie sabe mejor que el propio juez si está o no en condiciones de actuar sin sombra E de parcialidad. El problema nunca debió ser, por tanto, si se aceptaban o no estas abstenciones, cuya mejor defensa es la decisión misma de abstenerse tomada por ambos magistrados. El problema está en la nueva correlación de fuerzas internas, pues desde el momento en que el Pleno del TC aceptó el pasado martes la abstención de la magistrada Casas, la presidencia ha pasado a un magistrado encasillado en el bloque conservador quien puede utilizar el voto de calidad en caso de empate para resolver este recurso del PP Por tanto, la partición del TC y su inestabilidad interna responden a una manipulación previa de sus reglas de funcionamiento por el interés particular del Gobierno de salvar unas leyes que se han hecho sin atender a una elemental prudencia constitucional. El PSOE ha utilizado la potestad legislativa del Parlamento como una herramienta de cambio político partidista o, en el mejor de los casos, de mera propaganda, evitando los dictámenes incómodos de los órganos consultivos y retorciendo la letra y el espíritu de la Constitución. Ahora pretende conjurar el riesgo de que el TC, al hacer su trabajo, ponga de manifiesto las carencias de una legislación irreflexiva o partidista. La estrategia del Gobierno es convertir el TC en un avispero para poder desacreditar anticipadamente unas posibles sentencias contrarias a sus intereses. La irresponsabilidad con la que desde el PSOE y el Gobierno se anima a encizañar a magistrados progresistas con magistrados conservadores demuestra que están dispuestos a pasar por encima de cualquier consideración institucional con tal de lograr sus objetivos. El coste de esta política destructiva está siendo muy alto, porque daña el crédito social de algunas de las instituciones más importantes del Estado. No sólo se ha perjudicado al TC, también al Consejo General del Poder Judicial, que lleva un año en funciones, o al Consejo de Estado, órgano absolutamente despolitizado, pese a lo cual su autorizada opinión ha sido muchas veces desoída o directamente ignorada. El Gobierno ha pretendido gobernar como si no hubiera otros poderes en el Estado y éstas son las consecuencias. BERMEJO COMPROMETE A ZAPATERO L ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dejó abierta la puerta a un nuevo proceso de negociación con los etarras al afirmar ayer, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, que la política podrá volver a contribuir al fin de ETA Incluso, se atrevió a vaticinar que la declaración parlamentaria de mayo de 2005- -que permitía al Gobierno iniciar el final dialogado de la violencia volverá a tener vigencia Estas declaraciones son sumamente graves y el Gobierno debe desautorizarlas, salvo que revelen las verdaderas intenciones del jefe del Ejecutivo. Lo que afirmó ayer Fernández Bermejo es, en definitiva, que el Gobierno está dispuesto a volver a negociar con ETA. Si esto es falso, Rodríguez Zapatero debe desmentirlo sin rodeos. Pero cabe la posibilidad de que el ministro de Justicia se haya dejado llevar otra vez por su incontinencia verbal y haya desvelado una posible estrategia del Gobierno para después de las elecciones generales de 2008. Sea cual sea la explicación de las palabras de Fernández Bermejo, el Gobierno debe asumir la responsabilidad de dar la cara ante la opinión pública y aclarar qué va a hacer en el hipotético caso de que ETA repitiera la trampa de una nueva tregua, no sea que Fernández Bermejo simplemente se haya soltado en exceso la lengua, destapando an- E ticipadamente el proyecto de una segunda vuelta de la negociación. Hace pocos días, ETA quiso asesinar a un escolta, y ayer el ministro de Justicia- -y no otro- -tuvo la osadía de decir que habrá más diálogo con los terroristas, ante la seguridad de que volverán a darse las condiciones de la resolución de mayo de 2005. Ahora se explica por qué Moncloa no quiere revocar esta declaración del Congreso de los Diputados, pues es la excusa que guarda el jefe del Ejecutivo para volver a escudarse en el Parlamento si los socialistas reinician la negociación con los terroristas. Así no se puede derrotar a los terroristas, ni es posible que la sociedad tenga la certeza moral y política de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está realmente comprometido con la erradicación incondicional del terrorismo. En realidad son estas declaraciones, y no las peticiones de justicia y legalidad que hacen el Partido Popular o las víctimas del terrorismo, las que alejan la paz, porque están avisando a los etarras de que sus crímenes de hoy volverán a no ser obstáculo para abrir mañana, o cuando sea, una negociación política con ellos. Para Zapatero, Bermejo es un problema únicamente porque habla demasiado. Para la opinión pública, su sinceridad es alarmante porque se trata, sin rodeos de ninguna clase, de la sinceridad de un testigo de cargo.