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26 ESPAÑA MIÉRCOLES 17 s 10 s 2007 ABC La Audiencia pide otro informe sobre el cobro de comisiones en el mandato de CiU El juzgado, que había inculpado a ocho personas por hechos ocurridos durante el Gobierno del ex presidente Jordi Pujol, deberá reabrir la causa MARÍA JESÚS CAÑIZARES BARCELONA. CiU vuelve a enfrentarse con su pasado. En esta ocasión debido al supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública durante el Gobierno de Pujol. El caso estalló hace más de dos años, cuando el ex presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, aseguró en sede parlamentaria que los nacionalistas tenían un problema denominado tres por ciento Lo que parecía una bravuconada del dirigente socialista dio lugar a una investigación judicial que ya ha extraido sus conclusiones preliminares. Según publicó ayer el diario El país el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha dictado un auto según el cual existen suficientes indicios para afirmar que la empresa pública Adigsa, encargada de gestionar las viviendas sociales promovidas por la Generalitat, cobró comisiones ilegales de hasta un 20 en la adjudicación de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano de protección pública entre 2002 y 2004, durante el gobierno de CiU. Esta resolución judicial, en la que se inculpa a ocho personas, fue dictada el 28 de junio pasado y da por concluida la fase de instrucción. Sin embargo, quedaba pendiente un recurso de apelación presentado por el abogado de los inculpados, en el que se reclamaba un nuevo informe pericial sobre los hechos, ya que, en su opinión, las imputaciones efectuadas por el juzgado se basaban principalmente en pruebas testificales y en una auditoría efectuada por la empresa Adigsa, que comparece en la causa judicial como acusación particular. La Sección Segunda de la Audiencia ha dado la razón al letrado y ordena la práctica de esa prueba pericial, así como la reapertura de la instrucción judicial. Tras conocerse estas novedades judiciales, el secretario general de CDC, Artur Mas, aseguró que ni Convergència ni los altos cargos de su partido están implicados en el caso, pero admitió desconocer si seha producido a un nivel inferior El secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, pidió ayer al secretario gene- Constructores pagaron 78.000 euros en reformas en la casa del líder del PSPV ABC VALENCIA. Las sociedades Grupo Villegas y Opalia del Mediterráneo, participada por la primera, pagaron las obras de reforma que, por valor de 78.000 euros, realizaron 10 empresas constructoras en la vivienda que el secretario general de los socialistas de la Comunidad Valenciana (PSPV) Ignasi Pla, posee en la ciudad de Valencia, según informó ayer la Cadena Ser Pla realizó varias obras de saneamiento en su domicilio de la capital de la Comunidad entre el verano de 2006 y el inicio de 2007, que fueron pagadas por estas dos empresas, ambas resultantes de importantes adjudicaciones en municipios regidos por el PSOE, como Onteniente y Denia. La emisora asegura tener en su posesión facturas por la compra de una vinoteca de 1.200 euros, una campana extractora de humos de 1.100 euros, una encimera de mármol glaciar de 6.700 euros y un gasto en carpintería por valor de 4.000 euros, todas pagadas por Villegas y Opalia del Mediterráneo. Según las mismas fuentes, las empresas implicadas aseguran de forma extraoficial que recibieron instrucciones precisas de abonar el importe de las obras en la casa de Pla y de no pasar ningún tipo de cargo al síndico del PSOE en las Cortes. Los inculpados -Ferran Falcó Isern: Presidente de Adigsa en el momento de los hechos. -Josep Antoni Fondevila Nadal: consejero delegado de Adigsa en esas fechas. -Jordi Huguet Ferré: Arquitecto y gerente de Adigsa entre 1998 y 2002. -Josep Maria Penin Manero: Nunca estuvo contratado por Adigsa, pero se le considera el centro del entramado. Supuestamente cobró por tasaciones nunca hechas. -Xavier Sala Serra: Empleado de Adigsa entre 1985 y 2005. Autorizaba las propuestas de pago a Penin. -Jordi Honrubia Martínez: Cuñado y colaborador de Penin en sus contactos con empresarios. -Juan Antonio Salguero: Constructor autonómo que asegura haber pagado comisiones del 20 a Penin y Honrubia. -Ángel Egido Abad: Constructor amigo de Penin. Presentó en Adigsa presupuestos de relleno Maragall y Mas, en el polémico pleno del 3 de 2005 ral adjunto de CDC, Felip Puig, que no se esconda detrás de sus subordinados y dé explicaciones. Recordó que Puig era entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas y, en su opinión, mintió diciendo que no conocía a José María Penín y resultó ser pariente suyo Ambos, según Zaragoza, jugaron mucho tiempo en el mismo equipo de fútbol sala Por su parte, el presidente del PP catalán, Daniel Sirera, YOLANDA CARDO pidió la creación de una comisión de investigación en el Parlament y lamentó que, en su momento, CiU y PSC se taparan las vergüenzas de forma indigna Ese pacto de silencio dijo, impidió que se investigara el caso. No sabía que las comisiones eran del 20 pero es una noticia muy antigua aseguró ayer un lacónico Maragall, instigador de este proceso judicial. El PSOE rechaza que el presidente del Tribunal de Cuentas juzgue la condonación de la deuda del PSC J. L. L. MADRID. El Grupo Socialista no quiere que haya más debate en el Congreso sobre la condonación de la deuda por importe de 7,81 millones (más intereses ordinarios y de demora) suscrita por el PSC con una entidad bancaria en 1989 y vencida desde 1994. Durante la reunión que la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas celebró ayer en la Cámara Baja, los socialistas y sus socios se opusieron a que el presidente del organismo fiscalizaron, Ubaldo Nieto, se pronuncie sobre el asunto, como reclamaba el PP. El PSOE justificó su rechazo con el argumento de que el Tribunal de Cuentas ya ha dictaminado sobre esas operaciones y ha deja claro- -en su opinión- -que, si bien no están recogidas expresamente en la legislación, no implican responsabilidad contable. La postura del grupo mayoritario motivó las iras de la oposición, que tras hablar de corrupción pura y dura acusó a los socialistas de hacer trampas a la democracia según dijo el diputado del Grupo Popular Jaime Ignacio del Burgo. El PP presentó una propuesta de resolución al informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos durante el ejercicio 2003, con la que pretendía que Ubaldo Nieto aclare ante las Cortes si esas operaciones de condonación de intereses están amparados por la ley vigente, que en su disposición transitoria segunda establece que los acuerdos de renegociación deben ser los admitidos según los usos y costumbres del tráfico mercantil habitual entre las partes A juicio de Del Burgo, los intereses perdonados al PSC suponen, en la práctica, una fuente de financiación para los partidos con la que se premia el despilfarro El parlamentario socialista Francesc Valls defendió a su grupo tachando de sorprendente la iniciativa del PP. Según dijo, el Tribunal de Cuentas ya ha dejado claro en sus informes que esas operaciones no son ilegales, pues sólo habla de aportaciones extraordinarias no reguladas expresamente por la ley Lo que sí aprobó la Comisión fue una iniciativa del Partido Socialista para que el Tribunal distinga en sus próximos informes entre deuda hipotecaria y deuda ordinaria de los partidos. La mayor parte de la deuda de los socialistas es hipotecaria, lo que garantiza, según ellos, poder hacer frente a sus compromisos de pago. El PP defiende que los intereses perdonados a los socialistas suponen que se premie el despilfarro