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28 ESPAÑA MARTES 16 s 10 s 2007 ABC Todos contra un clan gitano No quieren que los problemas que ven en un poblado cercano se trasladen a la casa de al lado: 110 familias de Pontevedra pagarán 16 euros al mes durante 35 años para que una familia gitana no viva en un inmueble de su pequeña aldea POR ÉRIKA MONTAÑÉS FOTO MIGUEL MUÑIZ PONTEVEDRA. ¡Que levante la mano quien quiera asumir el riesgo de que una problemática como el trapicheo de drogas o el robo se traslade a la puerta de al lado! Preguntado por si comparte la decisión de 110 familias de su pueblo de comprar colectivamente una vivienda para evitar que la ocupe una familia de etnia gitana, Perfecto Rodríguez, alcalde de Ponte Caldelas, en Pontevedra, contesta a ABC, como buen gallego, con otra interpelación. La misma decisión le chirría en cambio, al subdelegado del Gobierno en la provincia, Delfín Fernández. Son dos versiones contrarias de un mismo hecho: en el lugar de Vilarchán, perteneciente a la parroquia pontevedresa de Tourón, nadie quiere que el poblado chabolista de O Vao se mude a esta tranquila aldea. Les separan apenas diez kilómetros del conflictivo asentamiento de gitanos, pero los vecinos han visto un día sí y otro también cómo sus residentes protagonizan escenas y altercados, pese a la presencia policial, que no quieren vean sus hijos. Por eso, el pasado fin de semana decidieron coger el toro por los cuernos y ante la noticia de que el propietario de una vivienda- -herencia adquirida por un descendiente del municipio- -había cerrado el trato con un clan gitano para que habite el inmueble, convocaron tres asambleas en las que se pusieron sobre la mesa condiciones ventajosas para que el dueño del inmueble revoque el acuerdo. En primer lugar, los 110 vecinos formalizarán a través de la comunidad de aguas una hipoteca para la compra- venta del inmueble, que les supondrá sufragar los casi 250.000 euros que tiene la vivienda como precio de salida, además del 10 por ciento del IVA, y 4.000 euros, los 2.000 que ya había adelantado la familia gitana y otros 2.000, para indemnizarla por incumplir el pacto. Todo ello- -euríbor aparte- -les supondrá un gasto mensual de unos 16 euros durante los próximos 35 años. Y todo, ¿para qué? El regidor de Ponte Caldelas tiene claro que este caso se presta a demagogia, y que se puede tachar a Vilarchán de racista Pero nada más lejos de la realidad. Yo entiendo a los vecinos, lo hacen para proteger su seguridad. Porque nadie quiere un poblado tan problemático como O Vao en su casa. Como alcalde, no puedo impedir que se opte por una solución perfectamente legal como adquirir la vivienda a través de un acuerdo con su dueño Rodríguez detalla a este periódico que los lugareños le habían expresado con anterioridad su inquietud por una sentencia judicial que ordena el derribo de nueve chabolas ilegales en el poblado antes del día 31 de este mes, por lo que sus inquilinos están realojándose en lugares cercanos. Se sospecha, aunque ningún vecino del lugar de Vilarchán tiene la certeza, de que una de esas nueve familias es la que quiere ocupar la vivienda de la polémica, situada junto al llamado campo de la fiesta de la aldea y enclavada en una finca de 400 metros. El problema radica en la procedencia de esa familia en cuestión- -señala un vecino muy enfadado- No estamos en con- tra de la raza gitana, pero ya se sabe que en esas familias suele venir uno, y luego otro y otro La finalidad de la compra no es ni siquiera que la comunidad de aguas se quede con el edificio, pues ya ha mostrado la intención de venderlo en cuanto sea factible. El propietario sí ha emplazado a los vecinos a que formalicen el contrato en treinta días o consigan otro comprador en ese lapso, así que en una nueva asamblea tomarán la decisión expeditiva el próximo fin de semana. Mientras, el director de la Fundación Secretariado Gitano en Galicia, Santiago González, tachó de clara discriminación la actitud vecinal, que prejuzgan sobre la honradez de personas que ni siquiera conocen Aún se está a tiempo de reconducir el conflicto exhortó. El problema no es su raza La casa de la discordia vecinal está ubicada en una finca de 400 metros de Vilarchán, en la parroquia pontevedresa de Tourón Una madre de 17 años pide permiso judicial para donar parte de su hígado a su hija en peligro de muerte R. B. SEVILLA. Rocío, una joven de Camas (Sevilla) de 17 años y madre de una niña de seis meses, solicitó ayer ante la justicia poder donar parte de su hígado a su hija, que sufre una enfermedad hepática que hace peligrar su vida. La minoría de edad de la madre impide que se pueda llevar a cabo la donanción, aunque podría hacerlo si un magistrado le concede la emancipación. Rocío solicitó ya en varias ocasiones donar parte de su hígado para salvar la vida de su bebé de seis meses, alegando que, pese a que en tan sólo cinco meses cumple la mayoría de edad, nadie le garantiza que su hija sobreviva hasta entonces. Sin embargo, el juzgado de guardia de Córdoba ya denegó en una ocasión la solicitud judicial para que la madre fuera donante viva. Su último intento fue ayer en el juzgado de primera instancia número 17 de Sevilla, a donde acudió por la mañana a exponer su caso y solicitar el permiso especial para llevar a cabo la intervención quirúrgica, ya que, según la legislación vigente, una persona menor de edad no puede convertirse en donante viva. En este sentido, su abogado se mostró optimista y aseveró que si la autorización llega esta semana, mejor La representación legal de la menor presentó ante el juez una demanda en solicitud de la autorización para que la joven pueda acudir cuanto antes al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde previsiblemente se prepare la operación en caso de permiso judicial La donación podría llevarse a cabo, a pesar de la minoría de edad de la madre, si el juzgado le concede la emancipación y, por tanto, la mayoría de edad. Varios entes de carácter social apoyan a los menor, ya que sólo el quedan unos meses para cumplir la mayoría de edad y hay un bebe que podría morir si en este periodo no se encuentra ningún otro donante. También la Junta de Andalucía apoya la demanda de la joven madre. La polémica nace de la orden de demoler antes del próximo día 31 nueve chabolas en el conflictivo poblado de O Vao, cuyos inquilinos necesitan realojo Demanda de solicitud