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ABC LUNES 15- -10- -2007 ECONOMÍA 37 www. abc. es economia Empresas de transporte temen que Fomento pueda adjudicar a dedo 110 concesiones La patronal Anetra cuestiona los nuevos criterios de puntuación, entre ellos la obligación de asumir la plantilla A. POLO MADRID. El Ministerio de Fomento ha iniciado bajo sospecha la convocatoria de concursos para renovar las concesiones de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera, cuyos plazos de vencimiento se extienden desde este año hasta 2012, aproximadamente. Se trata de 110 concesiones que en 1996 fueron prorrogadas durante cinco años con arreglo a los veinte años establecidos en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987. La duración establecida por el departamento que dirige Magdalena Álvarez para los nuevos plazos de concesión varían entre los ocho y diez años, en función de los viajeros transportados y los kilómetros, aunque en algunos casos específicos los pliegos elevan la vigencia de la adjudicación hasta los doce años. Las concesiones objeto de licitación suponen un pastel muy jugoso a repartir entre las grandes empresas del sector, en la medida que afectan a las principales rutas de transporte de viajeros por carretera. Los trabajos preliminares de la Dirección General de Transportes por Carretera, iniciados en 2004, no han surtido el efecto deseado y las conversaciones mantenidas a lo largo del año entre Fomento, asociaciones sectoriales, centrales sindicales, fabricantes e importadores de turismos para fijar los criterios concursales han concluido con divergencias. Tras las distintas reuniones celebradas coexisten dos frentes claramente contrapuestos: el que aglutina a las compañías que explotan las líneas regulares, pertenecientes en su mayor parte a las organizaciones Fenebus y Asintra, y un segundo bloque liderado por la Asociación Nacional de Empresarios de Transporte en Autocares (Anetra) Esta última asociación y otras compañías de transportistas acusan abiertamente al Ministerio de Fomento de consagrar en el tiempo el actual reparto y convertir los concursos en simples convalidaciones disfrazadas, obviando los ta el 40 del total. Anetra apoya esta apuesta por la seguridad en el transporte, pero advierte de que puede ser cumplida sin mayores problemas por los oferentes y por tanto no constituye un elemento diferenciador. Otro aspecto destacado afecta a la obligatoriedad del adjudicatario de absorber, o mantener en su caso, al personal del antiguo concesionario en idénticas condiciones a las de la concesión que sustituye, valorado con 20 puntos. Legalmente, la subrogación de personal carece de apoyo jurídico, pero constituye un elemento básico para poder optar a una concesión. Frente a esta elevada valoración, las tarifas (10 puntos) y las frecuencias (otros 5) pierden peso específico y limitan la competencia a la hora de establecer rebajas de precios. Según este esquema, que establece un límite máximo a partir del cual todas las mejoras son valoradas de la misma forma, a igualdad de puntuación en el resto de los criterios, la oferta con tarifas más bajas obtendría la misma puntuación que otra más elevada. Para Garrigues, la eliminación de la competencia en los precios vulnera los objetivos de regulación del servicio público de transporte de viajeros que incorpora la normativa comunitaria. El nuevo modelo de concesión que Fomento pondrá en marcha permite a las compañías de transportes adjudicatarias prescindir de las rutas no rentables, que inevitablemente deberán ser financiadas con cargo a los Presupuestos del Estado. De acuerdo con fuentes del sector, el nuevo sistema de valoración garantiza a las antiguas concesiones (de 1990 a 1996) consideradas rentables o en el umbral de la rentabilidad, una subida de las tarifas para cubrir las supuestas mejoras de calidad de los servicios. Según las fuentes consultadas, la puntuación de las tarifas y expediciones se han diseñado para no alterar la paz de los actuales concesionarios, en un proceso cuyo final ya está anunciado en las compras y precios pagados por las empresas actualmente concesionarias Estación de autobuses del Prado de San Sebastián, en Sevilla NIEVES SANZ Las licitaciones en cuestión afectan a las principales rutas de transporte de viajeros por carretera Anetra ha contratado el despacho Garrigues para que analice las condiciones impuestas a los licitadores El precio del servicio tiene un peso muy reducido entre los criterios de baremación Dos bloques enfrentados criterios de igualdad y libre competencia que exige la Unión Europea, dificultando de esta forma la presencia de potenciales empresas interesadas en acudir a las licitaciones. Anetra ha contratado los servicios del despacho Garrigues para realizar un análisis jurídico- administrativo de las condiciones de obligado cum- plimiento que deberán asumir los potenciales licitadores. En primer término, el informe cuestiona la legalidad de acreditar una experiencia de tres años, como mínimo, en la prestación de al menos un servicio de transporte regular de viajeros por carretera, de uso especial o general, que requiera la utilización de un número de au- Un sector muy concentrado y en manos de pocas empresas de gran dimensión Al igual que otros sectores de la economía doméstica, el de los transportes regulares de viajeros por carretera ha sido uno de los que más procesos de concentración ha experimentado. Tras la integración de Enatcar en Alsa con motivo de su privatización y posteriormente de esta última y Continental Auto en la multinacional británica National Express, el negocio ha quedado constreñido a un reducido grupo de grandes empresas, del que forman parte el grupo Avanza (Auto Res y la Sepulvedana) Corporación Española del Transporte y Transportes Portillo. Fuentes del sector temen que Fomento mantenga el status quo actual para garantizar las fuertes inversiones realizadas. tobuses igual o superior al 50 de los que deberán quedar adscritos a la concesión según se establezca en el pliego. Para Garrigues, este criterio de solvencia podría vulnerar el principio de libre concurrencia, una de las bases en las que se asienta la contratación administrativa y sobre la cual existen sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Con todo, el nudo gordiano sobre el que giran las principales críticas está relacionado con las condiciones y puntuación que establece el nuevo sistema de valoración de las ofertas, que ha sufrido grandes modificaciones respecto al empleado por la Administración en el siglo pasado. Así, y sobre 100 posibles puntos, el aspecto económico o precio del servicio tiene un peso muy reducido entre los criterios de baremación, mientras el referido a las condiciones técnicas represen-