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4 OPINIÓN LUNES 15 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro RICE, ANTE EL DESAFÍO DE LA PAZ EL CALLEJERO DE ETA I el proyecto de ley de la Memoria Histórica se aprueba y entran en vigor sus medidas revisionistas, se abrirá un largo proceso de polémicas y discordias sobre la supresión de nombres de connotaciones franquistas en calles y plazas de muchas ciudades españoles. Con la aprobación de la ley no acabarán las discusiones, sino que empezarán otras, peores y más crispadas. Pero tanto mirar al pasado para intentar cambiarlo setenta años después- -tarea imposible que se transforma únicamente en una fuente de división social- -se convierte en una venda en los ojos del Gobierno y de sus socios nacionalistas que les impide ver que el terrorismo de ETA tiene, ahora mismo, por decisiones de ayuntamientos democráticos, un callejero impune al servicio de su exaltación. Etarras con marchamo sanguinario ocupan puestos de privilegio en avenidas, calles y plazas del País Vasco, sin que les hayan llegado los efectos catárticos de una memoria histórica tan selectiva y caprichosa, que parece reservada para reabrir las heridas ya cerradas de la Guerra Civil e indiferente ante la herida abierta del terrorismo. Nadie tiene un solo motivo para criticar las decisiones que tiendan a la reparación moral y material que merezcan las víctimas de persecuciones injustas durante la Guerra Civil y el régimen posterior. De hecho, todos los gobiernos de la democracia han afrontado esa tarea sin necesidad de polarizar a la sociedad ni de llevar al Parlamento leyes que pretenden alterar el curso de una historia ya irreversible. La España de hoy, no la de hace setenta años, tiene sus propias víctimas por la libertad y los derechos individuales, por la democracia y por la vigencia de la Constitución. Todos los asesinados, heridos y amenazados por ETA son la memoria y el presente histórico de la democracia española y muchos de sus verdugos más sangrientos gozan impunemente de un homenaje constante en las calles del País Vasco. Parece fácil, y lo es, alzarse ahora, cuando han pasado más de treinta años desde la muerte de Franco, contra S la dedicatoria de calles a militares del bando alzado, incluso a personalidades de la cultura como José María Pemán o Pedro Muñoz Seca. Pero no parece, en cambio, que haya tanto fervor democrático y justiciero para limpiar los callejeros del País Vasco de la presencia de ETA y de sus cómplices. Se amenaza con retirar subvenciones a los ayuntamientos que no eliminen las placas que recuerdan o ensalzan al bando franquista, pero nada se dice de los ayuntamientos vascos que, desde las elecciones municipales de mayo pasado, se han convertido nuevamente en plataforma de apoyo y propaganda a favor de ETA, además de centros de colocación de la izquierda proetarra. Ahí está la propuesta del Partido Popular de disolverlos. Esta doble moral es inadmisible en la democracia, cuya lucha debe ser contra ETA y no contra un pasado zanjado por la Constitución. Desvela una obsesión enfermiza de la izquierda española por seguir haciendo de la derecha no un adversario político, sino un enemigo ideológico, cuando ahora quien está queriendo asesinar, quien destruye bienes y quien amenaza es ETA. La memoria histórica es una trampa para obligarnos a todos a mirar hacia el pasado y despistar a la sociedad española de la encrucijada que se le vuelve a plantear actualmente con la reanudación del terrorismo: o ETA o nosotros. Por eso, los terroristas no deben tener el más mínimo espacio en la vida social y por eso hay que buscar su deslegitimación ante los ojos de los ciudadanos, porque la marginación es tan eficaz como las desarticulaciones de sus comandos o el encarcelamiento de la dirección de Batasuna. El Gobierno se ha metido en un lío con la memoria histórica Pensó erróneamente que no habría oposición por temor al sambenito de franquista y la hay sin complejo alguno porque querer convivir sin discordias no es franquista; y calculó peor si creyó que en la sociedad española no aflorarían otras memorias históricas no sólo de aquella época, sino otras tan recientes y dolorosas como la que representa ETA. TIEMPO DE CRISIS PARA ERC AS aguas bajan revueltas en Esquerra Republicana de Cataluña. Mientras los líderes que ocupan cargos de alto nivel disfrutan de las prebendas propias del poder, las bases muestran su decepción y exigen pasos al frente para cumplir el programa radical e independentista. Es la naturaleza propia de los partidos que asumen muchas tesis antisistema y cuyo funcionamiento se rige por principios asamblearios. Carod- Rovira y otros líderes procuran compaginar la retórica extremista con la prudencia que impone viajar en coche oficial. Sin embargo, ese equilibrio no siempre es posible de manera que- -como informa hoy ABC- -se prevé un fuerte enfrentamiento entre las diferentes corrientes de ERC en su próxima conferencia nacional. El asunto tendría una importancia limitada si no fuera porque ERC es una pieza capital en el tripartito y sigue siendo socio relevante del PSOE en el Congreso. De momento, el sector crítico exige una separación tajante entre la responsabilidad en las instituciones y los cargos internos en el partido y, sobre todo, cree que ha llegado la hora de pisar el acelerador en las reivindicaciones soberanistas, referéndum ilegal incluido. José Montilla y los suyos deberían extraer una lección de la tormenta que se avecina entre sus aliados independentistas. Pactar con partidos que rechazan la forma de Estado y de gobierno trae consecuencias indeseables más pron- L to que tarde, porque no es posible confiar en la palabra de unos dirigentes que apenas controlan a las bases y que se mueven en un equilibrio imposible: por una parte, ocupan puestos que exigen lealtad a la Constitución y, por otra, sustentan una ideología que proclama la ruptura del sistema. Este tipo de aliados nunca está conforme con las concesiones semánticas: les parece insuficiente la Ley de la Memoria Histórica, no les basta con dejar en mal lugar a la cultura catalana en Fráncfort y tampoco se callan cuando el presidente de la Generalitat acude, como es su deber, a celebrar la Fiesta Nacional junto al resto de las instituciones públicas. Pero lo cierto es que el PSC, sin ser víctima más que de su propia ambición, prefiere seguir dependiendo de aliados como ERC y los ecocomunistas, que reivindican formas de vida alternativas mientras sus dirigentes comen en buenos restaurantes y visten ropa de marca. O que, como es ahora el caso de Carod- Rovira, abusan de su condición de partido indispensable para rentabilizar en primera persona la invitación a Cataluña a participar como país- -al margen de España- en la Bienal de Venecia, dejando de nuevo en muy mal lugar al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Aun así, las bases radicales de ERC parecen hastiadas de sus acomodados líderes y de sus gestos personalistas, y parecen dispuestas a pasarles factura. El resultado de esta crisis podría dar al traste con el tripartito catalán. ESPUÉS de siete años dando vueltas a los mismos escenarios frustrantes en los que no había más que pasos atrás en todos los caminos trazados hacia la paz, la Administración norteamericana ha emprendido una gestión diplomática decidida y enérgica que probablemente sea el intento más serio de los últimos años para cambiar las coordenadas del conflicto del Próximo Oriente. La conferencia que se celebrará en noviembre en Estados Unidos está llamada a ser el primer eslabón de un proceso que desemboque lo antes posible en la creación de un Estado palestino. Sin embargo, para poner las cosas en su sitio y recordar que no se trata de un asunto sencillo, a su llegada ayer a Israel- -comienzo de una larga gira por varios países de la región- -la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, ha reconocido con una razonable muestra de realismo que no deben esperarse resultados inmediatos de sus gestiones. Puesto que las negociaciones propiamente dichas quedarán para la conferencia de paz que se ha convocado para el mes que viene, el papel de Rice en esta gira va a centrarse probablemente en ayudar a definir a unos y otros el temario que tendrán que prepararse a la hora de hacer concesiones cuando se reúnan en Annapolis. En cierto modo, es un buen momento porque los dos principales dirigentes- -Olmert en el lado de los israelíes y Abbas en el de los palestinos- -están tremendamente debilitados y en la práctica se sostienen sólo porque gozan del apoyo de Washington. Pero también en ambos casos esta situación presupone que los partidarios de la confrontación no estarán en la mesa de negociaciones, empezando por los extremistas de Hamás, que se han atrincherado en la franja de Gaza. Arabia Saudí ya hizo en su momento una apuesta expresa en la que puso sobre la mesa toda su influencia- -y su dinero- -para forzar un acuerdo entre las facciones palestinas, a las que enclaustró en una reunión en La Meca. Pero aquel pactyo duró apenas unas semanas. Se entiende que en estos momentos los responsables saudíes sean reticentes a la idea de la conferencia de Annapolis, aunque su implicación ha de ser uno de los objetivos de Rice. También parece razonable pensar que pese a sus diferencias, tarde o temprano Estados Unidos tendrá que conceder algún papel para Siria. Pero si hay un dato nuevo en este nuevo intento, es el de las propias aspiraciones norteamericanas. En efecto, Condoleezza Rice debe tener en cuenta que si no juega bien todas sus cartas en su delicada misión, unos y otros pueden revertir toda la presión sobre su propia persona. Tal como están las cosas en Irak o en Afganistán, la paz en el conflicto palestino- israelí es la única carta que les queda por jugar en la recta final de su mandato al presidente George W. Bush y a ella misma. Si en esta gira Rice da la impresión de que la Casa Blanca necesita un acuerdo más que nadie, unos y otros pueden acabar haciéndole pagar un precio más alto del que han calculado en Washington, que no debe ser barato. D