Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN DOMINGO 14 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro PREOCUPANTE INFLACIÓN STA semana hemos conocido el dato de que la inflación anual se disparó al 2,7 por ciento en septiembre. Un dato esperado, pero no por eso menos malo. La economía española sigue teniendo un problema de precios relativos con nuestros socios europeos y en cuanto desaparecen las causas extraordinarias que mantienen reprimida la inflación diferencial, ésta retorna a su nivel habitual. La explicación oficial insiste en el efecto escalón de los precios del petróleo- -bajaron el año pasado suben éste- lo que siendo cierto también lo era cuando el Gobierno se apuntaba el éxito de haber controlado la inflación. Pero hay más, el pan ha subido un 8,1 por ciento en doce meses, la leche el 11,4, la pasta el 6,7 por ciento y el pollo, un 11,3. No sólo los alimentos básicos reflejan el contexto internacional, también los servicios financieros, que suben el 8,2 por ciento en un año. Las previsiones de los expertos señalan que la inflación superará el 3 por ciento a finales de año, volviendo el diferencial con la Unión Europea a situarse en un punto porcentual, pese a que las autoridades han intentado evitarlo con restricciones injustificadas en los precios de algunos productos como los energéticos, aún sometidos a autorización administrativa. Por tanto, poco han cambiado las cosas en el terreno de la inflación, cuyo comportamiento sigue amenazando la competitividad de la economía. Si acaso, la especial incidencia de las subidas de precios en bienes de primera necesidad hace que su efecto sea más negativo en los sectores menos favorecidos de la población. Estudiar los mecanismos de formación de precios y asegurar la competencia en la distribución son tareas obligadas de la Administración, pero no parece que las limitaciones a la libertad de comercio, las restricciones de horarios y a la apertura de grandes superficies sean la manera más eficaz de asegurar un buen funcionamiento de la cadena de distribución, como acaba de reconocer la Comisión Nacional de la Competencia. Es fácil hacer demagogia con el comercio, pero la subida de precios de los alimentos tiene su origen en causas más profundas: el aumento de la demanda mundial como consecuencia de que la globalización ha sacado de la pobreza y convertido en consumidores a millones de ciudadanos; la incapacidad de la política agraria de la Unión Europea para reconocer el nuevo escenario alimentario; y la progresiva erosión de la unidad de mercado en nuestro país con prácticas y reglamentos que encarecen el coste de la distribución. Hace falta una reflexión profunda sobre las causas de la inflación española que vaya más allá de las necesarias apelaciones al fomento de la competencia en los mercados. Un diagnóstico compartido como paso previo a una acción política, pues corremos el riesgo de que el consumidor español se encuentre que la caída de su renta disponible por el encarecimiento de las hipotecas coincide con un periodo de aceleración de la inflación. VUELVE LA E SUPERÁVIT DE ASESORES EN LA MONCLOA EGÚN dice el apartado tercero del Código de Buen Gobierno aprobado por el Ejecutivo socialista en marzo de 2005, las autoridades administrarán los recursos públicos con austeridad Este encomiable mandato es incompatible con la extensa nómina de asesores reclutados por La Moncloa desde que Rodríguez Zapatero accedió al poder en marzo de 2004. En la actualidad, la Presidencia del Gobierno tiene a su disposición un total de 682 asesores, cifra que se reducirá a 656 en 2008, 106 más que José María Aznar, con un coste anual de 28 millones de euros (más de 4.600 millones de pesetas) La reducción prevista para el próximo ejercicio se debe no a la reducción de plantilla, sino al traspaso al Ministerio del Interior de la veintena de personas asignadas al Alto Comisionado de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo, órgano incardinado actualmente en la estructura de la Presidencia del Gobierno. El Ejecutivo ha intentado justificar estos números desorbitados por la mayor dimensión de la Oficina Económica del presidente del Gobierno y por la aplicación del Plan Avanza para la implantación de las nuevas tecnologías en la estructura administrativa. Ninguno de ambos argumentos parece convincente para explicar de forma satisfactoria tan ingente cantidad de asesores y gastos. Apelar a la Oficina Económica del presidente como razón de Estado para esta inversión es, además, un sarcasmo, teniendo en cuenta la falta de criterio que caracteriza la política económica del Gobierno, especialmente en los últimos meses. El jefe del Ejecutivo hace promesas que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, no secunda, pero tampoco rectifica, lo que hace que pierda autoridad en un equipo en el que los últimos en llegar- -los ministros Chacón y Soria- -se permiten también hacer compromisos presupuestarios sin que el máximo responsable del Ministerio de Economía haya dado su visto bueno, aunque al final haya tenido que pasar por el aro de las necesidades electorales del PSOE. Para este desconcierto económico, en el que no son S fiables ni las previsiones sobre las que se ha construido el presupuesto de 2008, no hace falta tanto asesor, sino una cabeza responsable. Por otro lado, esta oficina personal de Zapatero debe principalmente su fama a la derrota electoral de quien fue su director- -Miguel Sebastián- -y a la denuncia de haber preparado un dossier contra el presidente del Banco Bilbao Argentaria, Francisco González. Pobre balance, sin duda. Tampoco es aceptable la explicación de que esta legión de asesores prepara las respuestas a las preguntas parlamentarias de la oposición. El PP ha hecho cuentas y resulta que, desde el comienzo de la legislatura, no sale más de una respuesta por asesor a la semana, lo que arroja un índice de productividad manifiestamentemejorable- -quizá esto explique la partida de 4,24 millones de euros para incentivos al rendimiento prevista en los presupuestos de 2008- sobre todo si se tiene en cuenta quecada ministro tiene su propiogabinete deasesores, ademásdeunasecretaría generaltécnica quelesuministrainformación exhaustiva de la actividad de su departamento. Todo responsable político tiene derecho a crear un equipo de confianza, pero las cifras de La Moncloa, también dignas de comentarios en otros aspectos- -como la reforma de la Sala de Prensa, que ha costado más de 600.000 euros- exceden por completo de lo sensato y de lo habitual. Más aún, si se comparan con la agenda del presidente del Gobierno, que no justifica esa cohorte de asesores. Basta detenerse en su actividad exterior, por ejemplo, para llegar a la conclusión de que no son precisamente razones de diplomacia las que explican tan extensa nómina. Tampoco la calidad de sus intervenciones públicas, ni la frecuencia de sus citas institucionales, ni actividades similares alcanzan grados tales que den por bueno el gasto anual de 28 millones de euros para los 682 asesores que ha alcanzado La Moncloa en este año. Bueno es recordar que al comienzo de la legislatura la vicepresidenta primera presentó el recorte de altos cargos de la Administración como una prueba de su austeridad. Poco duraron las buenas intenciones. COMBATIR LA DELINCUENCIA JUVENIL ÚN no ha transcurrido un año desde la entrada en vigor de las últimas reformas de la Ley del Menor y quizás por ello sea aún pronto para vaticinar su fracaso. Sin embargo, las cifras oficiales y el desánimo entre las Fuerzas de Seguridad del Estado que combaten la delincuencia juvenil, y también entre las Fiscalías de menores, apuntan a que las cosas no van por el mejor camino. Casi 95.000 menores de entre 14 y 17 años fueron detenidos el año pasado, lo que motivó la incoación de 110.236 diligencias, 5.000 más que en el año anterior. La Fiscalía General no ha tenido más remedio que admitir que en España se está produciendo un incremento generalizado de la delincuencia juvenil Si a la insuficiencia de recursos personales y materiales para hacer frente a esta clase de delincuencia se unen una legislación que no disuade lo suficiente a estos menores y el desarraigo social de muchos extranjeros que no han alcanzado la mayoría de edad, y que encuentran principalmente en los robos una actividad rentable y débilmente castigada, la conclusión es que convergen dos sensaciones perniciosas: impunidad y un cierto grado de alarma social e indefensión ciudadana. Por ello, parece necesario, como hoy informa ABC, que el Ministerio del Interior se esté planteando crear de manera definitiva una sección específica de delincuencia juvenil para reforzar la labor de la existente Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría General de la Policía Judicial. Pero siendo desalentadora la evolución de la delincuencia A en ese tramo entre los 14 y los 17 años, también empiezan a ser preocupantes los indicios detectados por los expertos policiales respecto al incremento del número de menores de 14 años que se asoman al mundo del delito y que, de modo consciente, aprovechan los resquicios legales que impiden su persecución penal. Esta circunstancia les permite especializarse en nuevas formas delictivas e, incluso, agruparse en bandas para actuar con toda libertad y sin grandes temores. Tal vez la situación pueda paliarse involucrando de manera directa a los padres o tutores como responsables alternativos de los daños causados por sus hijos menores- -como ha ocurrido con la responsabilidad civil en diversos casos de kale borroka -o con una política de dispersión temporal de menores conflictivos internados, con el fin de alejarlos de su habitual entorno delictivo y facilitar su reeducación. En cualquier caso, parece imprescindible más decisión. Lo relevante en los menores no es tanto fomentar el castigo como concienciarles de sus oportunidades de reinserción. Es razonable que el Gobierno se preocupe por garantizar la seguridad de los ciudadanos poniendo todos los medios necesarios para rebajar la tasa de delincuencia. No obstante, y en el caso concreto de los menores, el Gobierno también está obligado a crear las condiciones necesarias para disuadirles con más contundencia y para que, llegado el caso, las motivaciones para resinsertarse superen en su ánimo la tentación que les supone delinquir si gozan de facilidades e impunidad.