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4 OPINIÓN VIERNES 12 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ZAPATERO SE ESCONDE DE LAS AUTONOMÍAS N EXPROPIAR EN CATALUÑA A negativa del Partido Popular y de Convergencia i Unió a suscribir el Pacto Nacional por la Vivienda promovido por el Gobierno catalán- -y secundado por instituciones públicas y privadas del sector- -es una prueba más de la división política en Cataluña causada por la deriva radical del PSC y sus aliados, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa por Cataluña. El motivo concreto del rechazo de ambos partidos a esta declaración de intenciones y promesas sobre el acceso a la vivienda en la Comunidad catalana es la potestad que se reserva la Generalitat de expropiar el usufructo de viviendas desocupadas para ofrecerlas en alquiler forzoso durante seis años. Esta iniciativa no es nueva porque ya se contemplaba en el proyecto de ley del derecho a la vivienda, tal y como entró en el Parlamento catalán en diciembre de 2006. A pesar de las críticas que ya recibió desde el primer momento del procedimiento parlamentario, esa potestad intervencionista se ha mantenido y es lo que ha provocado el rechazo conjunto de populares y convergentes. En sí mismo, el alquiler forzoso es, ante todo, un gesto de cara a la galería y no contribuirá a aumentar la oferta de viviendas en arrendamiento, aunque sólo sea por el tiempo que consumirá la burocracia y las posibles impugnaciones ante los Tribunales de Justicia. Tampoco se corresponde con el anuncio del Gobierno catalán de que va a construir miles de viviendas en los próximos años para destinarlas a este fin. Por otro lado, será muy difícil para los funcionarios de la Generalitat demostrar la desocupación permanente de la vivienda, requisito que exige la ley, e introducirá un factor de inseguridad jurídica injustificada entre los propietarios, ya bastante disuadidos de arrendar sus viviendas por causa de las carencias legales en la protección de su patrimonio. La función social de la propiedad no es una excusa para ir creando normas más propias de economías planificadas y estatalizadas que de economías de mercado respetuosas con el derecho de propiedad privada. Menos aún, para crear ilusiones falsas a L los jóvenes y a las familias con necesidades reales de vivienda y en graves dificultades para acceder a ella. Al margen de esta valoración puramente jurídica y económica del alquiler forzoso y de la expropiación del derecho de usufructo, el enfoque político de esta reforma demuestra que el Gobierno catalán está claramente instalado en el radicalismo de izquierda, verdadero argumento de peso en la crítica de CiU y PP. Sin embargo, los convergentes deberían acompañar estos reproches con un acto de rectificación, porque el nuevo Estatuto de autonomía que Artur Mas pactó con Rodríguez Zapatero consagra un sistema de autogobierno intervencionista hasta la asfixia, por lo que esta potestad expropiatoria de viviendas vacías que prevé el proyecto de ley del derecho a la vivienda será rechazable, pero es coherente con el sesgo político del Gobierno catalán y con los principios estatutarios, repartidos entre el nacionalismo en lo político y el izquierdismo más rancio en lo social y económico. El verdadero problema en Cataluña es el clima que está creando la alianza del socialismo con el independentismo y la extrema izquierda; clima compatible con el de una sociedad moderna como debería ser la catalana y como gusta presentar a sus líderes políticos y personalidades culturales. La depuración lingüística en los medios de comunicación públicos y en la representación cultural de la comunidad, junto con la indolencia de unos y la complacencia de otros ante los ataques continuados a la Corona, rematado todo con actos de intimidación y amenaza a los partidos de la oposición no nacionalista, son graves crisis de legitimidad en el ejercicio del autogobierno, tanto más preocupantes porque no son respondidos de manera contundente por las propias instituciones autonómicas. Es una forma de hacer política fuera de lugar y del tiempo, con aliados tan extremistas y reacios al respeto a las convenciones democráticas y a las reglas institucionales que probablemente no hallarían en toda Europa un solo partido nacional dispuesto a pactar con ellos. FIN DE LOS PAPELES PARA TODOS L debate sobre la inmigración fue un factor decisivo en las últimas elecciones presidenciales francesas. No es extraño por ello que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, haya planteado iniciativas novedosas para dar respuesta a las preocupaciones de un amplio sector social, ajeno a la demagogia populista, pero crítico con la incapacidad de la izquierda para adoptar medidas realistas. De ahí que Francia proponga formalmente a la UE un pacto para evitar regularizaciones masivas, un asunto que ya produjo en su día algún choque entre Zapatero y el entonces todavía candidato a la presidencia gala. También en esta materia, el Gobierno español rectifica a toda prisa. En efecto, España asume hoy la propuesta hecha desde la presidencia francesa en una contradicción evidente con la lógica más elemental: si la regularización masiva es ahora inaceptable, no es fácil entender por qué era antes positiva y deseable y por qué estaba plenamente justificada. La súbita conversión a la racionalidad de la administración española tiene sin duda un componente de oportunismo electoralista de puertas adentro y, de puertas afuera, cierto propósito de enmienda después de que la UE haya descalificado con dureza nuestra individualista e insolidaria política de inmigración. Es positivo que la Unión Europea sea consciente de que las políticas migrato- E rias deben abordarse en común. La libre circulación de personas y la consolidación del llamado espacio Schengen son factores que hacen inútiles medidas unilaterales. Por tanto, este es un enfoque beneficioso para España, que se ha convertido en objetivo preferente de las mafias que trafican con seres humanos desesperados. Cualquier política razonable de inmigración debe partir del cumplimiento estricto de la legalidad. Nadie puede situarse al margen de la ley, trabajar en situación irregular o deambular por el campo o las ciudades condenado a la marginación social. La regulación masiva produce un efecto llamada por razones obvias: se trata de entrar como sea en el territorio nacional y esperar a que- -tarde o temprano- -las autoridades otorguen los papeles correspondientes. Sarkozy quiere evitar que los socios y vecinos le creen nuevos problemas en un asunto que ya explotó en Francia con la rebelión de los barrios periféricos de las grandes capitales. España se muestra ahora dispuesta a hacer todo lo contrario de lo que aprobó en su día en nombre de un buenismo sin sentido que sólo ha servido para agravar las cosas. Si las instituciones europeas adoptan un criterio común en contra de las regularizaciones masivas, todos daremos un paso en la buena dirección, aunque España llegue tarde. O es ninguna novedad que el oportunismo y la improvisación han guiado a Rodríguez Zapatero durante toda la legislatura. Pero a estas guías el jefe del Ejecutivo ha unido ahora otra que tampoco le es ajena, la confusión, al comunicar oficialmente a los diecisiete presidentes autonómicos y a los de Ceuta y Melilla el aplazamiento de una cita que en realidad nunca había convocado: la que debía ser la cuarta conferencia de presidentes. Desde un principio ABC ha mantenido que este tipo de citas no eran sino un artificio ideado a la mayor gloria de Zapatero para ganar protagonismo personal y fabricarse una imagen pública- -ficticia, vista la experiencia- -de único presidente de la democracia con la suficiente capacidad de diálogo para reunir bajo su arbitraje a todo el poder autonómico y para poner fin a la crispación territorial de la que el PSOE siempre culpó al PP Sin embargo, la evidencia demues. tra que más allá de haber concedido unas ayudas complementarias a las comunidades en gasto sanitario o en I+ D +i, esa crispación territorial no sólo no ha menguado, sino que ha crecido alarmantemente. A este meritorio haber, Zapatero debe sumar su desdén hacia el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera y su frivolidad a la hora de abordar cuestiones políticas de relieve, zanjándolas con una simple fotografía a la que sacar rentabilidad propagandística y electoralista. La no celebración de la cuarta conferencia autonómica demuestra asimismo que no era cierta la pretensión de Zapatero de institucionalizar estas citas, que por cierto fue el único acuerdo alcanzado en la primera de ellas. Lo relevante no es el aplazamiento de una conferencia innecesaria, sino indagar en los motivos de fondo de la suspensión. Moncloa ha alegado que para abordar las consecuencias del cambio climático- -era el orden del día previsto- -los acuerdos que pudieran adoptarse exigirían planificación a medio y largo plazo, dotaciones presupuestarias y decisiones de Gobierno Por eso, Zapatero cree que es el Ejecutivo que salga de las urnas quien debería convocar la cumbre. A esta explicación Moncloa ha unido la cancelación en el Senado del debate sobre el estado de las autonomías y la relegación de la discusión sobre la financiación autonómica. Pero realmente, los argumentos son tan pobres que hasta acreditan una preocupante falta de imaginación del Gobierno para excusarse. Algo semejante podría alegarse, por ejemplo, para aplazar otras iniciativas de mucho más calado y causantes de una honda fractura social y, sin embargo, Zapatero ha puesto un empeño especial en ellas despreciando el amplio rechazo que generan. Es el caso de la educación para la ciudadanía, la memoria histórica o, incluso, los propios presupuestos generales. En el fondo, Zapatero es consciente de que el nuevo desafío soberanista de Ibarretxe, el castigo presupuestario a Madrid, el favoritismo hacia Cataluña o Andalucía o los múltiples conflictos estatutarios están lastrando su gestión. Celebrar una conferencia autonómica habría sido, sin duda, la mejor escenificación de la grave tensión territorial, de la que el presidente es, si no el único, sí el máximo responsable. Y, como es lógico, no quiere más fotos de sus fracasos.