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24 ESPAÑA JUEVES 11 s 10 s 2007 ABC Edurne Uriarte La sentencia del 11- M se hará pública el día 31 y tendrá más de 600 folios El Egipcio podría ser trasladado de nuevo a Madrid para la lectura de la resolución NATI VILLANUEVA MADRID. La sentencia de los atentados del 11 de marzo en Madrid, que sin duda marcará un hito en la lucha contra el terrorismo internacional, ya tiene fecha. Su lectura se llevará a cabo el próximo día 31, a las once de la mañana, en el pabellón de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo, el mismo lugar en el que durante cinco meses se desarrolló la vista oral. Así lo anunció ayer la Sección Segunda de lo Penal en una providencia en la que se ordena citar a todas las partes personadas en el procedimiento así como a los 28 procesados, que ese día serán trasladados a las dependencias judiciales citadas. Será la primera vez desde que el juicio quedó visto para sentencia, el pasado 2 de julio, en que todos los acusados (18 de ellos en prisión y diez en libertad) vuelvan a coincidir. En el caso del presunto autor intelectual de la matanza, Rabei Osman El Egipcio quien cumple condena en Milán por pertenencia a organización terrorista, la Sala libra una comisión rogatoria a Italia para informar de la inminente notificación de la sentencia. Este procesado podría escuchar la lectura de la resolución bien por videoconferencia, bien en persona, para lo que sería necesario su traslado a Madrid al menos horas antes de que se produzca la lectura del fallo. Desde su ingreso en prisión en Italia esta sería la tercera vez que Osman pisa España: la primera fue en la fase de instrucción y la segunda, duran- SUCIA LA POLÍTICA a guerra sucia, el estadio superior de degradación de la lucha antiterrorista, tiene una prima lejana que no es una criminal pero sí bastante lamentable en cualquier familia democrática. Se llama política sucia y es ésa que consiste en que los líderes democráticos pueden decir una cosa y la contraria, mentir tantas veces como lo consideren oportuno o cambiar caprichosamente el estatus de los criminales a interlocutores y viceversa sin que los ciudadanos se escandalicen demasiado ni mucho menos los echen a patadas. Por las mismas razones que explican un rechazo a la guerra sucia menor del que pudiera esperarse, aquí y en otros países. Por su escasa confianza en la capacidad del Estado para derrotar democráticamente al terrorismo. Todo es así susceptible de ser admitido. Desde el propio crimen de Estado hacia las concesiones más antidemocráticas a los terroristas. Cualquier cosa, si me quita usted a ETA de encima. Zapatero ha sufrido un castigo muy benévolo por su negociación política debido a ese sector de los ciudadanos que admite la política sucia respecto al terrorismo. Para bastantes, lo que cuenta de las actas es su eficacia para lograr el acuerdo con ETA, no las concesiones realizadas. Y por lo mismo, el presidente puede afirmar con todo descaro que el Estado está fuerte para combatir al terrorismo, cuando aún no ha aclarado a los españoles que ésa, la del combate, sea su intención después de las elecciones. Más bien lo contrario. La política sucia explica también que Ibarretxe pueda afirmar tras cada atentado que los terroristas han cruzado una línea. Que el pederasta ha cometido 50 violaciones y ahora, con la 51, ha cruzado la línea. Y en la 52, en la 53, y así hasta que la negociación haya culminado con éxito, cruzando líneas con cada crimen, pasando de actor del conflicto vasco a desvariado por unas horas. Con el pederasta dispuesto a otro punto de inflexión y el lendakari a la enésima justificación del conflicto. La política sucia sirve ahora hasta a un juez, Garzón. El pederasta dejó de serlo entre la violación 40 y la 50. Ha recuperado la categoría en la violación 51. L Tercer viaje a España El tribunal del 11- M en una de las sesiones del juicio te la celebración del juicio. La sentencia de los atentados de Madrid constará de más de 600 folios, según señalaron fuentes jurídicas. De ellos, cerca de 200 estarán dedicados a los antecedentes de hecho, entre 70 y 80 a los hechos probados y 200 a los fundamentos jurídicos. Por último, otros dos centenares de folios aludirán a los lesionados en las explosiones de los trenes (1.841, según los datos oficiales que maneja la Fiscalía de la Audiencia Nacional) A las once de la mañana del día 31, y con el tribunal ya constituido, comenzará la lectura de la resolución, un trámite que durará cerca de una hora y al que está previsto que acudan, al igual que a las primeras sesiones del juicio, periodistas de todo el mundo. Esta lectura no sólo consis- POOL tirá en el fallo (las absoluciones o el desglose de las penas impuestas por delito a cada uno de los acusados) sino también en aspectos de la resolución que los magistrados entienden claves. Esta especie de resumen, de unos 10 folios, contendrá extractos tanto de los antecedentes de hecho, como de los hechos probados y de los fundamentos jurídicos de la sentencia. La Audiencia rechaza que la Fiscalía recurra ante el TS la excarcelación del violador de Valle Hebrón ABC BARCELONA. La Audiencia de Barcelona ha rechazado que la Fiscalía pueda presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la libertad de José Rodríguez Salvador, el violador de Valle Hebrón porque la ley no lo permite aunque le deja la puerta abierta para interponer recurso de queja ante el Alto Tribunal contra su decisión. Rodríguez salió de prisión el 22 de septiembre tras cumplir 16 de los 311 años que se le impusieron en 1994 por casi una veintena de violaciones, y después de que la Sección Quinta de la Audiencia rechazara tres peticiones de la Fiscalía para impedir la excarcelación del preso, pese al elevado riesgo de reincidencia. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Fiscalía ya ha hecho llegar su recurso de queja para que el Supremo decida si el licenciamiento definitivo del violador puede ser recurrido. El auto de la Sección Quinta de la Audiencia entiende que las pretensiones de las acusaciones son una especie de incidente provocado de manera un tanto artificial por ellas mismas, que pretenden, sin apoyo específico en la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en otra cualquiera, modificar el estatus penológico y punitivo del penado o, en su caso, intentar el recurso de casación ante el TS sin que la ley lo permita. Además, el auto señala que este caso tampoco supone un expediente de acumulación de condenas, que parece el mecanismo indirecto con el que se trata de forzar el presente recurso de casación ya que en este supuesto la ley sí permite su interposición. Según la Audiencia, se trata de un simple incidente extraprocesal para intentar conseguir que se modifique una liquidación de condena aprobada definitivamente en 1999