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22 ESPAÑA MIÉRCOLES 10 s 10 s 2007 ABC César Alonso de los Ríos J. R- G. Y LA MEMORIA HISTÓRICA ocialistas, comunistas, republicanos de izquierda, nacionalistas vascos y catalanes no acaban de entenderse en relación con la ley de la Memoria Histórica... Este ejercicio estúpidamente vengativo, ideado por ZP para ganar ideológica y culturalmente una guerra que perdió la izquierda hace sesenta y ocho años, vuelve a reproducir la división de la España roja. Así, Durán Lleida ¿podrá dar por buenos los asesinatos de religiosos ordenados por Companys? Y los periódicos de Barcelona ¿se atreverían a reproducir el artículo que publicó Josep Pla en Destino (el semanario de la Falange catalana) en el que evocó el sobrecogedor espectáculo de las columnas de humo que produjeron los incendios de las iglesias de siete pueblos del Bajo Ampurdán el 18 de julio del 36 y que él pudo contemplar desde las afueras de Palafrugell? Y Santiago Carrillo, en honor de la Memoria, ¿no debería publicar el texto de la carta (el texto digo, no una mera referencia) que dirigió a su padre en los últimos días de la guerra, en la que le acusaba de traición a la República por apoyar los planes entreguistas de Julián Besteiro? En estos días en los que el odio inspira la reconstrucción selectiva de una de las más bárbaras tragedias que ha podido sufrir nación alguna, quiero recordar a uno de los políticos más merecedores del respeto de todos los españoles por su aportación a la paz civil. Me refiero a Joaquín Ruiz- Giménez, afortunadamente vivo. De él, democristiano, salió la mitad de la oposición a un Régimen que él había defendido como necesario frente a la II República, y por cuya consolidación luchó como joven propagandista católico y después de la guerra como embajador en el Vaticano y como ministro de Educación Nacional... Sus Cuadernos para el Diálogo (sobre cuya aparición en el año 1963 tan sólo se publicó una reseña que escribí en el periódico El Norte de Castilla estuvieron marcados por el signo superador de la reconciliación nacional; justamente el contrario del que anima a ZP y su Ley de la Memoria Histórica. S Zapatero durante una reciente comparecencia pública REUTERS El PP denuncia que Zapatero se rodea de una corte faraónica de 656 asesores Según la oposición, el equipo del jefe del Ejecutivo ha aumentado 72 efectivos desde 2005 J. L. LORENTE MADRID. El debate presupuestario- -centrado esta semana en la comparecencia de casi un centenar de altos cargos en las diferentes comisiones del Congreso- -suele ser bastante tedioso. Pero siempre hay alguna perla que ameniza las largas sesiones. Esta vez, el dato llamativo lo dio a conocer el Grupo Popular, que denunció ayer que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dispone en la actualidad de más de seiscientos asesores. En concreto, el jefe del Ejecutivo cuenta a su servicio con un total de 656 funcionarios y personal de confianza, 72 efectivos más que en 2005, según señalaron los populares. Y eso que el PP ha descontado el personal del Alto Comisionado de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, que ha pasado a depender del Ministerio del Interior. Nos parece una barbaridad; es una estructura faraónica comentó la diputada del Grupo Popular Dolors Nadal durante la comparencia del subsecretario de Presidencia, Luis Herrero Juan, en la Comisión de Presupuestos de la Cámara. La parlamentaria del PP criticó con dureza a la Oficina Económica del presidente del Gobierno, cuya supresión defiende su partido. Tras recordar que el ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe achacó graves irregularidades en este órgano que implicaban directamente a Zapatero, Nadal reclamó conocer cuánto cuesta el auténtico shadow cabinet (gobierno en la sombra) que, a su juicio, se ha creado el presidente dentro del propio Ejecutivo. Herrero prefirió no debatir con la diputada del PP sobre el número de los asesores. Eso sí, hizo hincapié en el personal que se necesita para contestar con diligencia las decenas de miles de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno que se registran en el Congreso y en el Senado. Por otra parte, Nadal propuso introducir elementos de transparencia para concretar las atenciones de seguridad y protocolo que precisa la esposa del presidente del Gobierno cuando se desplaza al extranjero, habida cuenta de que no se trata de una ciudadana cualquiera El subsecretario de Presidencia se limitó a contestar que el Ejecutivo actual no hace nada que no hayan venido haciendo los Gobiernos anteriores. Camps se prepara para un dictamen desfavorable del TC sobre su Estatuto V. VILLAPLANA VALENCIA. La Generalitat Valenciana acatará sin resistencia las enmiendas que el Tribunal Constitucional (TC) imponga a la reforma del Estatuto cerrada con doble consenso de PP y PSOE y las Cortes Generales y el Parlamento valenciano. En la Generalitat esperan que el TC dé a conocer su dictamen durante esta semana (fecha que en el Tribunal consideran improbable) y que el mismo incluya rectificaciones sobre algunos aspectos del texto. No han trascendido los puntos en discusión, aunque en círculos legislativos valencianos se considera que podría ser el precepto sobre los recursos hídricos del Estatuto el protagonista de la disputa legal. El punto primero del artículo 17 de la carta autonómica remozada garantiza el derecho de los valencianos a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad para consumo humano y desarrollar sus actividades económicas y sociales de acuerdo con la Ley En todo caso, la Generalitat descarta plantear beligerancia contra el pronunciamiento del TC, dado que el presidente regional, Francisco Camps, está determinado a no realizar movimientos institucionales que contribuyan a incrementar la tensión territorial. Con todo, el Gobierno valenciano no oculta su disgusto con la posibilidad de que la resolución pueda servir para abrir el camino hacia procesos más controvertidos, como los cambios en el Estatuto catalán.