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ABC MIÉRCOLES 10- -10- -2007 Memoria Histórica s El Gobierno reabre las heridas ESPAÑA 21 Ley sin efecto jurídico Desde el punto de vista jurídico, el proyecto de ley de Memoria Histórica no supone ninguna novedad, según juristas consultados por ABC, que coinciden en que la única medida que tendría efecto es la nulidad de las sentencias del franquismo N. V. MADRID. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ya lo dijo ayer: Tenemos que esperar a que la ley de Memoria Histórica tenga cuerpo y sepamos exactamente qué es lo que dice Y es que por el momento todo es confusión en torno a este proyecto de ley, que arroja, según varios juristas consultados por ABC, más sombras que luces. Sostienen los expertos que el afán de algunos de no querer pagar el precio de darse un buen baño en la piscina les ha llevado a mojarse sólo los pies, y de ahí que el texto consensuado entre los grupos parlamentarios (salvo el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya) y que saldrá adelante por la regla de las mayorías, no suponga más que un reproche moral a las condenas del franquismo. En otras palabras: se ha pasado del todo (pretender declarar nulas en su conjunto las sentencias del franquismo) a la nada (revisión de las sentencias de forma individual) La primera opción es factible, pero su coste político es demasiado arriesgado; en la segunda, que ya existe, la nulidad es inviable salvo que se aporten nuevas pruebas. que aplicaron recientemente los magistrados del Tribunal Supremo para negarse a anular sentencias como la del consejo de guerra contra el anarquista Pellicer o contra el comunista Grimau. Es indudable, además, que en casos como éstos lo que pesa es la doctrina del Tribunal Constitucional. Hay que recordar, dicen, que la Carta Magna, que ya derogó toda la legislación del régimen anterior, no tiene efectos retroactivos con lo cual, y siendo la Constitución la principal fuente de Derecho del ordenamiento jurídico español, lo primero que se plantea a es un problema de legalidad ordinaria. El proyecto de ley de Memoria Histórica no está generando un verdadero título jurídico de rescisión o revisión penal de una condena, y ningún tribunal va a acordar el efecto anulatorio de una condena retrospectiva dicen. Cuestión distinta sería que los magistrados (las revisiones de condena se dirimen ante la Sala Militar del Tribunal Supremo) pudieran apoyarse en una LECr distinta a la actual que permitiera la posibilidad de anular las sentencias condenatorias dictadas a la luz de la legislación franquista. Pero este asunto en sí mismo supone un nuevo obstáculo al que hacer frente. ¿Con qué criterio se anulan unas sentencias y otras no si se tiene en cuenta que en este proyecto de ley no hay exclusión explícita al tipo de terrorismo del que se trate? ¿Se anularían también las sentencias dictadas contra miembros de ETA, FRAP o Grapo, por poner algunos ejemplos? se preguntan los juristas. Son leyes de corte político, que sobre el papel quedan muy bien, pero cuya aplicación es irreal Al final, sostienen, es un efecto político: se trata de condenar expresamente la legislación anterior transformando esa condena en un título procesal que no tiene sustento alguno. Lo más triste para estos expertos son las expectativas que este texto ha generado en todos aquellos que tienen unas aspiraciones legítimas de justicia para sus antepasados y que se van a encontrar con un via crucis judicial que ya se vaticinó desde ERC y que no les va a llevar a ningún sitio. Por eso, en este sentido, los juristas coinciden en emplazar al Gobierno a que declare nulas todas las sentencias del franquismo y a que, si está convencido de que todas ellas deben ser revisadas, inste a la Fiscalía a actuar de oficio (sin esperar a que lo hagan las familias a título particular) Expectativas truncadas ABC cer una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas por motivos inequívocamente políticos e ideológicos durante la Guerra Civil y la dictadura posterior. Además, el proyecto asume de manera expresa la condena del franquismo conteni- da en el informe de la Asamblea del Consejo de Europa- -firmado en París el 17 de marzo de 2006 y en la que se denunciaron graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1939 y 1975- -y no sólo, como en un principio quería el PSOE, la proposición no de ley que salió adelante en el Congreso en 2002. Doctrina del TC Tal y como está concebido el texto, lo único que pueden declarar los Tribunales es la ilegitimidad de las sentencias, no su nulidad, porque para ello sería necesario modificar, para empezar, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) la El proyecto de ley no aporta ninguna novedad, pues en la actualidad la Sala Militar del Tribunal Supremo puede anular condenas dictadas durante el franquismo cuando se aporten nuevas pruebas ABC. es ¿Le interesa la Ley de Memoria Histórica? Participe en abc. es