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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 10 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ETA CUMPLE LA AMENAZA DE BATASUNA S ÓLO la fortuna ha permitido a Gabriel Ginés, escolta de un concejal socialista de Galdácano y militante del PP en Zaragoza, sobrevivir al atentado con una bomba- lapa que explotó ayer en su vehículo. Nadie se puede llamar a engaño. Como reflejan los términos amenazantes que utiliza Pernando Barrena, contra quien la Justicia debería actuar de forma inmediata, Batasuna anuncia lo que va a venir y ETA cumple y ejecuta fríamente los planes. El vínculo entre los terroristas y su brazo político es tan evidente y manifiesto que cuesta trabajo creer que nadie- -y menos aún un Gobierno- -pueda ponerlo en duda más allá del oportunismo y de las conveniencias del momento. El volumen de pruebas acumuladas sobre la identidad entre ETA y Batasuna es abrumador en términos jurídicos y no ofrece duda alguna desde el punto de vista político. Los terroristas están dispuestos a matar, cuentan con la infraestructura necesaria y buscan el objetivo más fácil para sus crímenes infames. La dictadura del miedo no ha desaparecido del País Vasco, sino todo lo contrario: ETA sigue viva y activa, ha salido reforzada de la tregua y consigue reponerse a las detenciones de dirigentes y comandos. Las advertencias van muy en serio. Horas antes del atentado, el ministro del Interior anunciaba el refuerzo de las medidas de seguridad ante la Fiesta Nacional con especial atención a los actos que se celebrarán en Madrid. Es imprescindible que los ciudadanos sean conscientes de la situación para que los asesinos no se beneficien de la falta de tensión social ante unas amenazas que, por desgracia, muchas veces se traducen en realidades. El diálogo con ETA impulsado de forma irresponsa- ble por Rodríguez Zapatero no sólo es inaceptable en términos éticos y políticos, sino que resulta imposible por una razón elemental: los terroristas sólo conocen el lenguaje de las bombas y las pistolas. ETA quiere matar y ayer mismo estuvo a punto de conseguirlo. En todo caso, es seguro que lo seguirá intentando. Los terroristas se sienten fuertes cuando perciben las discrepancias entre los partidos democráticos. Hemos perdido tres años delegislatura por culpa deese mal llamado proceso de paz que ha terminado como era de prever. Ahora el Gobierno pretende recuperar el tiempo perdido y hasta los criterios judiciales se muestran más sensibles a unas razones de legalidad que siempre han estado muy claras. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo ha sido sin lugar a dudas la mejor respuesta de la España constitucional frente a los asesinos y sus secuaces. Sería muy deseable, por supuesto, volver a ese acuerdo sobre el fondo y la forma de la lucha contra ETA que produjo resultados muy positivos. Entre los muchos reproches que cabe hacer al presidente del Gobierno en esta decisiva materia figura en primer término la ruptura de la unidad de los demócratas, que acarrea notables consecuencias; entre ellas, el debilitamiento del movimiento social vasco y de la batalla de las ideas, que estaba ya ganada contra la violenciaterrorista. Bien está que haya rectificado, aunque faltan pruebas efectivas de la voluntad política real que preside esta nueva actitud del Ejecutivo. A este respecto, será determinante su postura sobre la ilegalización de ANV y la renuncia formal, definitiva e inequívoca a retomar en el futuro un diálogo que, a la vista está, siempre resulta inviable. De lo contrario, es irremediable que la opinión pública perciba un aire de oportunismo electoralista en el giro emprendido por Rodríguez Zapatero desde el anuncio del final del falso alto el fuego proclamado por la banda terrorista. ETA es consciente de su capacidad para desestabilizar cuando el sistema muestra alguna debilidad. Mientras el lendakari lanza su desafío al Estado y encuentra una respuesta tibia del Gobierno de la nación, y mientras algunos elementos antisistema atacan los símbolos de la unidad nacional sin que se produzca una reacción contundente, los terroristas saben que la ocasión resulta propicia para debilitar a la sociedad. Esta vez no han conseguidosu objetivo por causas ajenas asu voluntad, pero es evidente que están dispuestos a poner muertos sobre la mesa como dicen a veces en ese lenguaje repugnante que ofende los sentimientos más elementales de la dignidad humana. Un militante popular que trabaja como escolta de un concejal socialista es la víctima perfecta para quienes desprecian la vida y los derechos de las personas en nombre de su obsesión totalitaria. El objetivo es, una vez más, procurar una limpieza ideológicaen elPaís Vasco alquequieren verliberado deimpurezasconstitucionalistas creando unasensación de miedo que haga imposible la normalidad democrática. Se ha dicho muchas veces que esta es una situación insólita en pleno siglo XXI dentro de una España democrática. Lo más triste es que la política radicalmente equivocada que emprendió este Gobierno desde su acceso al poder ha debilitado los sólidos fundamentos morales, políticos y jurídicos que se habían establecidos para lograr la derrota definitiva de ETA. Aunque sea poco realista esperarlo, muchos ciudadanos están deseando que el Pacto Antiterrorista vuelva a ser el centro y eje de la lucha en favor de la España constitucional. LA MEMORIA CONTRA LA HISTORIA E L Congreso de los Diputados debatirá hoy las enmiendas que el PSOE y los grupos minoritarios han pactado para relanzar el proyecto de la llamada ley de memoria histórica Esta iniciativa se está prolongando desde hace más de un año y sus altibajos parlamentarios demuestran hasta qué punto no responde a una demanda social, sino a un propósito meramente revisionista de la izquierda española. En efecto, la ley de memoria histórica es, ante todo, la prueba irrefutable de cómo la actual clase dirigente de la izquierda- -desde el socialismo al comunismo- de consuno con sus socios nacionalistas, no habría sido capaz de participar en la Transición democrática de 1978. Con el espíritu de discordia y el resentimiento que animan esta ley, aquella ejemplar manifestación de responsabilidad colectiva que culminó en la Constitución actual no habría sido posible. Por eso, esta iniciativa va más allá de reparar las injusticias causadas en la Guerra Civil y en la dictadura franquista. Persigue, en primer lugar, desmantelar el consenso constituyente de 1978, despojarlo treinta años después de la generosidad que los españoles prodigaron unos con otros para enterrar un pasado de enfrentamientos que no empezó en 1936. Desde el comienzo de esta legislatura, la izquierda ha sostenido una política de revisión histórica para distanciarse de la Transición democrática y legitimarse a sí misma para sustituirla por la ruptura que, por lo visto, quieren sembrar treinta años después. El PSOE y sus aliados van a volver a manipular la potestad legislativa del Parlamento, transformada en una fábrica de normas legales que reflejan actitudes viscerales, sentimientos reaccionarios y voluntad de división. Se ha hecho así con leyes que afectan a los valores de la sociedad española y a su organización territorial, y ahora se va hacer, ni más ni menos, que con un pasado resucitado para enfrentar a los españoles entre sí. Este proyecto de ley es un despropósito jurídico que se embarca en un temerario juicio retrospectivo para declarar la ilegitimidad de tribunales, sanciones y normas de unos períodos históricos caprichosamente acotados en interés del propósito ideológico de sus promotores. Se trata de un proyecto legislativo cínico e hipócrita, porque se apela a los valores de la Transición para justificar la discordia que va a provocar y se propone como la sutura de heridas ya cerradas, pero que la izquierda se está encargando de reabrir con el mismo síndrome del bombero pirómano. Tanto quiere ser este proyecto un experimento del proceso constituyente que habría hecho la izquierda que incluso deroga normas que ya estaban derogadas por efecto de la Constitución y siembra la confusión suficiente para que no falten quienes puedan defender que el terrorismo practicado durante el régimen anterior realmente pretendió el restablecimiento de un régimen democrático en España. Ade- más, es un proyecto cobarde, hecho con mala conciencia, porque el PSOE, sabedor de los dislates jurídicos que contiene el texto, en vez de proponer directamente la nulidad de las sentencias dictadas por los órganos franquistas, está endosando a los tribunales de Justicia la decisión última sobre la revisión de condenas impuestas durante la dictadura, pues a los jueces corresponderá decidir qué efectos han de atribuirse a esa insólita declaración de ilegitimidad de las resoluciones tachadas de represoras Desde la instauración de la democracia, las víctimas republicanas de la Guerra Civil y de la represión posterior han sido progresivamente reconocidas y reparadas por gobiernos del PSOE y del PP sin necesi, dad de enmarcar esos actos de justicia histórica absolutamente necesarios en una ley que, como la que hoy se discute, exuda resentimiento y ansia de revancha por el resultado final de la Guerra Civil. Acabará el Gobierno provocando que la memoria histórica se active en todos los españoles, incluyendo los que quieran que este viaje al pasado no se agote en el 18 de julio de 1936, sino que se extienda a la persecución religiosa durante la II República, a la sublevación antidemocrática de la izquierda contra el Gobierno legítimo en 1934, al asesinato de Calvo- Sotelo y a los ataques a las libertades básicas, como la de expresión, de los que buena cuenta podría dar ABC, víctima del sectarismo de la izquierda desde los primeros días del régimen republicano.