Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN DOMINGO 7 s 10 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LÍMITES AL REFUGIO ELECTRÓNICO LOS ESPAÑOLES SIENTEN LA CRISIS A encuesta que hoy publica ABC muestra con rotundidad el cambio que se ha producido este verano en la percepción de la situación económica tras el estallido de la crisis de liquidez en los mercados internacionales. El porcentaje de españoles que cree que la situación económica es buena o muy buena ha caído del 55 por ciento en julio a tan sólo el 36 por ciento en octubre. Pero no es una caída pasajera, sino que los españoles, a diferencia de su Gobierno, que mantiene inalteradas sus previsiones de crecimiento, consideran que tendrá efectos duraderos. Las expectativas negativas sobre la evolución económica (27 por ciento) predominan sobre las positivas (19 por ciento) por primera vez en mucho tiempo. Estamos ante una caída brusca en las perspectivas económicas, según la encuesta, que se corresponde bien con otros datos más técnicos y producidos en fuentes oficiales, como el indicador de confianza del ICO publicado la semana pasada, que llega incluso a la valoración de la situación personal, que para el 25 por ciento de los entrevistados se ha deteriorado desde el verano. Pese al optimismo oficial y a la política del avestruz practicada por los responsables ministeriales, los españoles parecen mejor informados que su Gobierno, y sin duda tienen una opinión más acorde con la realidad que se va imponiendo en la coyuntura internacional y que, cabe recordar, ha obligado a todas las instituciones internacionales a rebajar sus previsiones de crecimiento, a la Reserva Federal norteamericana a bajar los tipos de interés y al BCE a posponer sine die su calendario de subidas anunciadas. Así pues, el 58 por ciento de los encuestados prevé que se deteriore su poder adquisitivo; el 36 por ciento, que aumente el paro, y el 44 por ciento, que empeoren las condiciones de acceso a una vivienda. No parece por tanto que las acusaciones de catastrofismo y tremendismo lanzadas hacia la oposición popular desde la vicepresidenta del Gobierno o el ministro Caldera hayan calado en la opinión pública, sino más bien al contrario. La mayoría de los españoles está L más de acuerdo con el diagnóstico de la crisis que ha realizado Rajoy (45 por ciento) que Zapatero (39 por ciento) a pesar del margen de credibilidad que tiene siempre un Gobierno en materia de previsiones. Es probablemente la constatación de que se está pinchando lo que los especialistas llaman el factor electoral de sentirse bien lo que explica tanto nerviosismo e hiperactividad legislativa en materia de gasto populista. Pero también aquí los españoles saben discernir y es abrumador el porcentaje de los que consideran las medidas recientes simplemente destinadas a captar votos: 69 por ciento en el caso de la ayuda por nacimiento, 67 por ciento en las ayudas al alquiler, 57 por ciento en el plan buco- dental y 52 por ciento en la rebaja del IRPF. Es pues probable que el Gobierno se encuentre con la desagradable sorpresa de que, después de vaciar las arcas del Estado en momentos en que convendría prudencia, como ha recomendado hasta el gobernador del Banco de España, otrora secretario de Estado del propio Solbes, los españoles se apunten, cojan su dinero y corran hacia otras opciones electorales. Mención especial merece la política de vivienda, pues el Ejecutivo la había definido como prioritaria al tomar posesión, la ha rectificado a los tres cuartos de la legislatura con alevosía y algo de plagio tras su estrepitoso fracaso, la ha publicitado con ceremonial de presidente de Gobierno y los españoles siguen sin creérsela. El precio de la vivienda es ya el segundo problema de España tras el terrorismo, la principal preocupación para los menores de 35 años, y casi la mitad de los encuestados cree que sólo puede empeorar. En definitiva, la encuesta dibuja un panorama muy preocupante para la credibilidad de la política económica. Los españoles tienen claro que el ciclo ha cambiado este verano, que hay grandes posibilidades de que las cosas se compliquen seriamente, y no ven al frente del Gobierno a una persona o un equipo serio, responsable y con las ideas claras. Sólo ven miopía y electoralismo. Toda una oportunidad para una alternativa de Gobierno. ADVERTENCIA EN CANARIAS L presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, se ha tomado en serio los movimientos de reorganización depequeños grupos independentistas en las Islas Canarias. Su presencia política es tan ínfima como sus resultados electorales- -ni un diputado, niun concejal, ni un representante- -y tienen en contra la indiferencia prácticamenteunánime de la sociedad canaria, en la que no hay problemas de identidad, porque el nacionalismo no los plantea, ni disputas por los símbolos nacionales, pues la bandera española ondea en todos los edificios. Sin embargo, tengan más o menos viabilidad estas minúsculas manifestaciones nacionalistas, lo cierto es que se está formando un clima propicio a la difusión de mensajes extremistas, entre los que pueden estar los que postulen la independencia deCanariascomo supuesta reacción a unapolítica de abandono hacia las islas. Puro victimismo que, sin embargo, no debería ser la excusa para despreciar el efecto que produce el problema migratorio, tan presente en la vida de la sociedad canaria yquetanto poneapruebala relación delEstado con esta comunidad, tanto en eficacia administrativa como en pura solidaridad entre las regiones. También influye la polémica sobre las reformas estatutarias, culminadas en otras comunidades, pero bloqueadas en la canaria, lo que se une al sentimiento deagraviopor el trato privilegiado quehan recibido Cataluña y Andalucía en los presupuestos del Estado. E Una visión victimista e irracional de estos problemas- -que tampoco son exclusivos de las Islas Canarias- junto con el factor insular, son las causas de este mínimo repunte independentista, cuya importancia no es cuantitativa, en absoluto, sino como indicio novedoso, después de un largo tiempo de ausencia total de noticias sobre el independentismo canario, desde que su histórico- -y solitario- -líder, Antonio Cubillo, pusiera fin a las actividades del Mpaiac (Movimiento para la autonomía e independencia del archipiélago canario) Su proyecto de Constitución para la República Federal Canaria es, simplemente, un patético producto de ignorancia histórica y de lamentable desconocimiento de la realidad de su propia comunidad. Ahora, grupos como el Congreso Nacional Canario pretenden reverdecer el nunca exitoso soberanismo de las islas. La financiación de estos grupos debería ser objeto de un control estricto, porque la desestabilización de Canarias no ha dejado de ser un factor en la agenda de países vecinos. Comparado con los soberanismos vasco, catalán o gallego, no hay motivos para preocuparse por el independentismo canario, pero ya está lanzado desde el Gobierno insular el aviso de que ciertas políticas erróneas sobre inmigración, el modelo de Estado, la identidad nacional o sus símbolos son caldo de cultivo para efectos indeseables. L Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la ley que elimina el anonimato en las líneas prepago del teléfono móvil. Es llamativo el consenso alcanzado en la Cámara, puesto que no se registraron votos en contra y sólo hubo siete abstenciones frente a una mayoría abrumadora. A partir de ahora, la Policía podrá conocer la identidad de los usuarios de más de dieciséis millones de líneas cuando sea necesario para la persecución de los delitos. Como se ha dicho en términos muy expresivos, es el final del refugio electrónico para cierto tipo de delincuentes. Se produce así una notable mejora de la eficacia policial en la lucha contra el terrorismo. La masacre del 11- M se vio facilitada por operaciones a través de telefonía móvil, lo mismo que el 7- J en Londres y otros atentados. Fue entonces cuando los ministros del Interior de la Unión Europea cayeron en la cuenta de que era imprescindible poner límites a un secreto que no sólo beneficia a los terroristas, sino también a quienes trafican con drogas o pornografía infantil. La nueva ley incorpora una enmienda introducida por el Senado en virtud de la cual los operadores deben ceder los datos conservados en condiciones que identifiquen a las personas. Además, estos datos deben ser conservados mientras no se haya producido la prescripción de las infracciones. Son, en definitiva, medidas razonables, sometidas siempre- -como es propio del Estado de Derecho- -al control de los jueces y tribunales. La democracia constitucional no puede permitir que los derechos y libertades se utilicen para cometer crímenes a gran escala. De ahí que la búsqueda de un equilibrio entre la libertad y la seguridad sea un objetivo imprescindible, que se agudiza en la época de la globalización y del terrorismo con dimensión universal. Es lícito que se otorguen a las Fuerzas de Seguridad nuevos instrumentos siempre que se respeten los principios básicos del Estado de Derecho, como ocurre en este caso, al sujetar las medidas de control a lo dispuesto por la ley de Protección de Datos Personales. La superioridad ética y política de la sociedad libre se manifiesta precisamente en el debate público de las leyes y en el equilibrio y la independencia de los poderes llamados a aplicarlas. Los países europeos son ya conscientes de que es imprescindible no dar facilidades a quienes pretenden acabar con la vida y la libertad de todos. Los próximos pasos han de orientarse hacia la lucha contra nuevas formas de delincuencia practicadas a través de la red, en particular los chats y otros medios similares. En efecto, el secreto de las comunicaciones en pleno siglo XXI no puede referirse sólo a las de carácter postal, telefónico o telegráfico, sino que alcanza también a las nuevas fórmulas que están ya plenamente incorporadas a la vida cotidiana. La defensa de los derechos básicos y la lucha contra el crimen organizado exigen que los Estados sepan dotarse de medidas adecuadas de protección. E