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ABC LUNES 1- -10- -2007 Joaquín Sorolla regresa a Valencia para exponer sus Visiones de España 67 Stemm era más expeditivo en presencia del embajador MADRID. Según las fuentes consultadas por ABC, durante las reuniones con autoridades españolas, Greg Stemm se mostró mucho más expeditivo en sus intervenciones cuando estaba presente el embajador británico. Tal vez influido por la resolución con la que el enviado diplomático defendía el cumplimiento del contrato que su Gobierno había firmado con los cazatesoros, un contrato que los propios arqueólogos británicos lamentaron como llevar la arqueología británica a aguas muy oscuras y como un preocupante precedente ante la Unesco. La actitud de Stemm contrastaba con su proverbial calma y educación cuando se encontró sin la presión británica ante interlocutores oficiales españoles, como ocurrió poco antes del hallazgo del tesoro, al presentar el último documento ante la Junta. En la célebre reunión referida en estas páginas, Stemm lucía un discreto jersey negro de cuello alto, un poco a lo Cary Grant en Atrapa a ese ladrón de Hitchcock. El caso es que el pasado 9 de abril, OME puso dos interdictos para solicitar exclusividad en dos pecios. Uno, hallado el 31 de enero en aguas sardas (para lo que aportó una taza de te al juzgado) y otro, en el Atlántico en marzo, a 100 millas al oeste de Gibraltar (para lo que entregó un bloque de bronce) En ambas fechas, el barco Odyssey Explorer que opera con el robot submarino Zeus estaba en la costa mediterránea española. El 13 de septiembre de 2006 había hecho lo mismo con el pecio de Cornualles, y entregó un trozo de vidrio. Lo malo de esta historia es que ellos tienen las pruebas de cargo y ninguna defensa será efectiva mientras no las muestren. HAY QUE REVISAR LAS LEYES DE PATRIMONIO Deberían tener cualificación de delito las actividades que sólo tienen sentido para posibilitar el expolio Estado, previa licencia que se atribuiría, necesariamente, sobre bases objetivas y con los debidos controles, pero sin esperar a que todo dependa de que una Administración eche sus cuentas del coste de oportunidad de no haberlo hecho por ella antes. Preconstitucionalmente podía haber un atavismo al control político de la Historia; hoy la norma debe garantizar el criterio técnico sobre el político: eso es progreso. Entiendo que la comprensión penal de los delitos de daños al patrimonio histórico merece también una revisión. Se hace necesaria la configuración del delito de riesgo como tipo específico. Es incomprensible que carezca de la cualificación de delito actividades que sólo tienen sentido para posibilitar el expolio o el daño de un yacimiento; me refiero a la exploración con sónar de barrido lateral o altas tecnologías de detección por personas o empresas dedicadas a la comercialización de bienes arqueológicos. La exploración comercial debería entenderse como delito de riesgo, sin esperar a que la empresa acabe perfeccionando el expolio. Asimismo una colaboración interadministrativa amplia y flexible debe preservar un espacio para la sociedad civil; el derecho a la participación dela financiación privada o de centros de investigación ebe estar prevista en la norma garantizando el bien público, y respetando que los hallazgos permanezcan preferentemente en el territorio donde fueron hallados. Finalmente, en relación con el destino de los bienes uniformes, como las monedas, etc. nada hay que obstaculice darle un tratamiento que respete la vinculación histórica de su origen. El hallazgo de cien mil monedas idénticas supondría un sinsentido mantenerlo en una urna de un mismo museo; en cambio, compartir ese patrimonio con las naciones hermanas con las que está vinculado; es decir, verificar un sistema por el que se entienda como patrimonio común un patrimonio que no es, ni será comercial, insisto, que no es oro ni plata, sino restos arqueológicos que no podemos vender y que por su destino sin un bien de toda la humanidad. José María Lancho Abogado Imagen del sonar de barrido lateral que OME afirma que corresponde al HMS Sussex hemente y poco adecuada insisten las fuentes. Sólo un mes antes, el 10 de enero, la Guardia Civil obliga al Odyssey Explorer a abandonar nuestras aguas y requiere al capitán del barco, Keith Herron, para declarar ante el juez de La Línea sobre sus actividades ilegales. La no comparecencia provocó la denuncia de desobediencia que pesa sobre él y así OME decidió cambiar de capitán. El embajador británico, según OME, también indicó que Londres no cree que se haya infringido la ley. Poco después, la Embajada británica- -y no OME- -remite el 30 de marzo el Proyecto mar de Alborán a la Junta andaluza. Y como la Junta se niega a aprobarlo entonces, porque no lo considera arqueológico, la Embajada remite el proyecto mejorado- -insuficientemente- -el 6 de junio, y acude a otra reunión en Sevilla el 29 de agosto. Tanto esfuerzo revela cuál fue siempre su interés en el asunto. Por si fuera poco, el ministro británico para Europa, Geoff Hoon, también intervino, escribiendo una carta al presidente andaluz, Manuel Chaves, con fecha 6 de octubre de 2006. En ella vuelve a salir el tema de las aguas jurisdiccionales, puesto que Hoon propone que el asunto se deje a un lado respetando la discrepancia con vistas a resolver el problema con Oydessey Pero mientras levanta la primera amenaza, según OME, el ministro afirma que si continúa el proceso contra el fugado capitán la situación se complicará. Más claro, agua. Después de tanta presión, muy pocos meses después, Odyssey anuncia en Florida la llegada de su tesoro desde Gibraltar. El Ministerio de Exteriores español comprendió- -aunque tarde- -la poca lealtad de su aliado británico, que no le había informado de las actividades de los barcos de OME en el puerto militar de la Roca, ni de la salida de material excavado sin permiso, muy probablemente, en un pecio español. Ni que decir tiene que las relaciones hispano- británicas sufrieron entonces grandes tensiones. Por ello, el asunto se llevaba al más alto nivel. La presión es tan fuerte que la Embajada británica se desmarca del tesoro el 22 de mayo pasado, cinco días después del anuncio de su existencia. Y aumentó más tarde, cuando Exteriores la obliga a corregir una nota de prensa en la que afirmaba que España conocía el otro acuerdo de Londres con los cazatesoros que les permitía aprovisionarse y descargar, en virtud del cual las monedas llegaron al aeropuerto de uso compartido de Gibraltar. ...Y el ministro para Europa Presión diplomática española i algo ha venido a demostrar el caso Odyssey es el agotamiento de un modelo normativo y el modelo subyacente de política cultural, en relación al patrimonio histórico. Ahora sabemos que la inflacion normativa es inútil, que las numerosas normas han sido inoperantes, y seguirán siéndolo si no existe no sólo la voluntad de aplicar la ley, sino de permitir que la opinión técnica de dentro y fuera de la Administración se imponga a las concepciones políticas de un caso. Una sola empresa, Odyssey Marine, se ha bastado para llevar a una crisis decisiva la estructura normativa de la protección del patrimonio histórico en España. ¿Cómo ha sido posible? La inactividad arqueológica es un espacio que se acaba llenando por quienes resultan menos idóneos: cazatesoros, expoliadores y saqueadores, pero también lo es la descoordinación. Es cierto que la Constitución no planteó expresamente el principio de colaboración entre Administraciones públicas, pero el Constitucional lo dió por implícito desde el año 1982. Sin duda obvio, no obstante, después de 20 años buena parte del impulso de nuestra sociedad para la protección del patrimonio procede de una estructura legalmente fragmentada por criterios no siempre técnicos y que, muchas veces, resultan ajenos a la cuestión histórica fundamental. Por eso no resulta asumible que los fines públicos y la potencialidad técnica de las Administraciones resulten obstaculizados por una indeterminación competencial o el humor presupuestario del momento. Desde una adecuada reforma que aproveche la reciente experiencia, deberían nacer los planeamientos arqueológicos, siendo cualquier institución con capacidad técnica y económica la que pudiera promover una actividad arqueológica en cualquier territorio del S